EL PROBLEMA ES EL ESTATUTO

Artículo de Miquel Porta Perales
en “ABC” del 25 de julio de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que
sigue para incluirlo en este sitio web.

EL Govern -también el partido
mayoritario de la oposición en Cataluña- está descontento con la propuesta de
financiación -«decepcionante, insuficiente y preocupante», dijo el consejero
Antoni Castells- de las Comunidades Autónomas de
Pedro Solbes. El Govern y CiU arguyen que tal
propuesta «incumple» el Estatuto. Y el caso es que tienen su parte de razón,
porque lo avanzado por el ministro elude la letra del Estatuto. ¿Dónde está el
problema? Si se relee el Estatuto, si se piensa que España es un Estado
fundamentado en la solidaridad y cohesión interterritoriales, la respuesta es
la siguiente: el problema está en un Estatuto que establece la creación de un
«órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la
Generalitat en el ámbito de la financiación del Estado», que especifica los
tributos cedidos, que señala que la inversión del Estado en Cataluña en
infraestructuras «se equiparará a la participación relativa del producto interior
bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un
período de siete años». Lo cual significa que la Generalitat se relaciona de tú
a tú con el Estado y que una comunidad rica como Cataluña recibe más recursos
que otra igualmente rica o menos rica. Cosa que, políticamente hablando,
implica la protesta de las otras Autonomías. Unas Autonomías que, de prosperar
lo que instituye el Estatuto, se plantearían las siguientes cuestiones: ¿por
qué nosotros no podemos mantener también una relación bilateral con el Estado
para ver si así logramos obtener más recursos de lo que correspondería en
virtud del régimen general de financiación autonómica? ¿Por qué -se
preguntarían las Autonomías ricas- nuestra inversión en infraestructuras no se
relaciona también con el PIB y así, probablemente, obtendríamos más recursos
que las Autonomías menos ricas? Si la inversión en infraestructuras de Cataluña
se hace en relación al PIB, si el método llega a prosperar para todas las
Autonomías, ¿cuánto dinero quedará -se preguntarían las Autonomías menos ricas-
para nosotros y nuestras necesidades? A ello hay que añadir un par de
realidades. En primer lugar, el Estatuto de Cataluña se ve limitado por La Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En segunda lugar, los
recursos del Estado -especialmente en la actual coyuntura de crisis como la
actual- son limitados.

Establecida la dificultad legal, política y económica del
cumplimiento del Estatuto en materia de financiación, conviene preguntarse dos
cosas. Primera pregunta: ¿por qué ocurre lo que ocurre? Segunda pregunta: ¿y
ahora qué? Primera respuesta: ocurre lo que ocurre por la irresponsabilidad y
las ensoñaciones de unos políticos catalanes que impulsaron un Estatuto de
difícil observancia y por la irresponsabilidad y el oportunismo de unos
políticos españoles que prometieron lo que no podían prometer ni cumplir.
Segunda respuesta: la solución pasa por la negociación y el acuerdo
multilateral de todas las Autonomías según unos criterios de financiación ya
existentes que tienen poco en cuenta lo que dice un Estatuto que es y será una
fuente de problemas sinnúmero.