EL ESTATUTO AVANZA, PERO EL TC NO SE MUEVE
Por su interés
y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este
sitio web
Ayer se cumplieron tres años de la aprobación del Estatuto de Cataluña
por consulta popular y el próximo 31 de julio hará también tres años que el PP
presentó su recurso de inconstitucionalidad. El partido de Rajoy recurrió 114
de sus 223 artículos, alegando que se trataba de «una Constitución paralela»
que produciría «daños irreparables».
A pesar del tiempo transcurrido, el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse mientras cerca de una veintena de los artículos recurridos han sido aplicados o desarrollados legalmente por la Generalitat. Algo inconcebible en un Estado digno de tal nombre.
María
Emilia Casas, presidenta del Constitucional, justificó ayer la tardanza en
dirimir el recurso del PP, asegurando que los magistrados trabajan
«intensamente y sin interrupciones», aunque lo hacen «en la intimidad». Menuda
palinodia.
Casas
afirmó que el Constitucional no decide en función de «la agenda política», lo
cual es razonable pero no explica por qué lleva sin resolver casi tres años un
recurso del que depende la arquitectura institucional del Estado. Parecía
razonable suponer que el Constitucional iba a conceder prioridad a este
recurso, dada su trascendencia, pero el hecho es que ha transcurrido el tiempo
y nadie sabe cuándo se producirá ese fallo tan esperado por los partidos y la
opinión pública.
El
Constitucional debería darse cuenta de que, cada día que pasa, se hace más
difícil declarar la inconstitucionalidad de determinados artículos que ya se
han desarrollado mediante leyes del Parlamento catalán. El caso más flagrante
es de la lengua: la nueva ley educativa que se va a aprobar en julio establece
que la única lengua vehicular para la enseñanza es el catalán, tal como fijan
cinco artículos del Estatuto.
Otro
ejemplo que hoy recoge EL MUNDO es la creación del llamado Consejo de Garantías
Estatutarias, aprobado por ley pero no constituido. El Consejo es una especie
de Tribunal Constitucional de Cataluña que decide sobre la legalidad de sus
normas.
Ítem
más, al amparo del artículo 110 del Estatuto, que blinda las competencias
exclusivas, la Generalitat está regulando cuestiones de inmigración o trabajo
al margen de la legislación del Estado.
La
Generalitat ha puesto también en marcha una reforma del código civil catalán
sobre la base del autogobierno y los derechos históricos, creando de esa manera
un nuevo derecho de familia que no coincide con el vigente en el resto del
Estado.
Hay
muchos otros ejemplos pero tal vez la cuestión más relevante es la
bilateralidad y el trato privilegiado que el Estatuto consagra para Cataluña en
materia de financiación autonómica. El propio Zapatero acaba de prometer a
Montilla que Cataluña no quedará decepcionada en relación a lo que establece el
Estatuto.
Cuando
el Tribunal Constitucional se pronuncie habrá seguramente un acuerdo de
financiación entre la Generalitat y el Gobierno. ¿No hubiera sido mejor contar
antes con una sentencia clarificadora que hubiera ahorrado el tira y afloja que
se mantiene desde hace más de un año?
Tal
vez encerrados en esos despachos a los que no llega el ruido de la política,
según dice Casas, los magistrados se han olvidado del mundo real en el que
viven y de las urgencias del tiempo presente. Tres años son demasiado para un
asunto en el que existen tantos intereses políticos y motivaciones
sentimentales. Sea cual sea la sentencia, ya llegará tarde y los miembros de
este tribunal serán siempre recordados por su indolencia y su medrosidad
jurisprudencial.