ZAPATERO PACTA CON CIU A COSTA DEL CONSENSO Y LA SOLIDARIDAD

  Editorial de   “El Mundo” del 23.01.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

Este fin de semana ha supuesto un punto de inflexión en la legislatura y en la estrategia política de José Luis Rodríguez Zapatero.El presidente del Gobierno ha alcanzado un acuerdo con CiU que le basta para sacar adelante un nuevo Estatuto para Cataluña en el Congreso de los Diputados y someterlo, con total tranquilidad, a referéndum en dicha comunidad autónoma. En este sentido, la advertencia de Carod-Rovira de que lo pactado «es insuficiente» sólo contribuye a incrementar la preocupación en la medida en que si ERC se suma será siempre a costa de nuevas concesiones.

En términos políticos, el acuerdo genera una dinámica en la que se pretende blindar una mayoría parlamentaria que haga prácticamente imposible al PP volver al poder. Es verdad que se percibe el germen de un conflicto entre los partidos catalanes y que en el propio PSC existe malestar por el protagonismo otorgado por Zapatero a Artur Mas. Lo ocurrido incrementa sus posibilidades de arrebatar a Maragall la Generalitat y abre un horizonte en el que CiU puede volver a ser el socio estable del PSOE, como lo fue en las últimas legislaturas de González y en la primera de Aznar. Sin embargo, esas tensiones quedan eclipsadas por la voluntad común de aislar al PP. A menos que el trámite parlamentario permita su incorporación, lo cual parece poco probable, el acuerdo de Zapatero con los nacionalistas catalanes consuma la ruptura de la regla tácita de la Transición según la cual toda reforma que afecte al modelo de Estado debe contar con el respaldo de los dos grandes partidos nacionales. Zapatero se convierte así en el responsable de liquidar el llamado consenso o pacto constitucional, uno de los logros más importantes de la Historia reciente de España.

De hecho, todo hace pensar que acabar con ese consenso ha sido parte fundamental de la estrategia del Gobierno. Zapatero ha hecho concesiones de toda índole a Cataluña a costa del interés general para garantizarse el apoyo político tanto de los nacionalistas catalanes como de otras formaciones de la misma ideología que quieran imitar esta operación en sus respectivas comunidades, redundando en el aislamiento del PP, al que no le bastará con ser la lista más votada para gobernar.

Espiral de reivindicaciones

En cuanto a los términos del acuerdo, son menos graves de lo que hubiera supuesto la aprobación del texto remitido por el Parlamento catalán. El nuevo Estatuto se ha redactado con habilidad para soslayar los elementos más flagrantes de inconstitucionalidad.Ahora bien, esto no quiere decir que no los haya -cabe destacar por su enorme gravedad el atropello que para las libertades individuales supone el deber de conocer el catalán-, ni que esa calculada ambigüedad vaya a servir para cortar la espiral de reivindicaciones nacionalistas. El propio Mas se encargó de pinchar esa burbuja al advertir de que CiU «nunca renunciará» a conseguir el Estatuto aprobado en Barcelona, y ERC ya ha dejado muy claro que por «cuatro reales» no pacta y que seguirá dando batalla. «Hoy me siento más independentista que nunca», declaraba ayer Carod.

El problema es que no son «cuatro reales» sino muchos más los cedidos en el Estatuto, y que los cambios en la definición de Cataluña son de por sí significativos. La fórmula escogida para denominar a Cataluña constituye todo un «salto adelante», por utilizar las palabras de Mas, para las reivindicaciones nacionalistas.Es verdad que el preámbulo no dice explícitamente que Cataluña sea una nación. Pero sí incluye que el Parlamento catalán la ha definido de esta manera, lo cual equivale a colocar una señal luminosa que servirá de estrella de Oriente al futuro caminar hacia la patria prometida de ese «pueblo catalán» invocado por los nacionalistas. Y también se ha tergiversado el sentido del artículo 2 de la Constitución para otorgar a Cataluña la condición de «realidad nacional», dejando un margen para la interpretación que será aprovechado -ya lo ha sido- por quienes se empeñan en equiparar a Cataluña con España.

Un Estado hipotecado

En cuanto al ámbito de la financiación, Zapatero ha pactado con CiU a costa de la solidaridad interterritorial, que es uno de los pilares de nuestro sistema de convivencia. A la creación de una Agencia Tributaria catalana en un plazo de dos años se suman una ampliación sustancial de la cesta de impuestos cedidos que afectará a todas las comunidades, y el compromiso explícito e incluido en el propio Estatuto -extravagancia que sienta un pésimo precedente- de que en los próximos siete años el Estado invertirá en Cataluña un porcentaje equivalente al de su contribución al PIB, una cifra que asciende a 3.000 millones de euros. La solidaridad se reduce, por tanto, por dos vías. El Estado pierde recursos para compensar las diferencias entre unas comunidades y otras al ceder un mayor porcentaje de los impuestos. Y los pierde también al hipotecar una parte de los Presupuestos para cumplir sus compromisos con Cataluña, que se convierte, así, en la única comunidad que tiene garantizadas las inversiones públicas hasta 2014. En suma, el modelo de financiación se ha modificado de manera bilateral y en beneficio de las comunidades más ricas y a costa de las comunidades, y también de los ciudadanos, más pobres. Así lo demuestra lo irrelevante de la rebaja de impuestos anunciada por Solbes. El dinero que podría haber financiado recortes sustanciales de los impuestos en beneficio de todos los ciudadanos se destinará a acentuar la capacidad de dominio y clientelismo de la clase política catalana, como ya advirtió Rajoy.

Cuando llegue el momento de su debate en la comisión constitucional, EL MUNDO analizará el nuevo texto artículo por artículo, como hizo con el proyecto aprobado en septiembre, y denunciará todo aquello que suponga un retroceso en términos de la igualdad de derechos y la solidaridad interterritorial. Aunque no sea la catástrofe que salió de Barcelona, se trata de un Estatuto que no responde a los criterios de consenso e interés general. Aparte de sus consecuencias negativas directas, abre una etapa en la que el 40% de los españoles van a sentirse excluidos del nuevo proyecto colectivo. Queda por ver lo que opinan los votantes del PSOE en el resto de España.