PACTO DE ESTADO POR LA CONVIVENCIA Y EL
CONSENSO CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA
Propuesta por el PP al Gobierno en Madrid, el 14 de enero de 2005
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
· La Constitución de 1978 nace de la voluntad democrática de todos los españoles y lo hace precisamente para garantizar la convivencia democrática, en libertad, justicia y solidaridad.
La Constitución da respuesta a los valores y a las inquietudes compartidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos de toda España. Nacía en 1978 como el producto de un esfuerzo colectivo por construir un lugar de encuentro de tendencias políticas, territoriales o sociales en otros tiempos enfrentadas.
Porque nuestra Constitución es, por encima de todo, un Pacto, el fruto de un consenso. Fue expresión de una voluntad de concordia democrática.
De una voluntad de construir un espacio de convivencia en libertad; un gran proyecto de futuro en paz, dándonos entre todos y para todos unas reglas de juego que, no siendo expresión de ninguna ideología concreta, lo podrían ser de todas ellas.
La Constitución nos ha dado los instrumentos para ganar en prosperidad y bienestar, y fortalecer nuestro lugar en Europa y en el mundo. En estos años, gracias al esfuerzo de los ciudadanos y a la labor responsable de los dirigentes políticos, hemos sabido construir una sociedad democrática de las más avanzadas del mundo.
· Uno de los mayores aciertos del gran pacto de 1978 fue la articulación territorial del poder político, mediante un acuerdo que fue la síntesis de las distintas formas de ver y entender España y que se ha
demostrado enormemente eficaz. Los españoles acordamos que España, la nación más vieja de Europa, se configurara como una nación plural, en el respeto a los hechos diferenciales de las distintas nacionalidades y regiones en las que había tradiciones, lenguas, derechos distintos…, dignos de garantía y protección, preservando a la vez la igualdad entre todos los ciudadanos.
La Constitución ha posibilitado un proceso descentralizador que ha superado con mucho las expectativas que podían tener la mayor parte de los actores y observadores de 1978.
Este proceso ha permitido acceder a unos niveles de autogobierno que colocan a España entre los países del mundo más descentralizados. Esta autonomía no sólo se manifiesta en el porcentaje de gastos e ingresos que gestionan las Comunidades Autónomas, sino también por la trascendencia para el conjunto de la sociedad de las competencias que han hecho propias.
· El modelo territorial pactado en nuestra Constitución, con arreglo al principio dispositivo, permitía a las distintas nacionalidades y regiones acceder libremente a su autonomía, así como fijar las competencias que asumía su gobierno, a través de la aprobación de un Estatuto de Autonomía.
Al igual que nuestra Constitución, los Estatutos de Autonomía no lo fueron de un partido político, sino que fueron suscritos por la inmensa mayoría. Y han ido modificándose y perfeccionándose desde entonces con grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas.
No ha habido ninguna iniciativa ni reforma estatutaria que no se haya pactado, al menos, entre los dos grandes partidos nacionales. Así ocurrió con los acuerdos autonómicos de 31 de julio de 1981, firmados por el Gobierno de UCD y el PSOE, los Acuerdos autonómicos de 28 de febrero de 1992, entre el Gobierno del PSOE y el PP o los pactos cerrados en 1996 entre el Gobierno del PP y el PSOE.
Y así es como debería hacerse en el futuro. Nuestra Constitución y nuestros Estatutos de Autonomía lo son de todos los españoles. Cualquier reforma constitucional debe contar, como mínimo, con un nivel de apoyo similar al de su aprobación en 1978.
Y cualquier reforma estatutaria debe abordarse con el acuerdo más amplio de las fuerzas políticas que gobiernan en nuestro país, porque de este modo un mayor número de ciudadanos estará dando su consentimiento y apoyo a las reformas del marco de convivencia de todos los españoles.
· Durante las últimas legislaturas la colaboración sincera entre el PP y el PSOE permitió alcanzar grandes acuerdos para el futuro de España.
Fue el sentido de Estado el que inspiró el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.
BASES DEL PACTO
1. El Partido Popular propone la celebración de un Pacto de Estado para renovar el espíritu de consenso y dar estabilidad y fortalecer las bases esenciales de nuestra convivencia democrática, como son:
a) La unidad de la Nación Española
b) La soberanía del conjunto del pueblo español.
c) El modelo de Estado Autonómico, que garantice la igualdad entre españoles, la solidaridad interterritorial y el mantenimiento de un Estado viable con capacidad de ejercer eficazmente las funciones de un Estado moderno.
2. Los partidos firmantes del Pacto se comprometen a aceptar únicamente las reformas estatutarias que supongan una mejora para los ciudadanos, se enmarquen en el respetuoso desarrollo de la Constitución y nazcan del consenso tanto de las fuerzas políticas de la Comunidad Autónoma como del acuerdo del Gobierno y la oposición.
De acuerdo con este Pacto, cualquier reforma estatutaria se llevará a cabo con el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, tal y como se ha hecho hasta ahora, buscando asimismo el apoyo de las restantes fuerzas políticas a fin de que tenga el máximo respaldo social.
3. Ambas formaciones políticas se comprometen a apoyar la estabilidad del Gobierno de la Nación que pudiera verse amenazada por la aplicación de los criterios contenidos en este Acuerdo.
PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UN ACUERDO
Ambos partidos acuerdan constituir una Comisión para la negociación y la concreción de estas bases de acuerdo, compuesto por tres miembros de cada formación política y el Gobierno.
La primera cuestión que se abordará por la Comisión a que se refiere el párrafo anterior será la elaboración de una respuesta conjunta al Proyecto para un Estatuto Político de Euskadi, conocido como “Plan Ibarretxe”. A estos efectos, se estudiarán las medidas que se contienen en el Anexo de este Acuerdo y cualesquiera otras que puedan plantearse.
ANEXO
Ambos partidos coinciden en que sólo aunando la fortaleza de las dos grandes formaciones nacionales, mostrando sus convicciones comunes y su determinación de actuar conjuntamente es posible hacer frente a retos como el que supone para nuestra democracia el “Plan Ibarretxe”.
El PP y el PSOE darán una respuesta conjunta a este Plan, que englobará todas las medidas, tanto políticas, legales como judiciales, que el Estado de Derecho prevé frente a los que vulneran la Constitución y el marco de convivencia.
Ambos partidos consensuarán una estrategia común de respuesta al Plan, tanto en el Congreso de los Diputados y otras instancias políticas, como ante nuestros Tribunales.
Ambos partidos están de acuerdo en que no hay negociación posible del “Plan Ibarretxe”, que ha sido apoyado por ETA y que ofende al conjunto de los ciudadanos y, muy especialmente, a las víctimas del terrorismo.
Este Plan nació como una imposición unilateral del Gobierno vasco, que se presenta como un texto cerrado que el Lehendakari se ha comprometido a consultar en referéndum ilegal a la sociedad vasca, cualquiera que sea el
resultado de su debate en las Cortes Generales.
Es una propuesta ilegal en su forma, pues encubre una reforma íntegra de las bases más esenciales de nuestra Constitución. Inconstitucional en su contenido, ya que es contrario en más de un centenar de motivos a nuestra
Constitución. Y separatista en su finalidad, que no es otra que la ruptura de España.
El Partido Popular propone, entre otras, las siguientes medidas:
1.- Recurrir ante el Tribunal Constitucional, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 161. 2 de la Constitución Española, la Propuesta por un nuevo Estatuto Político en Euskadi, conocida como Plan Ibarretxe.
2.- Inadmitir a trámite en la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta aprobada por el Parlamento Vasco.
3.- Retirar la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que derogaría los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis, hoy en trámite de enmiendas ante el Congreso de los Diputados.
4.- Instar a la Fiscalía General del Estado a que dé instrucciones al Fiscal competente para adherirse al recurso contra el auto de archivo de la querella presentada contra Juan María Atutxa y otros por delito de desobediencia, conocida como “caso Atutxa”.
5.- Convocar de inmediato la Conferencia de Presidentes.
6.- Celebrar al inicio de este periodo de sesiones el Debate sobre el Estado de las Autonomías.
7.- Estudiar las modificaciones necesarias para que la aprobación y la modificación de los Estatutos de Autonomía requieran mayoría de 2/3, tanto en los Parlamentos Autonómicos, como disponen, entre otros, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Galicia, como en las Cortes Generales.
8.- Favorecer la gobernabilidad de las Instituciones Alavesas.