UN GLOBO SONDA GUBERNAMENTAL QUE EL TIEMPO ACABARÁ POR PINCHAR
Editorial de "El Mundo" del 27/12/04
Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
La reforma constitucional va a ser, sin duda, uno de los grandes debates políticos del año que comienza dentro de pocos días. EL MUNDO revela hoy que el Gobierno está estudiando incluir en el preámbulo de la Carta Magna una diferenciación de las comunidades autónomas, que serían catalogadas como «nación», «comunidad nacional», «nacionalidad», «región» o la denominación por la que optara cada una de ellas.
La idea que baraja el Gobierno supone una
alternativa intermedia a la que barajan Maragall y los nacionalistas, que
propugnan una reforma del artículo 2 de la Constitución, que reserva el término
«Nación» a España. Esta modificación exigiría disolución de las Cámaras y
celebración de un referéndum.
Para no tocar este artículo, el Ejecutivo se inclina por la opción de modificar
el preámbulo, lo que supondría el reconocimiento expreso de que algunas
comunidades son una nación, pero manteniendo ese núcleo duro que establece que
España es «indisoluble».
En esa línea, se manifiesta hoy el socialista Javier Rojo, presidente del
Senado, que declara a nuestro periódico que el término «comunidad nacional» no
rompe la Constitución, por lo que no debemos «alarmarnos».Rojo, feroz adversario
del nacionalismo y defensor de la Carta Magna, parece haber dulcificado sus
convicciones en función de su nuevo cargo.
Lo que expresa Rojo coincide con la tesis de un reciente artículo de Rodríguez
Zapatero, que afirma que en España «somos distintos en identidades pero iguales
en derechos».
La afirmación del presidente del Gobierno no se ajusta a la realidad. En primer
lugar, porque el punto de partida no es ése: no todas las comunidades son
iguales en derechos. Ahí está el concierto económico del País Vasco y de Navarra
para demostrarlo.
En segundo lugar, el planteamiento de Zapatero no es aceptable para los
nacionalistas ni para Maragall, que pretenden que el reconocimiento de la
singularidad nacional no se quede en mero nominalismo. Quieren que esa
singularidad se traduzca en competencias concretas sobre la Justicia, la
Seguridad Social, el derecho de ciudadanía y otras muchas cosas más.
En tercer y último lugar, aunque la reforma constitucional lograra que no se
aumentaran las desigualdades, el reconocimiento de que Cataluña o el País Vasco
son «una nación» daría lugar a una dinámica por la que estas comunidades
intentarían dar contenido a su personalidad normativa.
Rodríguez Zapatero se está metiendo en un buen lío por meras razones de
aritmética parlamentaria. Puede que sus declaraciones y las propuestas que
estudia el Gobierno sean simples globos sonda, pero ello contribuye a abrir un
peligroso debate y a sembrar la inquietud en quienes desean preservar esta
Constitución que ha traído a nuestro país una etapa de paz y prosperidad sin
precedentes.