EN FRANCA REBELDÍA

Artículo de Alejandro Muñoz Alonso en “El Imparcial” del 19 de enero de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

Es impresionante el ritmo al que este país está dejando de ser un Estado de Derecho ante la impasibilidad o la impotencia de quienes deberían poner coto a tanto desmán impune. No vamos a hablar ahora de la penosa situación del ya imposible de llamar “Poder Judicial” ni de la inoperancia del CGPJ sordo y mudo ante las demasía de algún juez que más bien parece uno de aquellos rancios señores de horca y cuchillo que hacían ley de su capricho. Tampoco del desparpajo de una Fiscalía General que ha dejado de tener a la ley como criterio de actuación, sustituida por la solícita atención a las veleidades del Ejecutivo. De esas y de otras intemperancias se ha hablado mucho con nulos resultados. Pero que desde esas posiciones de poder se amparen, por ejemplo, sistemáticas filtraciones de sumarios teóricamente secretos o graves atentados al derecho de defensa, incluidas escuchas telefónicas claramente ilegales, son serios índices de que las exigencias del Estado de Derecho han dejado de regir las actuaciones de una buena parte de quienes tienen en sus manos la administración de justicia. Por no hablar de esa doctrinas, jamás rectificadas, que consideran no sólo normal sino deseable que las togas de los magistrados se manchen “con el polvo del camino” o que se integren en las instituciones a los cómplices de los terroristas para evitar supuestos “Guantánamos electorales”.

Otro atentado, aún más grave, al Estado de Derecho es ese asunto que es conocido en la crónica periodística como el caso del Faisán cuya escandalosa peripecia es tan bien conocida por la opinión pública que no hace falta volver sobre ella. Lo que es evidente es que en un Estado que no esté bajo mínimos en el respeto a la ley y a sí mismo semejante depravación no puede quedar sin investigar a fondo. Si el Estado de Derecho significa todavía algo en España no puede dejarse impune y echar tierra encima de unas conductas que tienen todas las características de un delito de colaboración con banda armada por no hablar del hedor de alta traición que desprende todo aquello. Y si fuera verdad que quien tiene la responsabilidad de ese sumario lo está utilizando como palanca al servicio de intereses personales o como amenaza hacia quienes podrían pasarle algún tipo de factura, entonces tendríamos que concluir que no queda rastro de Estado de Derecho, pero tampoco ni el menor atisbo de vergüenza. Y tendríamos que volver a aquella frase tan citada de San Agustín según la cual cuando desaparece la justicia —que en su época era el equivalente del Estado de Derecho- los reinos se convierten en magna latrocinia, esto es en “grandes compañías de ladrones”, según el uso que de esa palabra hacía Cicerón.

Todo lo anterior es grave pero no agota las polacadas (DRAE: “Acto despótico o de favoritismo”) que se vienen cometiendo en una región española, Cataluña, por quienes allí tienen una autoridad que no tiene más fuente ni más legitimidad que la que les da la Constitución española de 1978. El bochornoso editorial conjunto, propio de república bananera y la carta del presidente de la Generalidad catalana llamando a la rebelión cívica para el caso de que el TC produzca una sentencia que lime algunos de los patentes excesos del estatuto no tiene precedentes en ningún Estado democrático, al menos en la órbita europea. Y no sabe uno de qué sorprenderse más si de los excesos de quien allí es el máximo representante del Estado o de las propias autoridades centrales empeñadas en justificar lo injustificable. Unos y otros han jurado (¡perdón, “prometido”!) guardar y hacer guardar la Constitución, pero, de hecho, se la pasan por el arco de triunfo. Y sin ella quedan a la altura de los agustinianos bandidos. Pero, ¿cómo sorprenderse cuando esos mismos son los que redactaron e hicieron aceptar a sus dóciles y apesebrados seguidores —bajo el impulso del jefe de todos ellos- un texto que cualquier experto en Derecho constitucional considera netamente contrario a la letra y al espíritu de la Constitución del 78?

Cataluña -la Cataluña oficial, porque es seguro que quedan en la sociedad catalana reservas suficientes de sensatez- está en franca rebeldía víctima de ensoñaciones soberanistas que no tienen la menor razón de ser no sólo desde el sentido común sino desde el más elemental sentido jurídico. Y la cosa no es de ahora. Toda la cuestión de la lengua es un máximo ejemplo de esta rebeldía contra el sistema constitucional. El artículo 3 de la Constitución ha sido violado allí sistemáticamente desde hace tiempo tanto en cuando afirma respecto del castellano, “lengua española oficial del Estado”, que “todos los españoles tiene el deber de conocerla y el derecho a usarla”, como cuando se refiere a las demás “lenguas españolas” que serán también oficiales EN las respectivas Comunidades Autónomas”. Este precepto —situado en uno de los títulos más importantes del texto constitucional, especialmente protegido ante su hipotética reforma- se ha convertido en papel mojado ante la incuria y la complicidad del Gobierno del Estado Y ya es de risa, pero también de pena, que los senadores nacionalistas quieran convertir a todas las lenguas co-oficiales en algunas regiones españolas en lenguas de trabajo de la Cámara Alta. Seguramente el partido del Gobierno se opondrá por razones de tipo financiero, pero se callará las razones de principio que exigen el rechazo, aunque resultara gratis, de semejante absurda pretensión.