EN
CUATRO AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS SE IMPIDE ESTUDIAR EN ESPAÑOL
FORO DE DEBATE CONTRA LA IMPOSICION LINGÜISTICA en “El Mundo” del 18 de mayo de 2008
Por su interés y relevancia he seleccionado el reportaje
que sigue para incluirlo en este sitio web.
El País Vasco se sumará en septiembre al modelo de
inmersión de Cataluña, Galicia y Baleares
LIDERAN DIVERSAS PLATAFORMAS EN EL PAIS VASCO, GALICIA, CATALUÑA Y BALEARES EN
DEFENSA DE LA COOFICIALIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS LENGUAS. EN SUS COMUNIDADES,
LAS LEYES Y DECRETOS SOBRE INMERSION LINGÜISTICA IMPIDEN QUE EL CASTELLANO SE
HABLE EN LAS AULAS
MADRID.- Que unos
padres quieran que sus hijos estudien en castellano cuando ésa es la lengua
oficial del Estado es una perogrullada. Pero en cuatro comunidades autónomas
-Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco- o es imposible encontrar un colegio
en el que la enseñanza sea en castellano o es harto improbable.
En las tres primeras,
los sistemas de inmersión lingüística se aprobaron hace más de una década y han
desterrado el español de las aulas. En el País Vasco, donde el sistema de tres
modelos lingüísticos fue elogiado en principio, el reciente decretazo del
lehendakari fija ahora unos niveles mínimos de euskara al terminar la
Secundaria que ha propiciado que los pocos colegios que mantenían el modelo de
enseñanza en castellano lo estén eliminando de sus opciones.
Los cuatro invitados
presiden diversos movimientos cívicos que aglutinan a miles de padres: Pablo
Gay-Pobes, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, en el País
Vasco; Gloria Lago, Galicía Bilingüe; Marita Rodríguez, la Asociación por la Tolerancia,
en Cataluña; y Jorge Campos, el Círculo Balear.
Todos ellos no sólo
luchan contra esta realidad en sus respectivas comunidades, sino que hacen
frente a la estigmatización política y social que les está acarreando defender
un derecho constitucional. Esta semana dieron cuenta de esta lucha imposible en
el Foro de Debate de EL MUNDO.
«Aunque parezca
mentira, los ciudadanos de a pie hemos tenido que organizarnos para reclamar
algo tan elemental como que nuestros hijos puedan estudiar en su lengua materna,
siendo esta lengua, además, oficial en todo el Estado. Y reclamamos también que
la administración reconozca que el español es lengua oficial». Esta es la
reivindicación de Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe.
Insisten en que no
están contra el gallego ni contra el catalán ni contra el euskara. Sólo quieren
que los poderes públicos respeten la cooficialidad, que dichas lenguas no sean
impuestas ni sean causa de exclusión social y laboral, y que permitan a sus
hijos estudiar en una de las dos lenguas o en las dos; es decir, que se pueda
elegir.
Su lucha, propia de
otros tiempos, les ha hecho intervenir en política, aunque, independientes,
rechazan la vinculación con cualquier partido. Los que se creen enemigos suyos,
los poderes públicos y los partidos nacionalistas, les vinculan al PP para
deslegitimar los principios universales y desideologizados de su
reivindicación.
Pero, por ejemplo, en
Galicia y Baleares, el origen de la actual discriminación se sitúa en leyes
hechas por el PP en los años 80. Ahora, en estas dos comunidades, con los
socialistas en el poder -apoyados por los nacionalistas en Galicia y por varios
partidos minoritarios como ERC y Unió Mallorquina en Baleares-, la situación ha
empeorado. En Cataluña, aunque la Generalitat la ocupa el PSE -junto a ERC e
ICV-, la inmersión lingüística a partir de los siete años llega heredada de los
gobiernos de CiU. En el País Vasco, las normas -las más respetuosas con el
castellano en un principio- vienen de Gobiernos nacionalistas.
Los representantes de
Baleares, Cataluña y Galicia elogian el sistema vasco de libre elección fijado
por la Ley de Escuela Pública en 1993. Pero el representante de Euskadi
denuncia que el Gobierno vasco ha aprobado, por decreto, sin pasar por el
Parlamento vasco, que la lengua vehicular de la escuela debe ser el euskara,
así que las pocas plazas del modelo de enseñanza en castellano que quedaban se
han evaporado de cara al curso que viene.
Casimiro
García-Abadillo.- Cuando se le pregunta a los políticos, ellos dicen «bueno, el
problema es que no hay demanda. Nadie pide que se enseñe en castellano».
Entonces, yo quiero que me expliquen ¿dónde está el truco? ¿Cómo es posible
que, ante una situación como la que estáis describiendo, que realmente es
tremenda, la gente no esté pidiendo que se enseñe en castellano y se permita a
los políticos decir que, si no hay demanda, cómo va a haber oferta?
Gloria Lago.-
Nosotros, en Galicia, hemos realizado una encuesta en la que el 80% está a
favor de que los padres y los alumnos puedan elegir el modelo lingüístico en el
que estudian. Sólo un 12% de los gallegos encuestados están de acuerdo con que
las señalizaciones estén sólo en gallego. Y el 87% está de acuerdo con que se
pueda recibir enseñanza en castellano en toda España.
Pedro J. Ramírez.- En
Mallorca, hay una encuesta que dice casi lo mismo...
Jorge Campos.- Los
datos son espectaculares porque, además, se hizo sobre un universo de 1.000
llamadas, que es muchísimo para el ámbito de Mallorca. El 82'2% se muestra
favorable a la libre elección de la lengua en la educación. Pero el aspecto más
significativo es que un 87'5% de los simpatizantes de Unión Mallorquina está a
favor de poder elegir; también un 81% de los del PSOE y un 70'6% de los de
Izquierda Unida. Entonces, demanda social sí que hay. Por otro lado, los
funcionarios públicos también presentan sus quejas. Yo tengo aquí una,
presentada por un ciudadano al Defensor del Pueblo hace poco porque le están
obligando a redactar todos sus informes exclusivamente en catalán. Entonces, sí
hay una realidad social y hay una demanda. El problema es que los políticos
eluden estas situaciones y van por otro lado.
Marita Rodríguez.-
Nosotros no hemos tenido dinero para hacer una encuesta en serio. Pero sí hemos
hecho encuestas telefónicas preguntando que, si hubiera posibilidad de optar
por una educación bilingüe, en castellano o en catalán, por cuál se decantaría.
Y la mayoría -aunque no tiene rigor científico- se decantaba por el modelo
bilingüe; una minoría por el catalán y otra minoría, más pequeña, por el
castellano. La demanda existe, seguro, pero la gente no va a violentarse y a
enfrentarse con lo establecido.
Pablo Gay-Pobes.- En
el País Vasco, es verdad que el Departamento de Educación está argumentando que
uno de los motivos por los que no se oferta el modelo A, que es en castellano
con una asignatura de Euskara, es precisamente la falta de demanda.
Frente a eso,
nosotros hemos contestado básicamente con tres argumentaciones. La primera, que
el Gobierno vasco no ha hecho ningún estudio de demanda que lo acredite. La
segunda, que la realidad sociolingüística es que el 95% de los ciudadanos de
Vitoria, una población de 220.000 habitantes, es castellanohablante.
Lógicamente, la demanda potencial es superior a la realidad, que es que sólo
hay 200 plazas de enseñanza en castellano en esta ciudad para el curso que
viene. Eso no es adecuar la oferta a la demanda, y tampoco a la voluntad de los
padres. El tercer argumento es que la carga de la prueba de que no existe
demanda debería acreditarla el Gobierno vasco.
Nosotros denunciamos
un centro educativo en concreto, que el año pasado tenía cubierta absolutamente
la demanda del modelo A (es decir, en castellano) y este año lo ha cerrado y
ofrece el modelo B (castellano y euskara). Bueno, pues presentamos al
Departamento de Educación, al propio centro, y a la Alta Inspección un acta de
manifestaciones notarial, en el que 24 padres de familia pedían poder
escolarizar a sus hijos en castellano. ¿Cuál ha sido la respuesta? De la Alta
Inspección, nada. Del Gobierno de Educación, nada. Y del centro, un titular de
periódico que dice: 'Si un centro está financiado por Educación, debe aceptar
sus órdenes también en temas lingüísticos'.
Esa es la realidad.
Se trata de la prestación de un servicio público y no se está prestando. Se
está interviniendo en un mercado que no es libre. Es decir, si el mercado
educativo fuese libre, la oferta educativa sería básicamente en castellano. El
problema es que interviene la Administración, vía subvención. Nosotros estamos
estudiando la posibilidad de trasladar esta denuncia a la Comisión Europea,
porque entendemos que es un tema de ayudas de Estado. Así de claro. Se está
interviniendo lo que sería un mercado libre; y además con nuestro dinero.
Estamos ante la imagen del ahorcado al que le hacen tejer su propia soga.
Pedro J. Ramírez. -
Decís que vais a llevar la UE el tema de las subvenciones. ¿Hay otras
iniciativas de elevar a instancias internacionales la denuncia de lo que está
ocurriendo en cada uno de vuestros lugares? Probablemente sea la única vía de
conseguir que el Gobierno de Zapatero reaccione...
Gloria Lago.- El
problema es que las lenguas a proteger son las lenguas minoritarias. España
firmó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, la ratificó en los
mismos términos que el Reino Unido, por ejemplo... Pero, claro, se hacen textos
jurídicos para proteger los derechos de los hablantes de lenguas minoritarias
porque se supone que el Estado ya garantiza los derechos de los hablantes en
lenguas mayoritarias... Pero es que aquí no se da el caso. Aquí es un absurdo.
Pablo Gay-Pobes.-
Nosotros hemos planteado la vía de la Comisión Europea para denuncia la
intervención en el mercado educativo. Pero, además, sí es cierto que habría que
plantear una queja al Parlamento, ante su Comisión de Quejas o ante la de
Derechos Humanos. Pero hay que ser cuidadosos; nosotros no queremos presentar
un problema entre españoles. Tenemos que conseguir que sea una reivindicación
que enarbolen los propios parlamentarios europeos; que vean el problema, se
sensibilicen y sean ellos quienes amonesten al Gobierno español.
Pedro J. Ramírez. -
¿Y vais a ir juntos en esta línea?
Jorge Campos.-
Tendremos más fuerza yendo todos juntos, planteando el problema que está
presente en estas comunidades autónomas y en el conjunto de España. Además, se
puede compaginar esta acción -llamémosla europea, o internacional, si se
quiere-, con acciones en cada comunidad autónoma. En el caso de Baleares,
habría que derogar en el Parlamento el decreto de mínimos del uso del catalán.
Y después sería muy favorable que el Estado recuperara la competencia de
Educación y formara una base educativa nacional para que todos tengamos la
misma calidad y la misma oportunidad educativa.
Pedro J. Ramírez. -
¿Sería ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo?
Marita Rodríguez. -
La Comisión de Peticiones ya la exploramos nosotros, en Cataluña, y no hubo
nada que hacer. Nos desplazamos allí y no hicieron nada. Se metieron los
nacionalistas por medio y dijeron que no era competencia de ellos. Pero hay que
seguir insistiendo porque, si uno tira la toalla, iremos a peor. Y a quien
denunciamos es al Gobierno español porque es el único que es reconocido en
estos organismos. La última vez que mandaron a sus representantes hicieron una
defensa del modelo lingüístico catalán increíble. Vamos, que era una maravilla,
que la queja venía de personas radicales que desquiciaban el tema...
Pero hay que seguir.
Se podrían llevar casos ya desesperados, como el de la logopedia en catalán.
Hay niños que son sordos de nacimiento y ni siquiera ahí hacen una excepción.
Saben que, si no se les proporciona la logopedia en la lengua familiar, esos
niños nunca consiguen verbalizar. Pues les da igual. Tenemos dos casos, de dos
hermanos, cuyos padres han pasado un calvario porque a todas las puertas que
llamaron les dijeron: «Oigan, pues estamos en Cataluña; si no les gusta,
váyanse de la Comunidad».
Gloria Lago. - Pues
que no vengan a Galicia porque ayer una madre nos contó el mismo caso.
Jorge Campos. - Al
margen de recurrir a instancias europeas, está claro que esto es un problema
político. Es un problema, no sólo creado por los políticos que gobiernan, sino
un problema puramente político. Y la solución está en que un partido
mayoritario se haga eco de lo que la sociedad civil quiera y responda a las
encuestas. Los que provocaron el problema pueden solucionarlo derogando una
serie de leyes, porque lo que está en juego es la democracia y el futuro de las
próximas generaciones.
Arcadi Espada. - Yo
discrepo de que sea un problema político. Es un problema intelectual porque en
el fondo de la cuestión está nada más que el prestigio que todos hemos dado a
las lenguas como signos de identidad. Y eso lo hizo la derecha, en el
franquismo, y ahora lo hacen la izquierda y los nacionalismos. Por lo tanto,
eso viene de ahí, del error grave de considerar que la lengua es signo de
identidad de algo.
Jorge Campos. -
Tampoco es así exactamente. Cuando en 1980 se reunieron 800 personas en un
congreso de lenguas románicas para hablar del tema de la normalización
lingüística en Baleares, 760 se mostraron contrarios a políticas de ese tipo. Y
todos eran intelectuales, filólogos, lingüistas, especialistas en lenguas
romances... Además, yo digo que es un problema político porque el Gobierno,
como principio democrático, tiene que estar de acuerdo con lo que diga la
sociedad, no con lo que digan cuatro intelectuales bien subvencionados.
Nosotros tenemos los datos de todos aquellos que, después, han tenido cargos
muy importantes en el Gobierno balear.
Gloria Lago. -
Además, hay un aspecto que no hemos comentado y que a mí me preocupa mucho. Y
es cómo se está adoctrinando a los chicos. Ahí tenemos un gran problema en
Galicia. Lo hemos comprobado cuando hemos empezado a trabajar con esta
asociación. Hemos sido insultados, amenazados... Creo que sí podríamos buscar
amparo en Europa porque se está fomentando odio en los chicos. El mensaje
machacón de que la lengua española es una lengua invasora, una lengua que
usurpa, una lengua que avasalla, crea en los chicos una sensación de que, por
hablar castellano, están haciendo cierto daño a su comunidad. Si un niño dice
«hablo español», le llaman «facha» y le pintan la mesa.
Recuerdo unas declaraciones
del presidente Touriño, que es castellanoparlante normalmente, en las que decía
que el gallego viene con nosotros y que forma parte de nuestra identidad. Ese
mensaje se repite continuamente en campañas muy bien estudiadas. Hay gente que
cree que tiene una identidad diferente y ya habla del RH y del ADN.
Otra cosa que nos
preocupa mucho es una guía que ha llegado a los centros de enseñanza de Galicia
que, por ejemplo, promueve que la comunicación de un profesor con los padres
sea en gallego, aunque ambos sean castellanoparlantes. También establece que
los carteles que se pongan deben estar escritos en gallego. Y crea la figura
del voluntario de activación lingüística, el VAL, que es una especie de pequeño
comisario, que va por ahí vigilando...
Casimiro
García-Abadillo.- Pero eso es una brigada de inspección infantil.
Carmen Iglesias.- Es
el modelo nazi...
Gloria Lago.- Al
menos en mi instituto no está funcionando. Todavía no conocemos ningún caso. Se
trata de una guía que llegó este año y que se está analizando...
Carmen Iglesias. -
Escuchándoles, y aparte, por supuesto, de recurrir a las instancias europeas,
que son fundamentales, yo me pregunto cómo podría movilizarse la sociedad
civil, porque los políticos no se van a movilizar de ninguna manera.
Jorge Campos. - La
situación es grave. Pero hay esperanza. Las plataformas ciudadanas más
importantes que defendemos las libertades estamos más unidas que nunca y,
además, planteamos soluciones. Ahora tenemos más de 2.000 socios y
simpatizantes en Baleares, que están preocupados por la lengua. Y ahora, por
primera vez, tenemos un político que parece que está recogiendo esta
preocupación social.
Gloria Lago. - En
Galicia, lo vamos a conseguir porque el debate es enorme. No hay un día en que
no haya cuatro o cinco artículos de opinión por periódico sobre el tema.
Pedro J. Ramírez. -
Ustedes están contribuyendo decisivamente a que la cuestión esté en el centro
de la agenda del debate nacional. Además, hay que tener en cuenta que es una
causa transideológica, que nadie puede amortizar como un planteamiento
conservador o del ala dura de nada.
Jorge Campos. - Lo
curioso es que los que defendemos las libertades y vamos con la Constitución
por delante somos los radicales, fachas, fascistas horrorosos, y los que
quieren cargarse la Constitución y esas libertades son los moderados.
Arcadi Espada. -
Volviendo sobre la cuestión de la demanda, a mí me parece que el sistema
educativo es una pieza más de un enorme sistema lingüísticamente muy intenso.
Es perfectamente normal que la gente no pida el castellano porque sabe que,
para trabajar de albañil o de lo que sea, va a ser necesario el uso del
catalán. La falta de demanda prueba la inteligencia popular porque no la gente
no va a querer para sus hijos un mundo muy diferente del que van a encontrar
cuando sean mayores.
Carmen Iglesias. -
Pero habrá que ampliar un poco esa inteligencia popular porque, en el futuro, a
pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener sentido al
lado de 400 millones de hispanohablantes.
Gloria Lago. -
Probablemente al final no consigan lo que quieren. Pero nos habrán estropeado a
los niños; y la generación de mi hijo y las próximas serán unas víctimas de
este experimento...
Arcadi Espada. - Por
otro lado, quería plantearle a Marita que en Cataluña hay una poderosísima
burguesía inmigrante, que llegó del resto de España y que lleva a sus hijos a
estudiar fuera de Cataluña o les paga profesores particulares para aprender
castellano. Podrían haber creado una red de colegios en los que estudiar en
castellano, pero no han sido capaces y tampoco creo que hubieran podido
conseguir financiación.
Marita Rodríguez. - A
mí me sorprende muchísimo que, con la sociedad que tenemos, tan repartida
lingüísticamente, y con un poderoso sector económico que es castellanoparlante,
no se haya movilizado toda esta gente para crear una red alternativa o de
apoyo, buscando incluso convenios con otros países, ahora que hay tanta
inmigración sudamericana y centroamericana. Y, sobre todo, no puedo entender
por qué esa mayoría de buena gente mira para otro lado siempre y no apuesta por
un modelo bilingüe. Porque no estamos reclamando o catalán o castellano, no.
Queremos el modelo bilingüe que ya existía antes de los decretos de inmersión.
Entonces sí había mucha demanda de enseñanza en castellano: eso fue lo que les
alarmó. Ahí empezaron los decretos de inmersión, ahí empezó la imposición
porque, con libertad, no podían implantar el modelo lingüístico. Ese
pensamiento nacionalista sí lo entiendo: a través de la lengua quieren crear
nación y, a través de la nación, Estado. Y es un caminito que están
recorriendo. Pero no entiendo por qué los que no dirigen ese cotarro no se
rebelan o no se han rebelado en algún momento.
Pedro J. Ramírez. -
Este es un fenómeno que se está desarrollando de manera silenciosa. En la
educación, todos los días, de manera muy suave y aparentemente venial, se va
produciendo la metamorfosis. Es esencial centrar esta cuestión en el ámbito de
los derechos humanos; impedir que haya un Gobierno que pueda hablar de
republicanismo cívico y de derechos humanos sin que se le recuerde
constantemente que muchas más personas que las que se benefician de sus
supuestos avances en otros ámbitos -que nos parecen muy bien- se ven perjudicadas
por la discriminación lingüística.
Marita Rodríguez. -
Yo no entiendo cómo una ministra de Educación puede tener la desvergüenza de
echarle flores al modelo andorrano porque, a pesar de que tienen como lengua
oficial el catalán, tienen la opción de estudiar también en castellano y en
francés. Pero ¿por qué no puede pasar eso en Cataluña o en Galicia?
Pablo Gay-Pobes. - Si
yo fuese directivo de una empresa estaría encantado de que mi producto fueran
400 millones de hablantes frente a 200.000 que hablen euskara. Sobre el ejemplo
del albañil que puso Arcadi Espada, en el País Vasco el hormigón armado no
tiene una traducción en euskara y, cuando vas a pedir la masa de hormigón, la
tienes que pedir en castellano. Es un timo.
Pedro J. Ramírez. -
Se está sacrificando a varias generaciones de ciudadanos en el altar de ese
timo. Es una enorme superchería. Antes o después el tinglado se desmoronará. Lo
más tremendo es que los partidos nacionales, y muy especialmente el Partido
Socialista desde que Zapatero está en el poder, estén siendo cómplices de esta
deriva, de esta falsificación.
Pedro García
Cuartango.- En las cuatro comunidades en que vosotros vivís hay tres gobiernos
de coalición entre el PSOE y partidos nacionalistas. ¿Hasta qué punto en estas
comunidades el PSOE puede abandonar este discurso, digamos nacionalista, y
empezar a defender que la gente tenga derecho a educar a sus hijos en su propio
idioma? ¿Creéis que es posible ese cambio?
Gloria Lago.- Ellos
se preguntan hasta qué punto puede pesar en las elecciones. En las pasadas
elecciones, el PP se acercó a nosotros y adoptó nuestro mensaje, pero se dio
cuenta de que no les había funcionado. Yo no sé qué valoración hará el PSOE.
Pero noto que están intentando acercarse a nosotros y sé que hay mucho
socialista de renombre creando debate sobre el tema
Jorge Campos.- El
Partido Socialista de Baleares es muy parecido al de Cataluña, está
completamente impregnado de un mensaje nacionalista. Pero el presidente Antich
no ha tenido que aprobar ninguna ley ni ningún decreto de inmersión lingüística
porque se lo ha encontrado todo hecho por el PP.
Pablo Gay-Pobes.- La
situación en el País Vasco es un poco diferente. Se detecta la posible
existencia de un pacto previo a las elecciones entre el Partido Socialista y el
PNV. Por eso tengo muy poca esperanza. Inicialmente, nosotros apreciamos una
cierta sensibilidad en los socialistas con quienes hablamos. Pero, en las
últimas conversaciones, vemos que han cambiado su planteamiento.
Elena Santolaya. -
Querría pedirles que me hicieran dos radiografías. En una, que aparezcan las
situaciones a las que, quizá, tengan que hacer frente esos estudiantes de los
que hablamos cuando crezcan y quieran estudiar fuera de su comunidad... En
otra, la situación que puede encontrarse, por ejemplo, una enfermera que quiere
ir a vivir y trabajar al País Vasco.
Jorge Campos. - En
Baleares, el niño ya no es tan niño porque empezamos hace 20 años con la
inmersión lingüística y la normalización lingüística. Nosotros sabemos, por
muchos padres de esos ya alumnos universitarios que están fuera, que, por lo
general, pierden el primer curso, o el segundo, más que nada porque no dominan
la escritura y las faltas de ortografía son escandalosas. Lógicamente no saben
escribir y tienen también un problema en los exámenes orales, ya que, desde que
tenían seis o siete años, están siendo exclusivamente enseñados en catalán.
Sobre ir a trabajar a Baleares, curiosamente nadie, salvo de Cataluña, podría
ir allí a trabajar en la Administración pública porque se necesita un nivel C o
D de catalán, como de filólogo, lingüista o poeta... Y eso es lo que se prima
sobre la capacitación que esa persona pueda tener. Y en la universidad pasa lo
mismo. Estamos perdiendo grandes catedráticos, nacionales y europeos, que
querrían trabajar en Baleares, porque tienen que demostrar, ante todo, un nivel
de catalán importante.
Gloria Lago.- En
Galicia sucederá lo mismo. Es decir, el nivel de castellano será paupérrimo.
Los chicos que quieran estudiar fuera de Galicia van a tener muchos problemas,
los profesionales que quieran ejercer su labor fuera también. Sabemos que en
algunas empresas de Madrid ya se está empezando a cuestionar la entrada de
profesionales procedentes de Galicia, porque, aunque son buenos, tal vez, a la
hora de redactar textos o informes, tendrán sus problemas. También hay
trabajadores que no quieren venir aquí por la educación de sus hijos.
Marita Rodríguez.-
Hay centros hospitalarios que no van a aceptar un buen profesional porque no
tiene el perfil lingüístico, y eso también se proyecta en una disminución de la
calidad del servicio. Pero, sobre las posibles dificultades en el mundo laboral
cuando salen fuera, a menos que se vayan a otra comunidad bilingüe -de Cataluña
a Galicia o al País Vasco, por ejemplo-, no creo que hubiera mucho problema
porque, cuando una persona necesita desarrollar o desempeñar un trabajo, hace
esfuerzos por adecuarse. Quien supongo que sí tendría problemas sería un vasco,
en caso de los colegios de allí lleguen a implantar el euskara al 100%.
Pablo Gay-Pobes.- En
el País Vasco, y como futurible más o menos cercano, la radiografía que hacemos
es la de una sociedad de paletos y de ignorantes. Eso sí, serán euskaldunes todos.
Euskaldunes que no podrán trabajar fuera del País Vasco, y que tampoco van a
poder hacerlo dentro de la función pública del País Vasco porque todos los
puestos estarán ya copados. Es decir, el funcionariado tiene un límite.
Respecto a la enfermera que viene a trabajar al País Vasco, pues, en el mejor
de los casos, tendrá venir sin traerse a la familia. Esa es la realidad.
Marita Rodríguez.- La
cooficialidad exige que el ciudadano pueda requerir de la administración el
servicio de la lengua en su elección. Por tanto, en educación, el sistema vasco
de tres modelos sería lo mejor. Aunque en Cataluña digan que no se debe separar
a los niños por lengua, la Unesco respalda que se puedan crear grupos
distintos.
Jorge Campos.-
Desgraciadamente, la cooficialidad es la que no se lleva a cabo. Ojalá
pudiéramos tener tres modelos educativos, o cuatro, incluyendo una lengua
extranjera, y que los padres pudieran elegir libremente entre esos modelos.
Sería lo ideal, y también se acabarían los problemas de fracaso escolar.
CARMEN IGLESIAS
«No es un problema legal, es una perversión de la
democracia»
«Una vez le pregunté
a uno de los constituyentes: '¿Cómo hemos llegado a esta situación y cómo lo
permitisteis?' Y dijo: 'Bueno, pues estábamos preocupados por las Fuerzas
Armadas, por Interior, algo de Justicia...; y, bueno, Educación se lo dejamos a
los más radicales para que se quedaran callados'».
Quien expuso así uno
de los posibles orígenes del problema es la presidenta de Unidad Editorial,
Carmen Iglesias, que se mostró pesimista sobre la posibilidad de ganar «la
batalla de la educación en democracia». «No sólo es un problema legal, sino
democrático; una perversión de la democracia y una gran falta de libertades»,
consideró.
Miembro de la Real
Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua, Carmen Iglesias se
mostró preocupada por el aislamiento, el silencio y la soledad a la que se ven
condenados los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano, pero no
se ven capaces de emprender esa lucha por infructuosa y por temor al
aislamiento de los niños y a la falta de oportunidades laborales en su tierra.
«Me da la impresión
de que, mutatis mutandi, estamos igual que como estábamos con las víctimas de
ETA antes del espíritu de Ermua, que los políticos no empezaron a movilizarse
hasta que la gente normal salió a manifestarse, el problema saltó a la calle y
ya, por lo menos, no hay que enterrar a escondidas a los asesinados»,
describió.
«Me pregunto cómo se
podría movilizar a la sociedad civil. Es que, si no, los políticos no nos harán
caso nunca», señaló. «Efectivamente -añadió-, los dos grandes partidos han tenido
mayorías absolutas y no se han preocupado de estas cuestiones». Se planteó
entonces qué gente con autoridad intelectual, «gente de las universidades»,
podría implicarse en esta lucha. «Pero me da la impresión de que la gente que,
en otros tiempos, era crítica está totalmente fascinada por ese poder
totalitario y tienen una responsabilidad grave en la extensión de ese
totalitarismo», afirmó.
Arcadi Espada,
presente en el Foro, también se preguntó por qué no ha habido en Cataluña una
burguesía como aquella que durante el franquismo hizo colegios para que sus
hijos pudieran estudiar catalán. «Está toda esa gente que se le llena la boca
con requisitorios contra el idioma, pero que, a la hora de intervenir
directamente en la creación de alternativas, se muestra pasiva. No han sido
capaces de crear una red de colegios que pudieran haber llamado, qué se yo,
Instituto Nacional Uruguayo o algo así».
«Son grupos
-respondió Carmen Iglesias- que temen bastante la competencia abierta y están
refugiados en esos clientelismos; dependen de los políticos y de sus
concesiones».
«Yo ya he dicho en
varias ocasiones que el clientelismo nacionalista es el caciquismo del siglo
XXI», añadió.
Iglesias y Espada
también intercambiaron pareceres sobre una de las cuestiones candentes del
debate: por qué no se escuchan denuncias públicas en masa contra la falta de
libertad de elección. Para el colaborador de EL MUNDO, eso es una muestra de
«inteligencia popular»: «La gente no va a querer para sus hijos algo muy
diferente del mundo en que se van a encontrar cuando los niños sean mayores y
quieren asegurarse de que el muchacho trabajará».
A lo que la académica
respondió que «habría que ampliar un poco esa inteligencia popular porque en el
futuro, a pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener
sentido al lado de 400 millones de hispanohablantes».
ROSA DIEZ (UPyD)
«La Constitución no debería proteger las lenguas»
La diputada de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, acudió al foro de EL MUNDO para
escuchar, de viva voz, las quejas de los padres que no pueden elegir la lengua
en la que sus hijos son educados en sus respectivas comunidades.
La presidenta de UPyD
se alegró de ver a los cuatro representantes regionales dispuestos a una acción
conjunta porque, afirmó, «no enfocaremos bien el problema si sólo lo orientamos
desde la perspectiva de cuatro asociaciones o cuatro movimientos cívicos».
«Lo que estáis
planteando -observó- es una reivindicación política, de política con mayúsculas
porque estáis haciendo una llamada contra la discriminación».
«Ya sé que en España
enseguida se confunde lo político con lo partidario, pero yo creo que no
deberíais renunciar a vuestro carácter político y que deberíais incluso
reivindicarlo», insistió.
Recordó, entonces,
los inicios de Basta Ya! como plataforma cívica que se vio abocada a abordar
cuestiones políticas que eludían quienes debían abordarlas.
La aportación de Rosa
Díez fue clave para enfocar el problema políticamente, llamar a las cosas por
su nombre, separar el grano de la paja y poner sobre la mesa maneras de
resolver el problema.
«No nos enfrentamos a
una situación de persecución de las lenguas; es una persecución de las personas
que se empeñan en tener libertad para poder estudiar o para poder trabajar en
la lengua que quieran en una comunidad autónoma que es bilingüe», afirmó.
«Hay un problema que
requiere una profunda revisión, incluso de la Constitución», dijo, y recordó el
artículo 3 de la Carta Magna. Los invitados se habían referido a él como la
garantía constitucional del «deber de conocer la lengua española y el derecho a
usarla», además de reconocer la cooficialidad de las lenguas en sus respectivas
comunidades. Pero la diputada recordó que el artículo 3 también garantiza la
«protección» de lo que denomina «distintas modalidades lingüísticas de España»
como «patrimonio cultural» que son del conjunto del país.
Esa «protección
especial -señaló Díez- es lo que ha hecho que se pierdan todas las
reivindicaciones contra la discriminación». Y fue tajante: «Eso hay que
quitarlo. Porque, si hay cooficialidad y hay que defenderla, eso significa
bilingüismo en el sistema educativo». «Puesto que la Constitución garantiza
cooficialidad y bilingüismo, no debe haber ningún artículo que hable de la
protección especial porque no hay que proteger nada; y menos a las lenguas, que
no tienen derechos. Habrá que proteger a las personas, cuyos derechos son
vulnerados».
«En el debate
parlamentario, en el debate político, en el debate mediático hay que dejar de
hablar de lenguas perseguidas y hay que hablar de la discriminación de las
personas que quieren ser libres para elegir la lengua en la que educan a sus
hijos», añadió.
Aparte de «estar
dispuestos a hablar del artículo 3», Rosa Díez señaló que la solución pasa por
«recuperar la competencia de educación por parte del Estado», algo que ya
llevaba en su programa electoral. «Si no, no lo veo», dijo convencida.
Matizó, eso sí, que
la centralización de la enseñanza de la que habla no pasaría por la ejecución
de las leyes, que mantendrían las CCAA, sino por la legislación, «la garantía
de que se llegue al mismo nivel en toda España al margen de la lengua en que se
estudie».
Rosa volvió a ser
tajante: «La cuestión no es si es fácil o difícil, sino si es necesario».
PABLO GAY-POBES / LIBERTAD
DE ELECCION LINGÜISTICA
«Se nos priva de lo legalmente fijado»
En el País Vasco, la ley sobre educación votada en su
Parlamento hace 15 años fija tres modelos entre los cuales pueden elegir los
padres: el A, íntegramente en castellano, salvo la asignatura de euskara; el B,
con la mitad de horas lectivas en castellano y la otra mitad en euskara; y el D
(no hay C en la lengua vasca), íntegramente en euskara, salvo la asignatura en
castellano.
Pero el Gobierno
vasco ha convertido en papel mojado la ley con la aprobación -en contra de la
recomendación de sus propios informes jurídicos- de un decreto (en octubre de
2007) que «establece dos novedades», ilustra Gay-Pobes: «Una, que la lengua
vehicular de la enseñanza es el euskara; y dos, que los alumnos deben tener un
nivel B-2 en euskara (el anterior al que deben tener los profesores de dicha
lengua) al terminar la ESO».
El Gobierno vasco les
ha dicho a esta plataforma de padres que el decreto, aunque está en vigor desde
noviembre, no se está aplicando. Sin embargo, el día que Pablo debatía en EL
MUNDO, su hija estaba haciendo un examen de euskara, en virtud de dicho
decreto, según decía la carta que llegó a la familia.
Por un lado, «se nos
priva del sistema legalmente establecido».Pero, además, está en juego la
educación de los niños: «El 95% desconoce absolutamente el idioma en el que le
van a impartir los conocimientos», denuncia.
MARITA RODRIGUEZ / ASOCIACION POR LA TOLERANCIA
«Está prohibido dar clase en castellano»
«Nosotros lo tenemos un poco peor en Cataluña», afirma
esta profesora catalana.
«Hace mucho, a
principios de los 90, que ya empezamos con estos decretos de inmersión»,
explica. Después, vino la ley política lingüística del 98, «que realmente
supuso la exclusión absoluta, prácticamente del castellano». Sólo hasta los
siete años los niños pueden pedir clases en castellano.
«Se salva un poco con
lo de que las clases se harán normalmente en catalán», dice, pero ese
normalmente se interpreta como imperativo legal.
«El otro día, un
inspector que me vio dar clase en castellano me dijo: '¿Cómo es que das las
clases en castellano? ¡Está prohibido!'».Cuando le citó lo que dice la ley, el
funcionario le contestó: «Esa excepción, cuando se sale uno del normalmente,
hay que justificarlo por escrito y tiene que tener el respaldo de todo el
claustro».
«Creemos que están
violando un derecho constitucional claramente», afirma Marita. «Se puede
estudiar en inglés, en alemán, en japonés, en italiano , pero no hay ni un solo
centro donde se pueda estudiar en castellano, quizá para unos pocos locos
desviados que quieren que sus hijos aprendan en castellano», ironiza. Es
«absurdo», dice, que «en París, Londres y Nueva York, puedas estudiar en
español, y en Cataluña, no».
«Hay una intención
clara de exclusión», concluye.
JORGE CAMPOS / CIRCULO BALEAR
«Tenemos un 40% de fracaso escolar»
«En Baleares parece que no pasa nada; es como un mundo
feliz, pero hay un verdadero problema de libertades. Tenemos un sistema legal
educativo claramente totalitario, en el que no se puede estudiar en la lengua
oficial del Estado, el idioma común de todos los españoles», explica Jorge
Campos.
Pero en Baleares no
ha sido obra de los nacionalistas -una minoría- ni de los socialistas
-actualmente en el Gobierno-, sino de los sucesivos gobiernos del PP.
«El origen lo tiene
el Estatuto de Autonomía de 1983, donde ya se indica que hay una primacía
absoluta del catalán sobre el castellano», explica. Y ahí, en la denominación
de la lengua como catalán es donde comienzan los problemas, según este defensor
del bilingüismo. «Nosotros nunca habíamos llamado catalán a lo que hablábamos.
Siempre habíamos dicho que era mallorquín, menorquín e ibicenco. Ahora, además,
han convertido la lengua en una cuestión cultural y política», opina.
El presidente del
Círculo Balear, con 2.000 simpatizantes tras él, asegura que se trata de un
problema político y de una falta de democracia, y que sólo se resolverá cuando
un partido grande se atreva a ser consciente del problema.
También sostiene que
la inmersión lingüística es la responsable del 40% de fracaso y abandono
escolar que hay en Baleares.
GLORIA LAGO / GALICIA BILINGÜE
«Se adoctrina contra el español a los niños»
Gloria sufre en su propio instituto, de sus propios
alumnos, la estigmatización por liderar una plataforma que reivindica la
enseñanza en las dos lenguas oficiales de su comunidad.
«Vamos a pasos
agigantados copiando el modelo catalán y se está adoctrinando a los chicos con
el mensaje de que el español es una lengua invasora. Yo tengo que soportar de
todo en mi instituto, pero es que al niño que habla en español le llaman facha
y le pintan la mesa», cuenta.
El origen legal de la
eliminación del castellano en la Administración y en la Educación está en la
ley de normalización lingüística de 1983, cuando el PP gobernaba la Xunta.
Aquella norma quería «devolver el prestigio a la lengua gallega». «Pero el
término promover o fomentar lo han utilizado como una imposición». En los
colegios gallegos, las asignaturas troncales, salvo lengua española, se dan en
gallego y el resto -«las marías»- en castellano.«Pero en algunos ni se cumplen
esos mínimos», asegura.
«Cualquier persona de
fuera que llegue a nuestra tierra se sentirá un extranjero porque no va a ver
nada en español en ningún organismo oficial; ha desaparecido en todas las
comunicaciones con el ciudadano».«Además, se utiliza el gallego normativo, no
el gallego habitual, y mucha gente no lo entiende».
«Hay muchos intereses
económicos, que es parte del problema», critica.