EL PLAN IBARRECHE Y EL PAPEL DE ESPAÑA


 Artículo de José MUÑOZ CLARES
en  “La Razón” del 31/12/2004

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)


Si el llamado Plan Ibarreche no es una iniciativa de secesión lisa y llana es sólo porque sus redactores han acabado asumiendo el inconveniente más serios de la propuesta: la independencia del País Vasco aboca necesariamente a su salida de Europa, de la Zona Euro y de las instituciones internacionales en que entró de la mano de España, y tendría entonces que ponerse a la cola de los aspirantes a Europa, detrás de Turquía, bajo amenaza del veto que eventualmente pudiera ejercer España. Para evitar el salto en el vacío que supone abandonar España/Europa han dado los vascos con una solución inspirada en la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos de América: status de libre asociación, dos estados soberanos reconocidos en el marco internacional deciden unir sus destinos de una forma limitada para dar salida a una previa dolarización e invasión económica que hacía de Puerto Rico una mera fachada de independencia.
   La propuesta falla por su base: mientras España sí es un Estado con reconocimiento internacional, Euskal Herría sigue siendo una entelequia política fragmentada en siete territorios pertenecientes a dos Estados distintos, tal como el proyecto reconoce, por más que ellos, en un salto lógico inaceptable, dan por sentado que la afirmación unilateral de existencia in pectore del Estado vasco ha de suscitar en su entorno, España y Francia incluidas, un respeto reverencial que propicie el trato de igualdad entre partes desiguales. No pretendo ser dramático pero ese punto de partida, la independencia para pactar, es asunto que distintos países hoy consolidados (Portugal, colonias latinoamericanas, los USA...) ganaron tras una o varias guerras o, en caso contrario, se obtiene por concesión graciosa del Estado de procedencia. El Proyecto Ibarreche, sin embargo, obvia el inconveniente afirmando que «el pueblo vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco», en lo que no es sino afirmación unilateral que no tiene en cuenta a España y, además, descubre la clave del asunto: la propuesta de libre asociación no es sino la forma de sortear los problemas financieros que se derivarían de la independencia absoluta cuyo coste estimado ronda el 35% del PIB vasco.
   La aspiración explícita del proyecto es la integración territorial de Euskal Herría, que no sólo se extiende a los territorios «históricos» (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa, los tres últimos situados en Francia) sino que aspira a la integración de Navarra (Nafarroa) y también, según su art. 1.2, a la futura «agregación» pactada de «... los enclaves territoriales que, estando situados en su totalidad dentro de su territorio, se manifiesten, libre y democráticamente a favor de su incorporación». Subyace una idea que, por más que se camufle como «integración» presenta inequívocos tintes imperiales de los que no se libra el burgalés y controvertido Condado de Treviño cuyos habitantes, según la página web de turismo de Álava, «...han debido sufrir una cierta esquizofrenia administrativo-política durante largos siglos: viven en medio de Álava, a 20 km de Gasteiz, pero no pueden vivir como alaveses».
   El desarrollo de esa idea provincianamente imperial lleva a los redactores a un nuevo acto de unilateralidad de enorme calado pues está prevista (art. 6) la celebración de «convenios y acuerdos de cooperación entre ambas Comunidades», en referencia a Euskal Herría y Navarra, con la obligación del «Estado» de respetarlos «no resultando, por tanto, de aplicación a dichas relaciones, lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución», que hemos de entender que es la española. El desmarque constitucional alcanza a la posibilidad de que, puenteado el art. 145 CE, puedan en el futuro los ciudadanos de ambas comunidades decidir libremente la formación de una estructura política conjunta» (art. 6.3), a cuyo fin se tendrá en cuenta la voluntad de vascos y navarros; en ningún caso se contempla que España tenga nada que decir al respecto como, igualmente, crea el Parlamento vasco, por sí y ante sí, una nueva sala del Tribunal Constitucional (art. 16, Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado) cuyas competencias se extienden a «...dirimir la afectación al autogobierno vasco de las Sentencias recaídas en procesos en los que no hayan sido parte» con capacidad de discutir la aplicabilidad en Euskal Herría de tales sentencias, estableciendo además el apartado 5º que otro artículo de la Constitución, en este caso el 161.2 (que prevé la suspensión cautelar de las resoluciones recurridas ante el Tribunal Constitucional) no tendrá vigencia en Euskal Herría. Finalmente, baste con la mención del art. 26 («La organización judicial vasca culminará en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi...») para que entiendan que el Proyecto Ibarreche no es otra cosa que una propuesta de constitución independentista que, curiosamente, sólo reserva al Estado Español competencias en materia de Defensa y, limitadamente, en Asuntos Exteriores, para que entiendan que lo que verdaderamente se propone es una secesión en toda regla por la vía de adaptar la Constitución española a los particulares intereses de los nacionalistas, dejando en manos de España sólo aquéllos servicios e instituciones que supondrían una carga económica insoportable para una nación recién advenida a la categoría de Estado. Los nacionalistas vascos parten de una inquietante consideración: España estará dispuesta a cualquier sacrificio de su dignidad con tal de mantener a las antiguas Vascongadas dentro de su territorio. Frente a ello, a nosotros nos toca dejar a este país a una altura de dignidad incompatible con el ninguneo a que nos vienen sometiendo, cuya manifestación paroxística sería esa enloquecida solicitud de que busquemos un nombre para que la selección española de hockey compita en el ámbito internacional sin interferir la marcha de la selección catalana.
   Parten los nacionalistas de que España está en disolución/liquidación y, en tal contexto, las iniciativas catalana y vasca no son sino el preludio del sálvese quien pueda final que conducirá a la desmembración del país en favor de los territorios fragmentados de los que procedemos tanto nosotros como nuestros socios europeos; la pérdida de cualquier idea de cohesión, claramente evidenciada en las querellas interterritoriales por el agua de los ríos otrora de España, supone un anticipo de la vuelta a taifas; un humorista lo señaló hace poco en su viñeta: el tren del futuro (por el de Ibarreche) ha partido desde el Siglo XXI y no parará hasta bien entrado el siglo XII.
   Dejando de lado el disparatado recurso al art. 8 de la Constitución (esperemos que no sean los propios vascos quienes desde la trinchera de enfrente den lugar a su actualización práctica), algo habrá que hacer pues el rechazo del plan por la cámara vasca no corta el camino, al contrario, a una futura alianza nacionalista, sobre todo si, como resulta previsible, los radicales acaban rompiendo amarras con ETA por pura extinción de ésta. ¿Habrá para entonces algún político español que se deje de lindezas pactistas y asuma la iniciativa de una respuesta por lo menos digna contra este despropósito? Porque españoles, por lo visto, sólo quedamos cuatro: Arturo Pérez-Reverte, el maestro de gramática don José Perona, José Antonio Martínez-Abarca y yo mismo; el resto, a lo que parece, es carne de cañón equidistante, presa de esa parálisis intelectual que, bajo capa de corrección (y por razones históricas que desbordan la extensión de este texto), hace «incorrecto» que alguien se manifieste sobre algo tan indiscutible como es la esencia y existencia de España desde antes de que estos secesionistas recién advenidos hubieran considerado la idea de su secesión.
   A mí, el Plan Ibarreche no es que me parezca mal sino que me parece cumplidamente interesado, constitucionalmente inviable y, desde luego, desventajoso para una España a la que sólo reservan el papel (el papelón, habría que decir) del cornudo «consiente» y, a mayor abundamiento, apaleado.
   
   
   José Muñoz Clares es ex miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia