EL GOBIERNO ZAPATERO ESTUDIA CAMBIAR EL PREÁMBULO CONSTITUCIONAL PARA CONTENTAR A MARAGALL

 Informe de  Fernando Garea en  “El Mundo” del 27/12/2004

Por su interés y relevancia, he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

El Gobierno Zapatero estudia la posibilidad de incluir en el Preámbulo de la Constitución la diferenciación entre naciones, comunidades nacionales o comunidades autónomas.

Esta sería una salida intermedia entre la posición de los nacionalistas y de algunos ejecutivos autonómicos como el de Cataluña, y la idea inicial de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo socialista.

En todo caso, se trata sólo de una idea o propuesta interna del Gobierno que no se concretará antes de finales de 2005, cuando el proyecto de reforma constitucional sea informado por el Consejo de Estado.

El Gobierno incluyó entre las cuatro reformas limitadas de la Constitución la precisión en el Título VIII del nombre de las comunidades, sin ninguna diferenciación y sólo por el orden protocolario habitual de aprobación cronológica de los estatutos de autonomía.Esa reforma es de las sencillas, no agravada, aunque pueda ser sometida a referéndum al final de la legislatura junto a las otras tres.

El Gobierno socialista mantiene, no obstante, su tesis de que en la reforma de los estatutos cada comunidad puede definirse y llamarse como quiera.

De hecho ya hay estatutos que hablan de comunidad histórica o de nacionalidad, sin que haya una referencia homogénea.

Sin embargo, Pasqual Maragall encabeza una posición alternativa según la cual debe incluirse en el artículo 2 de la Constitución la referencia a las comunidades nacionales o naciones dentro de la nación española, para diferenciar Cataluña, País Vasco y Galicia del resto.

La reforma de ese artículo 2 es de las agravadas y previstas en el 168 de la Constitución. Requieren disolución de las Cortes y celebración de un referéndum.

Fuentes oficiales del Gobierno mantienen de forma tajante su negativa a tocar este artículo de la Constitución que habla de la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

La reforma propuesta por Maragall supone retocar la expresión «nacionalidades y regiones que la integran». Para el Gobierno, abordar la reforma de este artículo abriría un proceso incierto.

Por eso, ha acotado desde el principio de la legislatura las cuatro reformas previstas, sin posibilidad de ir más allá y sin afectar siquiera al capítulo del reparto de competencias entre Estado y comunidades.

Fórmula intermedia

También, por eso, busca una fórmula intermedia como la de retocar el Preámbulo de la Carta Magna. Ese Preámbulo tiene sólo ocho párrafos y en lo que se refiere a la estructura del Estado habla de «la Nación española» y de «los pueblos de España».

Su eficacia jurídica es más simbólica y declarativa que efectiva, aunque su contenido no puede estar en contradicción con el articulado posterior. Su reforma debería atenerse al artículo 167, que prevé mayoría cualificada en las Cámaras, con acuerdo de los dos grandes partidos, pero sin disolución y referéndum, por no estar expresamente incluido en los apartados protegidos con reforma agravada.

Por el momento, ésta es sólo una posibilidad que maneja el Gobierno y que ha consultado ya informalmente con algunos juristas.

El Ejecutivo no quiere avanzar aún ninguna posición concreta sobre esa reforma y no estará obligado a hacerlo antes de un año.

Este mes de enero se dirigirá al Consejo de Estado para, de forma genérica, pedirle informe sobre cómo abordar las cuatro reformas: la del nombre de las comunidades, la referencia a Europa, la eliminación de la prelación del hombre en la sucesión de la Corona y el Senado.

El Gobierno se limitará en los cuatro casos a pedir consejo sin adelantar, por ejemplo, si el Senado debe ser de elección directa, a través de los parlamentos autonómicos, o si debe existir algún tipo de veto de las comunidades. En ningún caso contempla el Gobierno más reformas constitucionales y excluye las referidas a la atribución de competencias del Estado y las autonomías.

El informe del Consejo de Estado puede estar concluido a finales de 2005, para llevar a cabo al año siguiente la negociación con los grupos parlamentarios. Si hubiera acuerdo, el referéndum se celebraría a finales de 2007 o 2008, al final de la legislatura y tras la preceptiva disolución de las Cortes. Para evitar que esa consulta popular se centre exclusivamente en la Corona, el Gobierno estudia someter a referéndum todas las reformas, aunque algunas no precisen ese proceso.