LA MANIFESTACIÓN DE LA DIAGONAL
Artículo
de C. Mudarra en “Voto
en Blanco” del 23 de julio de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
El
Presidente de la Generalidad aparece indignado por la sentencia del Alto el
Tribunal que se ha atrevido a enmendar una norma aprobada contra la legalidad
constitucional. Es gravísima la decisión del hombrecete
este de Iznajar (Córdoba) de convocar una
manifestación contra la sentencia del TC, aceptando las proclamas
independentistas de otros y desechando la bandera nacional. Es inaceptable que
Montilla asuma el derecho a decidir el principio de autodeterminación rechazado
por la sentencia y negado por la Constitución Española. Y más grave aún, que ZP
y su Gobierno permitan este atropello y que intenten validar mediante decreto
los artículos rechazados.
La Generalidad y los grupúsculos nacionalistas que la acompañan exhiben su
conocida irresponsabilidad en sus discrepancias con la sentencia y en su
actuación que desbordan el cauce del Estatuto y de la Constitución. Viendo el
comportamiento de esa clase política se comprende por qué Cataluña nunca ha
llegado a ser una Nación. El texto definitivo de la sentencia resalta el
recorte del contenido del Estatuto en aquellos aspectos que concedían a
Cataluña potestades de autogobierno en ese federalismo asimétrico que inspiró
su redacción; carece de todo valor jurídico y de la más mínima coherencia
constitucional alegar que el Tribunal presidido por la Señora E. Casas debía
haber renunciado a pronunciarse sobre una norma refrendada. Las Instituciones
de la Generalidad tienen la obligación de garantizar y asegurar el cumplimiento
de la legalidad vigente; la ilegalidad no se puede admitir porque la vote un
millón ni la apruebe un parlamento ni dos; ni porque ZP prometiera a los
catalanes que les concedería lo que aprobasen y pidiesen. Es una impostura no
acatar le sentencia pronunciada por el Supremo Interprete de la Constitución y
no valen atajos ni artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales
confirmados por el TC; resulta inadmisible alentar un conflicto de
legitimidades en torno a una ley orgánica.
El Gobierno de ZP puso en marcha un proceso de reforma constitucional
encubierta que muestra sus secuelas en estas actitudes radicales y en el
deterioro de las instituciones. Hay que cumplir las leyes y las normas y no
tiene justificación la protesta, que reclama el incumplimiento de la sentencia
y deslegitima al Alto Tribunal. El millón de manifestantes forman parte de ese
tejido social que vive de las subvenciones públicas y paga en especie la deuda
contraída con los partidos que controlan las instituciones; son sectores
políticos muy concretos que suscitan la rebelión, a sabiendas de que allí hay
otros cinco millones de habitantes que silenciosos no salieron a la Diagonal;
la movilización de ayer se interpreta como el hecho social capaz de anular la
sentencia y la propia autoridad del TC; es sólo expresión abierta de la
disconformidad. Los catalanes movidos y manipulados por esos politiquillos
nacionalistas y soberanistas pueden protestar y agitarse, pero los puntos
sagrados y fundamentales: la unidad nacional, la prioridad jurídica y el orden
legislativo, quedan y deben quedar a salvo.
Personajillos
del neosocialismo carentes de argumentos ante la
ilegalidad del Estatuto, confusos y confundidos creen que discrepar con ellos
es atacar el Estado de Derecho y estar en continua actitud de confrontación. El
PSOE, oportunista, ante su fracaso, propala la derrota del PP y sólo sabe echar
le la culpa de todos los males. Maniatado por sus errores y por su minoría
parlamentaria el socialismo es zarandeado prisionero de su inepcia; el PP, que,
desde el principio ha denunciado la inconstitucionalidad del Estatuto, ha
logrado que se enderecen y reformen cuarenta y tantos artículos y de no ser por
ello, posiblemente, hoy no existiría la Unidad de España.