DOS LARGOS AÑOS PERDIDOS

Informe de Victoria Prego en “El Mundo” del 19 de julio de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

Con un breve comentario al final:

INCAPACIDAD TOTAL Y DERRUMBE DEL SISTEMA

Luis Bouza-Brey (19-7-09, 9:00)

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no se ha empezado a preparar seriamente hasta hace un año. Desde julio de 2006, cuando el PP presentó ante el TC un recurso de inconstitucionalidad, hasta la primavera de 2008, el Estatut ha estado durmiendo el sueño de los justos en la sede del Alto Tribunal. Dos años y medio en barbecho.

Algunos magistrados como Vicente Conde insistieron machaconamente desde el comienzo en la urgencia de abordar lo que consideraban una cuestión de Estado de la máxima trascendencia. Pero durante 20 largos meses no se produjo ningún movimiento serio en esa dirección. Por entonces el «equilibrio» entre los calificados por la prensa como progresistas o conservadores era favorable a estos últimos después de que el TC hubiera aceptado recusar a Pablo Pérez Tremps y apartarlo de las deliberaciones.

Las frecuentes declaraciones que la presidenta del TC, María Emilia Casas, hacía en privado en esos años insistiendo en que el tema del Estatut era su prioridad e iba a ser abordado con la máxima urgencia no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de los hechos. Ni en 2006 ni en todo 2007 se abordaron los recursos.

No fue hasta abril o mayo de 2008 cuando Casas dio por fin la orden de ponerse a trabajar de verdad en el tema. Para entonces la relación de fuerzas en el seno del tribunal se había equilibrado de nuevo, aunque por un trágico motivo: la muerte de Roberto García-Calvo -juez del Tribunal Supremo-, uno de los más radicales defensores de la tesis de que el Estatuto de Cataluña era inconstitucional en su espíritu y en su articulado.

A partir de mayo, pues, se cambian los ritmos, se pisa el acelerador y se encarga a varios letrados que se ponen a trabajar en un proyecto de sentencia. Elisa Pérez Vera es designada ponente y, por tanto, ella es la responsable de todos los proyectos, incluido este último que ha desatado la caja de los truenos y ha roto los delicados consensos trabajosamente tejidos en los últimos meses.

No podría decirse que Pérez Vera, acérrima defensora de la plena constitucionalidad del Estatut, esté entre los magistrados con más peso e influencia de los que componen el Constitucional. Mucho más prestigio y más peso, con enorme diferencia, tiene la propia presidenta, María Emilia Casas, a la que se considera inteligente y culta aunque, eso sí, muy poco dada a asumir un perfil rotundo en sus posiciones.

Casas quiere salir de este trance sin que se le pueda reprochar el haber influido descaradamente en el sentido de la sentencia. Por eso de ningún modo estará dispuesta a deshacer con su voto de calidad un hipotético empate entre quienes quieren endurecer la resolución de fondo y fijar con mayor claridad los preceptos inconstitucionales y quienes prefieren suavizar el fallo y garantizar las competencias del Estado sin hacerle sangre al Gobierno. Lo que sí es competencia suya, y por lo tanto su responsabilidad, es la administración de los tiempos y del ritmo del trabajo. Ella será quien diga cuándo se vota, pero no lo hará hasta que se asegure de que el panorama está claramente despejado. Y ya ha dicho que no tiene ninguna prisa.

Entre quienes suman hasta ahora los cinco votos favorables a la sentencia interpretativa que se estaba pergeñando, no todos están dispuestos sin embargo a comulgar con según qué ruedas de molino. Y, de entre ellos, el más sólido es Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y reconocido como una de las mejores cabezas en su especialidad. Aragón, del que se habla como próximo presidente del TC, ha criticado ácidamente el tercer proyecto de sentencia y, junto a Pascual Sala, lo ha hecho tambalear hasta hacerlo inútil. El quinto voto en principio favorable a esta sentencia ambigua es el de Eugeni Gay, el único abogado, considerado por los defensores del Estatut como un voto seguro, aunque él lo discuta a veces.

En el lado contrario, y nulamente dispuesto a respaldar una resolución interpretativa ni manipulativa, lo cual significa que es uno de los cuatro votos negativos con que en principio podría salir la sentencia, está Javier Delgado, ex presidente del Supremo, y otra de las grandes cabezas jurídicas del Tribunal. A pesar de encontrarse enfermo, jamás ha faltado a los plenos en los que se ha discutido el Estatut y siempre ha mantenido la misma posición. Él, junto a Vicente Conde y a Jorge Rodríguez Zapata -ambos jueces del Supremo- quieren llevar al fallo y establecer en él con total claridad cuáles de los artículos han de ser declarados inconstitucionales.

Perteneciente también al sector conservador, el catedrático Guillermo Jiménez había suavizado su posición y estaba ya dispuesto a votar a favor de una sentencia que, aunque disimulada en las formas, garantizara la plena protección de los intereses del Estado. Un poco más atrás, pero en la misma línea, se había situado Ramón Rodríguez Arribas, así que María Emilia Casas acariciaba ya una sentencia claramente favorable al Estatut aunque escondiera grandes dosis de truco. Ahora la ponente tiene que volver a empezar. Pero ya no es tan seguro que los votos sigan estando en el mismo lugar en el que estaban.

Breve comentario final:

INCAPACIDAD TOTAL Y DERRUMBE DEL SISTEMA

Luis Bouza-Brey (19-7-09, 9:00)

Se puede aceptar o no la versión de Victoria Prego sobre la evolución de la situación interna del Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia del Estatuto de Cataluña. Pero el hecho objetivo es que la opacidad de la información y la variedad de versiones sobre ella no pueden ocultar el trance de la inoperancia de este Tribunal Constitucional, ante la cuestión de constitucionalidad más importante que se le ha planteado a lo largo de su historia. Y no se puede negar, tampoco, que la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dañado gravemente otra de las instituciones fundamentales del sistema diseñado en la Constitución, como es el Tribunal Constitucional.

El Gobierno del PSOE, presidido por Rodríguez Zapatero, ha destrozado el sistema democrático, violado la Constitución, roto el modelo de Estado, destruido el Tribunal Constitucional, alimentado la crisis económica y social, demolido el sistema educativo y burlado y desprestigiado la democracia. Y los españoles, en lugar de mandarlo a su casa, le renuevan la confianza, permitiéndole continuar con el destrozo aberrante del país.

Pues bien, este Tribunal Constitucional carece ya de autoridad y legitimidad para seguir operando y debería ser sustituido, pero ni el PSOE, abducido por Rodríguez Zapatero, ni el PP, con su política de medias tintas y debilidad frente al desastre gubernamental y la traición a la Constitución, ni la mayoría de los españoles, incapaces de asumir la responsabilidad de defender la democracia, van a dar respuesta y salida a la violación y descomposición del sistema democrático que se está produciendo.

Vamos camino de una crisis radical de la democracia en España, por incapacidad de sus actores políticos e instituciones para sostenerla y defenderla, por lo que, paradójicamente, la opción más razonable que les queda a los ciudadanos conscientes es desear que el desastre se produzca cuanto antes, dado que la Regeneración del sistema no es posible, y va a ser necesario, inevitable y urgente Refundarlo, revisando la Constitución de raíz, o abriendo un proceso constituyente nuevo. Parece que solamente después de una crisis radical que va a ser inevitable, los españoles aborregados y abducidos por la casta dirigente serán capaces de salir del amodorramiento en que se encuentran sumidos.

Por eso carece ya de significado relevante el que el Tribunal Constitucional se entretenga en la inoperancia otro nuevo período de tiempo: el sistema se está derrumbando lipotímico por falta de riego de sus centros de dirección institucionales, corrompidos por la traición epidémica a la Constitución y a los principios de salud pública. Habrá que esperar en alerta a que termine de morir.