Artículo de Ramón Pérez-Maura en “ABC” del 01 de septiembre de 2009
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
web
Rodríguez
Zapatero se ha puesto al frente de la manifestación de las repúblicas
bolivarianas chavistas en uno de los casos más penosos de la diplomacia
española desde que ésta es tal. Se trata de la crisis hondureña. El último
gesto, en pleno mes de agosto, ha sido el de retirar el placet
al embajador hondureño en Madrid, medida despachada sin pena ni gloria en los
medios de comunicación estivales. La iniciativa se tomó por el irregular
procedimiento de involucrar a la Organización de Estados Americanos, algo que
quizá fue pactado con el caído presidente Zelaya y con la propia organización,
pero que desde luego no está tasado y difícilmente puede considerarse ortodoxo.
Así,
la diplomacia española ha abierto una espita en nuestras relaciones
bilaterales. Porque en diplomacia se reconoce regímenes o no. España estaba en
su derecho de romper relaciones bilaterales con el Gobierno de Tegucigalpa. Hay
ocasiones en que se mantiene relaciones con regímenes caídos intentando
prorrogar una legitimidad ficticia. Un ejemplo puede ser cómo Taiwán mantuvo
durante décadas la legítima representación del continente chino mientras muchos
negaban esa capacidad al gobierno comunista instalado en Pekín. Pero al final,
negar la realidad es perfectamente inútil. Como es lógico, hoy la inmensa
mayoría de los países reconocen a la República Popular China.
En el
caso de Honduras la diplomacia de Miguel Ángel Moratinos ha sentado un
precedente notable. No hemos roto relaciones diplomáticas, pero sí hemos
desacreditado al embajador reconocido. Y lo hemos hecho a instancias de un
régimen que podríamos denominar unipersonal. Porque todas las instituciones
constitucionales hondureñas respaldan al gobierno del presidente Micheletti y ni una sola al depuesto presidente Zelaya. Mel Zelaya no tiene más régimen que el que a buen seguro le
habrá diagnosticado su endocrino y el que le quiere otorgar Zapatero. Por más
que España y los bolivarianos se empeñen en proclamarlo la autoridad
constitucional del país, la realidad incontestable es que el pasado mes de
junio el Ejército hondureño se limitó a cumplir una orden del Tribunal Supremo
que ordenaba el arresto del presidente por violar el artículo 239 de la
Constitución que establece que cualquier jefe del Estado hondureño que promueva
su reelección automáticamente perderá los privilegios de su cargo. El Congreso,
casi de forma unánime, y el Poder Judicial respaldaron al Tribunal Supremo.
Pero la España de Zapatero y Moratinos está por encima de la democracia que
dice defender. En Honduras encarna la democracia no las instituciones si no la
persona que ellos digan.
Desde
que Exteriores filtró la noticia de la expulsión del embajador hondureño hemos
aguardado con ansiedad nuevas filtraciones sobre la avalancha de países que,
sin duda, seguirán el ejemplo paradigmático ideado por Zelaya y Zapatero.
¿Cuánto tardaremos en saber que son docenas los embajadores hondureños en todo
el mundo -o al menos la media decena que tienen en la Unión Europea- que han
sido desposeídos del plácet que les otorgaron los estados ante los que están
acreditados? En tiempos de canícula es mejor buscar la sombra para estos
menesteres de la espera.
El
papel de España en una crisis como la que perdura en Honduras debió ser el de
intentar mediar entre las partes. En lugar de eso, el Gobierno español se
precipitó a retirar a su embajador. Los meses pasan y Zelaya y Zapatero siguen
abrazados a los dirigentes bolivarianos en contra de la democracia, pero casi
nada parece moverse.