LAS EXIGENCIAS NACIONALISTAS TOPAN CON UN FUERTE RECHAZO

 

 Editorial de "El Mundo" del 06/12/04
 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

El nacionalismo ha ido calando como una lluvia fina en el País Vasco y Cataluña desde la Transición, pero sus reivindicaciones encuentran un fuerte rechazo en el resto de España. Esta es la conclusión que se desprende de la encuesta que hoy publica El Mundo, que refleja que tres de cada cuatro españoles se oponen a las exigencias de Maragall e Ibarretxe.

El 75% de los ciudadanos interrogados se expresa en contra de que la Constitución o el futuro Estatuto establezcan que «Cataluña es una nación». De igual forma, el rechazo al plan soberanista de Ibarretxe es abrumador fuera de la comunidad vasca: lo aprueba el 17% de los encuestados frente a un 61% que lo repudia. Hay un 21% que no sabe ni contesta, por lo que presumiblemente ese porcentaje de desaprobación es bastante más alto.

En ambos casos, una amplia mayoría de españoles considera que el Parlamento español debería frenar ambas iniciativas si prosperan en el ámbito de decisión autonómico. La encuesta detecta también una similar oposición a romper la caja única de la Seguridad Social o a que las competencias del Tribunal Supremo sean asumidas por tribunales autonómicos.

El rechazo a las exigencias nacionalistas queda de relieve también en que los españoles consideran que hay que reforzar el papel de los ayuntamientos y de la Administración del Estado antes que dar más competencias a las comunidades autónomas, que administran ya más de la mitad de los recursos públicos.

Sin embargo, un 72% de los ciudadanos está a favor de una reforma de la Constitución para transformar el Senado en una cámara que represente a todas las comunidades autónomas. Y el 54% responde que nos hallamos en el momento adecuado para emprender esa reforma.

Parece evidente a la luz de estos datos que los ciudadanos están abiertos a modificaciones que supongan una actualización de la Constitución, pero rechazan cualquier exigencia nacionalista que ponga en peligro la unidad de España o que suponga privilegios de los que no gozan los demás.

Maragall propuso ayer la diferenciación entre «nacionalidades» y «regiones», de suerte que el techo competencial sería más alto para las primeras que para las segundas. El planteamiento resulta inviable, ya que agudizaría los agravios comparativos que existen.

En este contexto, la alianza de ERC con el Gobierno de Zapatero es vista con recelo por la mayoría de los españoles, que cree que el llamamiento de Carod a boicotear la candidatura olímpica de Madrid perjudicará seriamente sus posibilidades de éxito.El 59% repudia que el Gobierno haya accedido a someterse a formular la declaración sobre la lengua que le exigía el líder de ERC para apoyar los Presupuestos.

La fría estadística demuestra que hay un consenso básico entre los votantes de los dos grandes partidos, PP y PSOE, sobre el actual modelo de Estado y sobre la necesidad de mantenerse firme frente a las reivindicaciones nacionalistas. Zapatero debería ser consciente del riesgo que corre cuando asume que Cataluña es «una nación» o cuando flirtea con partidos que quieren destruir el patrimonio de los españoles.