ESQUIZOFRENIA LINGÜISTICA

 

  Editorial de   “El Mundo” del 13.01.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

 

Zapatero aseguró ayer que la inclusión del «deber» de hablar catalán en el Estatuto no tendrá ninguna consecuencia práctica, ya que no se podrá sancionar a quien no lo hable, como sucede con los ciudadanos de nacionalidad española que no saben castellano.

El argumento de Zapatero es un sofisma porque ya se está sancionando en Cataluña a las empresas y comercios que no rotulan sus productos en catalán o a los profesores que tratan de enseñar en castellano.Que el Estatuto incluya expresamente ese «deber» servirá para avalar la política que ya se está haciendo y para dar cobertura a futuros atropellos.

El Gobierno ha recurrido al concepto de «deber impropio», que, en términos jurídicos, significa una obligación cuyo incumplimiento no tiene consecuencias. Pero sí las tiene porque la inclusión del término «deber» permitirá que el Parlamento catalán apruebe leyes coercitivas y punitivas contra el uso del castellano. Zapatero asegura que esto no va a suceder jamás, pero sus garantías no son creíbles porque será el Parlamento catalán quien desarrolle con nuevas normas el marco estatutario que ahora se promulgue.

La realidad es que las enmiendas pactadas por el PSOE y los nacionalistas introducen al menos siete cambios sustanciales -como EL MUNDO analiza hoy- sobre el vigente régimen lingüístico que Zapatero se ha comprometido a respetar. Para ser coherente, el presidente tendría que rectificar esos puntos que suponen un importante salto en la política de normalización, o sea, de marginación del castellano.

EL MUNDO publica hoy también un informe del Gobierno en el que se afirma que no existe desplazamiento del castellano por el catalán, que el nuevo Estatuto garantiza la libertad de opción de lengua a todos los catalanes, que no se altera el régimen lingüístico vigente y que se establecen garantías de que nadie sufrirá discriminación por razones de idioma. Ninguna de esas afirmaciones se sostiene ante el texto de un Estatuto que impone el catalán en la enseñanza, las Administraciones Públicas y los medios de comunicación.

Consciente probablemente de su error al aceptar las pretensiones nacionalistas en materia de lengua, el Gobierno ha querido compensarlo con la orden del Ministerio de Defensa de que todos los militares hablen única y excusivamente en castellano en todo el territorio nacional.

La orden provocó ayer una reacción furibunda de ERC y BNG, que presentaron una batería de interpelaciones parlamentarias y criticaron al ministro José Bono. Los nacionalistas no tienen credibilidad porque denuncian lo que ellos están haciendo: imponer una lengua sobre otra. Pero es cierto que la orden de Defensa es innecesariamente excluyente, lo que revela cierta esquizofrenia del Gobierno en esta materia.