LA TIBIEZA DE ZAPATERO CONFIRMA LAS FUNDADAS DENUNCIAS DE RAJOY

  Editorial de   “El Mundo” del 03/11/2005

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web

Por si quedaba alguna duda del papel que ha jugado en la gestación del Estatuto en Cataluña, Zapatero se convirtió ayer en el Congreso en el gran defensor -el verdadero ponente- del proyecto aprobado por el Parlament. El presidente se comprometió a sacar adelante el Estatuto «sin desnaturalizarlo», en una intervención dirigida, en buena medida, a complacer a Maragall y a los nacionalistas catalanes. Por el contrario, arremetió contra el PP, al que acusó de «sembrar las dudas, instigar la desconfianza y tener miedo al debate democrático».

Los tres representantes del Parlament -Artur Mas, Manuela de Madre y Carod-Rovira- habían mostrado por la mañana su cara más amable. Hicieron un llamamiento al diálogo y trataron de presentar la reforma del Estatuto como una iniciativa constitucional, que incluso podría reforzar la unidad de España. Pero fue, ya por la tarde, el presidente del Gobierno quien entró en el análisis del Estatuto, con el que, según sus palabras, está de acuerdo en los aspectos sustantivos.

Tras el informe realizado por los cuatro catedráticos de derecho político, existían expectativas -sobre todo, en un sector de su partido- de que Zapatero realizara una buena poda del Estatuto.Pero no fue así. Por el contrario, aseguró que Cataluña tiene «identidad nacional», sin precisar si el PSOE va a modificar o no el artículo 1 del Estatuto, que define a esta comunidad como «una nación». Realizó un elogio de la declaración de derechos del proyecto -que diferencia a los catalanes de los demás españoles- y subrayó que Cataluña está legitimada para solicitar nuevas competencias, criticando «las leyes expansivas» del Estado que han mermado la autonomía de las comunidades.

Retoques menores

El presidente del Gobierno manifestó que el artículo 150.2 abre la puerta a la cesión de esas nuevas competencias y realizó una encendida defensa de la bilateralidad en la cooperación, aunque reconoció que el nuevo Estatuto deberá respetar las competencias exclusivas del Estado y ser modificado en el capítulo de la financiación.

Zapatero, que eludió siempre el calificativo de «inconstitucional», advirtió también de que se plantea un problema de encaje legal en las propuestas del Estatuto en materia judicial, pero expresó su confianza en que las dificultades «técnicas» puedan ser superadas mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en fase de tramitación parlamentaria.

Su discurso revela claramente que ha apostado por sacar adelante el Estatuto con algunos retoques, los mínimos imprescindibles para que puedan ser aceptados por sus aliados. Como habíamos anunciado, el presidente navegó ayer con el viento a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y el respaldo expreso de 13 de las 14 personas que, además de él, hablaron en la sesión. Las minorías se prestaron a entonar el estribillo de la música compuesta por el PSOE para presentar al PP como un partido retrógrado e inmovilista.

Para caricaturizar la posición de Rajoy, Zapatero argumentó que la tramitación del Estatuto ha sido modélica y que, a diferencia del plan Ibarretexe, el proyecto catalán viene avalado por el 90% del Parlament. No habría sido así si el PSC hubiera votado en contra del proyecto. Pero la realidad es que Zapatero y el PSOE escenificaron ayer su respaldo a la iniciativa del Gobierno tripartito.

Como quedó en evidencia, el líder socialista no está dispuesto a hacer nada que ponga en peligro su alianza con los nacionalistas.Da la sensación de que Zapatero ha acabado por plegarse a los planteamientos de ERC e CiU, que no van a ir más allá de aceptar meros retoques cosméticos -como advirtió Mas- para preservar lo esencial: la definición de Cataluña como nación, una fórmula de financiación favorable para sus intereses, un aumento sensible de las competencias y esa bilateralidad con el Estado español a la que aspiran.

Nefastas consecuencias

La consecuencia de esta estrategia de Zapatero es, en primer lugar, la ruptura del consenso constitucional entre los dos grandes partidos, que ha inspirado desde la Transición la reforma de los Estatutos y otros asuntos de Estado. Ello abre el camino a un cambio en las reglas del juego mediante la utilización de una mera mayoría parlamentaria, lo cual sería muy perjudicial para la calidad de nuestra democracia.

En segundo término, la apuesta de Zapatero por el Estatuto marca la dirección a otras comunidades como el País Vasco y Galicia, que, a buen seguro, van a reclamar reformas similares a las de Cataluña. A ello se sumarán más tarde el resto, que no van a aceptar quedarse atrás en cuanto a privilegios y competencias.

Mariano Rajoy estuvo ayer clarividente al denunciar los grandes peligros de este proceso. Diseccionó con rigor los artículos inconstitucionales del Estatuto y acertó al señalar que no se puede reformar un proyecto que está viciado por su filosofía.

El momento más elocuente de su intervención fue cuando recordó a Zapatero que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo español. «Nadie le habla de igual a igual al pueblo español», afirmó el líder del PP, subrayando que no se pueden blindar «ni los ríos ni las competencias» ante la soberanía nacional.

Rajoy le ofreció tres alternativas a Zapatero: la no admisión a trámite del Estatuto, su tramitación como reforma constitucional o un pacto entre los dos grandes partidos para redactar un nuevo Estatuto constitucional. Pero, como era previsible, Zapatero no tomó en consideración ninguna de las tres opciones.

Al líder del PP ya sólo le queda hacer oír su voz en la discusión parlamentaria del Estatuto, en la que participará pero sin votar ninguna de las propuestas del PSOE y sus aliados, según sugirió ayer cuando aseguró que no participará en «remiendos». Es una posición que salvaguarda el respeto a la institución parlamentaria con la denuncia del despropósito que está a punto de consumarse. La tibieza de Zapatero confirma los peores temores de Rajoy, que fue el único dirigente político que alzó la voz contra este disparatado Estatuto.