EL TC CONSTATA EN UN SONDEO INFORMAL SU DESACUERDO EN EL ESTATUT

Una «prospección» realizada ayer arroja un resultado de seis a 10 contra la última ponencia

 

Informe de  María Peral, Madrid, en “El Mundo” del 13 de noviembre de 2009

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

 

El Tribunal Constitucional sigue encallado sobre el Estatut. Se constató ayer durante una reunión del Pleno en la que se sondeó si hay mayoría sobre los aspectos más controvertidos del último texto presentado por la ponente. El resultado fue negativo: la ponencia es rechazada por seis de los 10 magistrados, la misma situación que en julio, cuando los miembros del TC se fueron de vacaciones sin los deberes hechos.

Fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que no fue una votación formal ni una fijación de postura definitiva, sino una «prospección» con el fin de comprobar si existen o no mayorías suficientes para alumbrar una sentencia.

Tampoco se sometió a examen la globalidad del cuarto texto que distribuyó a finales del pasado septiembre la magistrada ponente, Elisa Pérez Vera, sino que se consideraron sólo los aspectos del Estatuto de Cataluña en los que el Constitucional ha encallado, entre ellos el concepto de nación utilizado en el preámbulo, la lengua o la bilateralidad.

El sondeo sólo sirvió para constatar que, pese los pasilleos de las últimas semanas para negociar acercamientos, las posiciones no se han modificado. La foto es la misma que hace cuatro meses, cuando los magistrados se marcharon de vacaciones sin un acuerdo.

La ponencia, que se basa en alambicadas interpretaciones de los preceptos del Estatut para evitar declaraciones de inconstitucionalidad, sólo cuenta con el respaldo de la presidenta del TC, María Emilia Casas, de la ponente y de los magistrados Pascual Sala y Eugenio Gay, e incluso estos dos últimos consideran que el texto es excesivamente contrario al Estatut.

Otros seis magistrados rechazan, con distintas prioridades y argumentos, la ponencia de Pérez Vera. Se trata del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y de los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón.

La posición de este último es clave porque, por procedencia (fue designado directamente por el Gobierno), debería estar en el sector favorable al Estatut y, sin embargo, desde el principio de los debates se ha mantenido firme en la defensa de la inconstitucionalidad de algunas cuestiones sensibles, como la aplicación del concepto de nación a Cataluña.

El Estatut sólo se salvaría con el pase de Aragón al grupo de magistrados propuestos por el PSOE, con el consiguiente retoque de la ponencia para atraer su voto. Y, aun así, María Emilia Casas tendría que utilizar el voto de calidad para deshacer el empate a cinco. Una situación desoladora para un tribunal partido en dos y para una sentencia en la que está en juego la configuración del Estado.