UN COMERCIANTE PLANTA CARA A LA ROTULACIÓN EN CATALÁN TRAS SER SANCIONADO CON 1.200 EUROS

Informe de Héctor Marín en “El Mundo” del 10 de agosto de 2009

Hospitalet

Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web

Con una apostilla a pie de título:

La cultura política catalana se caracteriza por la

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE

como modo de percepción de la realidad. A sus ingenieros no se les puede ir con racionalizaciones como el constitucionalismo. España tiene que comenzar desde cero de nuevo.

Luis Bouza-Brey, (10-8-09, 17:00)

Hay otros casos de propietarios denunciados ante la Generalitat por no rotular sus establecimientos en catalán. Pero algo diferencia a Xurde Rocamundi de los demás comerciantes que han sido castigados con multas: su negativa a reemplazar el rótulo con el que ofrece los servicios de su pequeña agencia inmobiliaria.

Su tesón se ha traducido ahora en una multa de 1.200 euros. Ya la ha recurrido. «Me siento discriminado en mi propia tierra», dice.

Xurde Rocamundi González nació en Barcelona hace 43 años y es padre de tres hijos. Fue hace casi un año cuando recibió una notificación del Govern que le conminaba a adecuar el cartel del comercio, en el plazo máximo de «dos meses», al artículo 32.3 de la «normativa vigente» en política lingüística. Según este capítulo, «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán».

Aquella notificación resultaba de la denuncia de un «consumidor» anónimo «enviada el 5 de mayo de 2008 por correo electrónico».

Transcurrido el tiempo, y sin que el catalán se sumara al rótulo del comercio ni a los anuncios de pisos del escaparate, el empresario fue sancionado por «vulnerar los derechos lingüísticos reconocidos a los consumidores», ya que los documentos y contratos de adhesión no estaban, «al menos, en catalán».

El funcionario que instruyó el expediente de Rocamundi resolvió sancionarlo con 1.200 euros, de acuerdo con la graduación prevista en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre «disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios».

La denuncia a Rocamundi se suma a la de otros comerciantes que han sido instados por la Agència de Consum a ofrecer sus productos y servicios también en catalán. La diferencia con ellos es que él prefirió no hacerlo.

«La denuncia vulneró mis derechos lingüísticos y la recurrí», afirma Rocamundi, quien opina que este tipo de normativas «favorece que el castellano pueda resultar discriminado en Cataluña, donde es un idioma oficial, tan oficial como lo es el catalán».

«¿Por qué tienen que obligarme a rotular en catalán en mi propio negocio? ¿En qué otro país pasa algo así? Otros empresarios tienen miedo a sufrir pintadas políticas en las fachadas, pero, tal vez, a mí me convenga empresarialmente anunciarme en castellano», protesta.

Xurde Rocamundi dice que quiere llegar «hasta el final para que los que vienen detrás tengan un precedente». Conoció en EL MUNDO el caso del comerciante de Sant Boi (Barcelona) denunciado por un ciudadano anónimo por no rotular su comercio en catalán, y le pareció «un palo» que un trabajador autónomo «tenga que afrontar en plena crisis un gasto evitable como es la compra de un rótulo nuevo».

Rocamundi mantiene el cartel y los presupuestos de su negocio tal y como los encargó hace unos 10 años. Se defiende: «No soy bilingüe. Entiendo la lengua catalana, pero con mis hijos y en la oficina hablo siempre en castellano, aunque el cliente lo haga en catalán».

Asegura que cambiar el rótulo no entra en sus planes: «No lo voy a sustituir». Y abunda en su voluntad: «Quiero ir a juicio y sentar precedente. Y, si eso pasa por llegar hasta el tribunal de la Unión Europea, a Estrasburgo, iremos». Le asesoran la Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano. El denunciado afirma perseguir «una normativa lingüística legal en Cataluña para que sea el ciudadano quien decida sobre sus usos lingüísticos».

«Creo que es una ley anticonstitucional, ya que en ningún lugar persiguen a un ciudadano por escribir un rótulo en una de las lenguas oficiales de ese país», señala, para añadir que se siente «discriminado» en su propia tierra.

Rocamundi defiende el bilingüismo «entendido sin imposiciones». «Que el interlocutor elija en qué lengua quiere expresarse», reclama.

«Mis padres me pusieron Jorge, pero, cansado de que en la oficina me catalanizaran el nombre y para todos fuera Jordi, hace unos años me fui al Registro Civil y me lo traduje al bable, el idioma de la región de la que procedo, Asturias», explica Xurde.

«Me sentí identificado con Josep Lluís Carod-Rovira aquella vez que pidió a un hombre en televisión que no le llamara José Luis», abunda. «En Arenys, algunos me llaman facha por la calle por reivindicar mi constitucionalismo; creo que les sienta mal que se hable castellano».