EL DIALOGO CON ETA SOLO PUEDE VERSAR SOBRE SU DISOLUCION
Editorial de “El Mundo” del 22.05.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.
El formateado es mío (L. B.-B)
El importante anuncio realizado ayer por Zapatero en Baracaldo no debería sorprender a nadie. Hace días que desde el entorno gubernamental se estaba preparando el terreno de cara al inicio de conversaciones formales entre el Gobierno y ETA, que tendrá que ir precedido de una autorización formal del Parlamento porque a ello se comprometió hace un año Zapatero. A simple vista, sin embargo, el anuncio resulta precipitado. No porque hayan transcurrido sólo dos meses desde que ETA anunciara el alto el fuego, sino porque los acontecimientos que han tenido lugar desde entonces están lejos de acreditar la voluntad de ETA de disolverse y abandonar las armas. A los atentados de Guecho y Barañáin se añaden el rebrote del terrorismo callejero, las bravuconadas de Otegi y sobre todo la entrevista de ETA advirtiendo que si el Estado no abre una vía a sus reivindicaciones, incluidas la autodeterminación y Navarra, volverá a las andadas. En este contexto, el paso de Zapatero resulta apresurado aunque venga motivado por el dato que hoy revelamos de que existen informes que apuntan a tensiones internas en ETA. Máxime cuando el propio presidente, en la entrevista en este diario, aseguró que sólo abriría un diálogo cuando llegara a «la convicción personal de que existe una alta probabilidad de que ETA esté dispuesta a abandonar la violencia».
En todo caso, El MUNDO siempre ha dicho que este Gobierno, como los anteriores, se merece un margen de confianza a la hora de gestionar el final del terrorismo. Y también que cuanto antes cada uno de los agentes ponga sus cartas boca arriba, mejor.Aunque sea para determinar si, por este camino, existe o no la posibilidad de alcanzar el objetivo de todos los demócratas, que es la desaparición de ETA. En este sentido, deben quedar muy claros los límites, las líneas rojas, de cualquier diálogo. Las conversaciones entre el Gobierno y los terroristas únicamente pueden versar sobre tres asuntos concretos: el regreso de los exiliados, las medidas penitenciarias que se les podrán aplicar a aquellos presos etarras que muestren arrepentimiento y condenen la violencia, y el método y calendario de la entrega de las armas y la disolución de la banda. Quedan, por tanto, absolutamente excluidos los asuntos políticos, como la legalización de Batasuna o posibles cambios en el marco jurídico vasco, que tampoco -y esto es importante- pueden negociarse en las actuales circunstancias con Otegi y sus colegas.
Frente a los intentos del Gobierno de blanquear a la izquierda abertzale, es imprescindible dejar claro que Batasuna no es equiparable a Esquerra Republicana de Cataluña ni a ningún otro partido independentista radical. Hoy por hoy, es una formación ilegalizada por terrorista.Y aunque recuperara la legalidad, seguiría siendo un partido cuyos miembros han alentado, jaleado e incluso ayudado a quienes han colocado bombas y disparado en la nuca. La famosa segunda mesa que Otegi se empeña en reclamar -y que algunos socialistas vascos se muestran demasiado dispuestos a aceptar- está dentro del terreno vedado a cualquier Gobierno o partido que respete las reglas del juego de la ética y del Estado de Derecho. Como escribía ayer el director de este periódico, antes de cualquier discusión política sobre la revisión del marco legal debe producirse una verdadera reconciliación. Y eso requiere más de los «tres o cuatro años» en los que Zapatero enmarca el proceso.
El cese de la violencia no puede estar supeditado a que el Estado y la sociedad accedan a las pretensiones de los asesinos. La paz no puede tener un precio ni los terroristas un premio por dejar de matar. Ello supondría la derrota de los demócratas y sería un agravio y un insulto a las víctimas del terrorismo, a quienes Zapatero, por cierto, ha intentado tranquilizar sin éxito con el anuncio de que propondrá que se les mencione en el preámbulo de la Constitución. Se trata de un brindis al sol -la reforma de la Carta Magna se vislumbra cada vez más lejana-, y en ningún caso sustituiría a la memoria, dignidad y justicia que legítimamente reclaman las víctimas.