ERC DENUNCIA QUE CIU SE DESMARCA DE LA LEY DE
REFERENDOS
Simó sospecha que CiU no apoyará la norma, de inminente
aprobación, por «electoralismo»
Informe de Leonor Mayor, Barcelona, en “El Mundo” del 24 de enero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web
Una de las leyes más polémicas de esta legislatura, la que regulará las consultas populares por vía de referéndum, está a punto de salir del horno. La norma, impulsada por el conseller republicano de Governació, Jordi Ausàs, ya ha pasado por la correspondiente ponencia parlamentaria, por lo que su aprobación es inminente.
Sin
embargo, el proyecto aún tendrá que superar un par de escollos. «Es muy
probable que el PP y Ciutadans lleven esta ley al Consell de Garanties
Estatutàries, lo que retrasará su aprobación», explica la portavoz de Esquerra,
Anna Simó. «Además, habrá que ver con qué mayorías se aprueba el texto», añade
la diputada republicana.
Y es
que Esquerra viene sospechando desde hace tiempo que CiU prevé desmarcarse de
esta iniciativa, pese a que los nacionalistas siempre han defendido el derecho
de Cataluña a tener competencia para organizar referéndums. Una competencia que
recoge el Estatut con el límite de que éstos sean previamente autorizados por
el Consejo de Ministros.
«CiU
tiene un motivo para no apoyar la ley: estamos en año electoral», asegura Simó.
La portavoz de Esquerra cree que los nacionalistas ya no respaldarán ningún
proyecto del Govern, como hicieron por ejemplo con la Ley de Educación, para
marcar perfil propio y desmarcarse del tripartito.
Esquerra
ha dado a CiU todas las facilidades para que se sume al proyecto y ha ofrecido
a los nacionalistas una transaccional para que puedan resolver sus objeciones,
según relata Simó, pero los convergentes no han aceptado la oferta.
CiU
insiste en que la norma es insuficiente, porque sólo permite a la Generalitat
organizar referendos, pero no consultas populares, que permitirían someter a
votación cuestiones más prosaicas, como la construcción de nuevas
infraestructuras.
De
momento, con el proyecto de ley actual en la mano, la Generalitat, el Parlament
o los municipios podrán someter a referéndum «cuestiones políticas de
trascendencia especial para la ciudadanía» excluyendo asuntos relativos a los
impuestos y a los presupuestos y aquellas cuestiones «que vayan en detrimento
de las facultades reconocidas por la Constitución o el Estatut a las
instituciones de la Generalitat y a los entes locales».
Otro
de los reproches que CiU le hace a Esquerra es que los referendos previstos en
el proyecto no tendrán carácter vinculante. Serán sólo consultivos, por lo que
no obligarán al Govern, que tendrá que ratificar o no, a posteriori, la
decisión tomada por los ciudadanos en las urnas.
«Hemos
llegado incluso a proponerle a CiU que redacte su propia propuesta normativa,
aunque hoy por hoy ya no hay tiempo para tramitar una nueva norma dentro de esta
legislatura», agrega Simó. «Están buscando excusas, aunque muy poco
consistentes», concluye la portavoz republicana.
¿Qué
efectos puede tener la negativa de CiU a apoyar la ley de referendos de cara a
los futuras relaciones entre nacionalistas y Esquerra? El asunto tiene su
trascendencia, porque el líder de Esquerra, Joan Puigcercós, ya ha avisado que
sólo pactará con los partidos que estén dispuestos a secundar el derecho a
decidir, o sea, con quien se avenga a celebrar durante la próxima legislatura
un referéndum separatista.
Para
organizar un plebiscito de estas características, serás necesario que la ley
esté previamente aprobada y, después, las fuerzas independentistas tendrán que
buscar algún mecanismo para burlar el obligatorio control del Gobierno central.
Por eso, puede parecer que al echarse atrás, CiU está también desistiendo de
convocar ese referéndum de independencia. Peso a ello, Simó rechaza ahora
entrar a valorar cómo influirá esa negativa en futuros pactos y se limita a
recordar que pese al Consell Estatutari y a CiU, la ley se aprobará en febrero
o marzo con los votos del tripartito.
Las claves de la ley
Objeto
de las consultas
>La
ley permite preguntar a los votantes sobre «cuestiones políticas de
trascendencia especial para la ciudadanía». Se excluyen los asuntos
tributarios.
¿Quién
puede votar?
>Todas
las personas mayores de edad que tienen la condición política de catalanes y no
están privadas de sus derechos .
¿Quién
puede organizarlas?
>El
Govern a propuesta del presidente de la Generalitat. El Parlament a propuesta
de una quinta parte de los diputados o de dos grupos parlamentarios. Un 10% de
los municipios, con un mínimo de 10 municipios y siempre y cuando representen
al menos a 500.000 habitantes
¿Qué
eficacia tienen?
>Los
referendos son consultivos, es decir, su resultado no vincula ni obliga al
poder político, por lo que el Govern debe suscribir el resultado tras su
celebración.