NI SENTENCIA DEL ESTATUTO, NI AJUSTE FISCAL, NI CESE DE CAMPS

Artículo de Pablo Sebastián en “Republica.es” del 20 de mayo de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

El panorama político, jurídico y económico español es desolador. Ayer mismo hemos sabido del enésimo fracaso del Tribunal Constitucional sobre la sentencia que deberá dictar sobre el estatuto de Cataluña. También ayer el presidente Zapatero nos ha sorprendido con otra de sus rectificaciones mayúsculas sobre el anunciado ajuste fiscal prometiendo una subida de los impuestos a los más ricos del país, que la vicepresidenta Salgado acababa de descartar. Por su parte, el líder de la oposición Rajoy permanece inmóvil ante el anuncio del Tribunal Supremo de que Francisco Camps de ser juzgado por cohecho y mientras el político valenciano de jacta y se pavonea de su lamentable situación y amenaza con convocar elecciones autonómicas en Valencia.

Y todavía se lamenta Zapatero de que España esté en el punto de mira de los inversores que huyen de nuestro país y que encarecen sin parar la deuda y el riesgo financiero de España. Lo sorprendente es que, ante el desgobierno general, la inseguridad jurídica y la ausencia de una firme oposición todavía muchos grandes inversores y empresarios sigan confiando en este país aunque en realidad esa confianza está volcada en los españoles, y a pesar de la clase política que nos gobierna y cuyo prestigio está por los suelos en todas las encuestas.

El Estatut. El Tribunal Constitucional está dando pruebas de su manifiesta incapacidad y también de una  irresponsabilidad sin límites tras el fracaso de su sexta ponencia sobre el estatuto catalán que fue presentada por el magistrado conservador Guillermo Jiménez, la que sustituyó a la anterior de la progresista Elisa Pérez Vera, también fallida en las votaciones. Ahora será la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, quien asuma la función de ponente en lo que se entiende que ha de ser el último y séptimo intento de acuerdo si es que no han llegado al final de semejante e impresentable espectáculo que dura ¡cuatro años!, que tiene en marcha un estatuto sobre el que se están desarrollando decisiones y leyes autonómicas y que, en definitiva, está dejando que el tiempo pase y que se consolide, por la vía de hechos consumados, un Estado de corte confederal que ha provocado un vuelco tramposo de la Constitución.

El ajuste fiscal. Mientras la canciller Ángela Merkel continua tomando decisiones para poner freno a la crisis financiera y anuncia severas medidas contra los posicionamientos de los especuladores bajistas y a corto plazo en la bolsa de Alemania -sobre las que el presidente de la Comisión Durao Barroso ha pedido que se extiendan al resto de los países de la zona euro- el presidente Zapatero sigue sin presentar su definitivo plan de ajuste fiscal, y su equipo de gobierno anda sumido en el mayor desconcierto y en una asombrosa escalada de rectificaciones de un día para otro sin que los españoles, la UE y los mercados sepan a qué atenerse. Y a valorar el alcance del recorte del déficit español que se ha convertido en el eslabón más débil de la moneda europea, por el tamaño que la economía española tiene en la eurozona.

Primero vino el vuelco de Zapatero anunciando un ajuste del gasto social importante que afectaba seriamente a la bajada del sueldo de los funcionarios y congelación de las pensiones. Y a los pocos días y ante la presión sindical con amenaza de huelga general y del PP que se opone al bloqueo de las pensiones, Zapatero rectifica y señala que las pensiones se adaptarán al IPC en 2011, mientras se abre un debate aún sin aclarar sobre el alcance de la bajada de los sueldos de los funcionarios a los que la vicepresidenta De la Vega había prometido, por escrito, que nadie tocaría su situación. Al mismo tiempo, y después de que la vicepresidenta Salgado afirmara, reiteradas veces, que no habría más subidas de impuestos, Zapatero, otra vez bajo la presión sindical y de las bases de su partido, anuncia que se subirán los impuestos a las rentas más altas, pero también sin aclarar cómo y a quienes. Por su parte, el ministro de Fomento, Blanco, también va anunciando por entregas el ajuste en el gasto público de su departamento sin que al día de hoy sepamos cuanto y donde va a reducir la inversión estatal en la obra pública. De la misma manera que seguimos sin saber cómo van las negociaciones para la reforma laboral, entre los sindicatos desconcertados y enfurecidos y unos empresarios presididos por un personaje, Díaz Ferrand, que representa lo peor de la CEOE.

Rajoy y Camps. Frente a semejante panorama los ciudadanos españoles no saben a dónde mirar y aunque todo apunta –y así lo dicen los sondeos pre electorales- que no votarán al PSOE tampoco ven con entusiasmo al Partido Popular por la debilidad de su liderazgo y la falta de equipos y de un proyecto alternativo que les permita visualizar una salida y una esperanza global. El silencio de Rajoy frente al nuevo encausamiento de Camps es lamentable y le resta al PP credibilidad en su honradez y autoridad en el liderazgo de Rajoy, porque muchos se preguntarán sobre la capacidad que tiene para gobernar España quien no es capaz de gobernar su propio partido.

De manera que estamos en el desgobierno de la nación, en la crisis económica y social, en el desprestigio internacional de España, en el desdoro de la Justicia y en la ausencia de la oposición lo que nos conduce a una sonora orfandad.