CIU CONFIRMA QUE NO APOYA LA LEY DE REFERENDOS DE ERC
Rechaza que los plebiscitos requieran autorización
estatal
Por su interés y relevancia he
seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web
Con un muy breve comentario al final:
CONCURSO DE VIOLADORES
Luis Bouza-Brey (25-1-10, 10:30)
Barcelona
CiU confirmó ayer que rechazará la ley de consultas populares por vía de referéndum elaborada por el Gobierno de la Generalitat porque la considera un «engaño» de Esquerra, puesto que sólo posibilita organizar referendos con la imprescindible autorización del Estado.
A
menos que antes del próximo miércoles, cuando se debatirá el dictamen de la ley
de consultas populares en la comisión primera del Parlament, el tripartito
acceda a modificar el texto para regular también las consultas que no exijan el
visto bueno estatal, CiU votará en contra.
«Nos
vemos abocados a votar que no a la ley, porque no es suficientemente ambiciosa,
porque no despliega al cien por cien las competencias que otorga el Estatut»,
explicó ayer la diputada de CiU en el Parlament Dolors Batalla.
La
parlamentaria nacionalista confirmó con estas palabras las sospechas que la
portavoz de Esquerra, Anna Simó, manifestó ayer en este diario de que CiU
planeaba desmarcarse de la ley de referendos, pese a que, en su día, los
convergentes respaldaron sin rechistar el artículo del Estatut que establece
que Cataluña puede organizar plebiscitos siempre y cuando éstos sean
autorizados por el Consejo de Ministros. Debido a la exigencia estatutaria, el
conseller de Governació, el republicano Jordi Ausàs, promotor de la ley de
referendos, se ha visto obligado a establecer ese límite, que ahora servirá a
CiU para desmarcarse del proyecto de ley.
En
realidad y según explicó Batalla, CiU apoya la idea de regular la convocatoria
de referendos, que requieren autorización del Estado, pero no quiere
simplemente detenerse ahí, sino que aboga por «sacar el máximo jugo al
Estatut», informa Efe.
Según
Batalla, Esquerra intenta «confundir a la ciudadanía» con su nueva ley, porque
por un lado promueve consultas municipales de autodeterminación y, por otro, se
niega a crear una legislación específica para poder celebrar consultas
populares que no exijan autorización del Gobierno español.
«Intentan
engañar a las personas de buena fe que votaron en estas consultas de
autodeterminación, haciéndoles creer que con esta ley pasarán a tener
legalidad, y esto no es así. Están dando gato por liebre a los ciudadanos.
Nosotros no queremos participar en este engaño», denunció la diputada de CiU.
La
semana pasada la ponencia que debatía el proyecto de ley de consultas concluyó
sus trabajos sin que CiU desvelase si apoyará o no el texto definitivo. PSC,
Esquerra e ICV-EUiA ofrecieron a CiU una enmienda transaccional que preveía que
las consultas que no sean por vía de referéndum serían reguladas en otra ley
futura, pero la oferta no convenció a la federación nacionalista, que insiste
en desarrollarlo todo en una misma norma.
CiU,
que ofreció sin éxito el pasado verano a Esquerra pactar una ley que desarrolle
todas las «potencialidades» del Estatut en este tema, interpreta que los
independentistas han aceptado los límites que el PSC les ha impuesto para esta
ley, que, según Batalla, «causará frustración y desengaño en muchas personas».
En cambio, Esquerra piensa que CiU no apoyará el proyecto por motivos
«electoralistas».
Muy breve comentario final:
CONCURSO DE VIOLADORES
Luis Bouza-Brey (25-1-10, 10:30)
En
este país innominado el Gobierno ha prometido cumplir y hacer cumplir la
Constitución, y resulta que en Cataluña existe una competición desde hace cinco
años para saber quién es el violador más eficaz de la misma. En este caso
concreto, del art. 92.
Y
el Gobierno, en boca de su presidente y del Ministro Caamaño, defiende que el
Estatuto de Cataluña es plenamente constitucional y no mueve un dedo para
impedir las violaciones flagrantes.
Quizá sea porque si lo moviera sus
aliados lo harían caer, en Sant Jaume y en Moncloa. Por eso, el Gobierno es
cómplice de la violación. Un Gobierno que ha aceptado traicionar sus
obligaciones constitucionales para mantenerse en el poder.
La
Constitución y el Estado de Derecho han volado por los aires y ningún Fiscal ni
Tribunal actúa para impedir o perseguir el delito de violación política.
Si algún
día este período desdichado y vergonzoso termina habrá que imputar penalmente a
diversas autoridades, jurisdiccionales y políticas.