CUESTIONES DE FONDO DE LA CRISIS ESPAÑOLA

Artículo de Pablo Sebastián en “Republica.com” del 08 de agosto de 2011

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Mucho se ha escrito de los indignados que no dejan de ser un síntoma de la sociedad aunque hayan derivado en caos hacia ninguna parte, pero poco se escribe y opina sobre las cuestiones de fondo que están en la base y origen de la crisis española que no solo es financiera y económica sino además democrática e institucional. Es cierto que en estos días todas las miradas están pendientes de la actuación de los mercados en esta segunda semana de agosto que ahora se inicia bajo el síndrome de una recesión global y de las malas notas del rating y de la economía de los EE.UU.

Y en España, país marcado por la debilidad financiera, se teme otra embestida de los mercados contra el Ibex y la prima de riesgo si el Banco Central Europeo no lo remedia con una compra masiva de deuda pública hispana y puede que también italiana, para frenar este segundo ataque que tiene a los gobiernos de Madrid y Roma tiritando.

Todo ello hace que los esfuerzos se concentren estos días en los movimientos de los mercados financieros y también en la posible respuesta política a estos ataques que por lo que afecta al gobierno de Zapatero se reduce a esperar a ver qué pasa, porque este presidente en retirada no quiere tomar nuevas decisiones que empeoren electoralmente la ya difícil posición electoral de su partido, el PSOE. Del PP se puede decir igual: no propone nada ni está dispuesto a ayudar a Zapatero, y se limita a pedir adelanto electoral.

Pero sobre los distintos niveles de la crisis española no habla nadie ni se hablará en la campaña electoral en ciernes a pesar que están íntimamente relacionados. Se trata de los problemas financieros ya mencionados que tienen su base en la debilidad del sistema financiero público con un déficit nacional y autonómico muy alto, y del sistema financiero privado español muy tocado por el peso inmobiliario, devaluación de activos, la morosidad y la falta de actividad económica, y los disparates de créditos a granel de los pasados años. Sobre todo con problemas en las Cajas de Ahorro y con el hecho no menos importante de que los primeros gestores de estas entidades, y de ciertos bancos, no están cualificados o no están en condiciones para presidir muchas de las entidades financieras del país que, para colmo, son manejadas y están al servicio de la política.

Muy cerca del sistema financiero y en muchos casos con una clara dependencia del crédito están las empresas del país, grandes medianas y pequeñas. Las que quedan, una vez que han desaparecido muchas bajo la crisis, y entre ellas una gran cantidad del sector de la construcción e inmobiliario. También en las grandes empresas –y con pocas excepciones- la larga mano de la política aparece con similar descaro que en el campo financiero. Y no solo en empresas públicas o privatizadas sino en otras como las relativas a los grandes medios de comunicación donde la connivencia del poder político, financiero y mediático es de una promiscuidad portentosa que daña a todos y que corta las alas de los medios de comunicación.

Este “totus revolutum” del alto poder político, financiero, empresarial y mediático es uno de los grandes lastres del sistema político y económico español que deteriora y falsea la vida democrática de manera catastrófica y en beneficio siempre de los mismos que, por supuesto, se niegan a abandonar semejante balneario de prebendas y tráfico de influencias mutuas. Si a todo ello añadimos que muchos de estos actores son propietarios de importantes cuentas opacas en los paraísos fiscales y que manejan con gran habilidad las sociedades patrimoniales que hurtan al fisco grandes cantidades de dinero, veremos que en este club de privilegiados reside uno de los mayores problemas del país.

Es lo que algunos han llamado la “tercera Cámara” cuando el presidente Zapatero se ha reunido en la Moncloa con los grandes empresarios y banqueros del Ibex. Un falso cuarto poder que esconde en su propia “recámara” al mundo de los grandes grupos de comunicación, como parte crucial de todo ello y más por lo que callan que por lo que dicen o publican.

Luego está la crisis institucional, que empieza por la clara intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el poder Judicial, donde además anidan otros problemas de gran calado con el absurdo modelo de los tribunales de las autonomías, o la dura competencia entre el Constitucional y el Supremo, o la intromisión del gobierno en la Fiscalía, o por la sola existencia de las asociaciones de magistrados, que son partidos políticos de los jueces que desdicen su independencia y credibilidad.

En la Educación y la Sanidad hay otros muchos problemas de alcance nacional, pero la crisis institucional habita con especial virulencia en el poder Legislativo que incluye un Parlamento partitocrático que no representa directamente a los ciudadanos y que lejos de controlar al Gobierno está a su servicio. Y por si algo faltara –y contra lo que dice la Constitución- el Congreso permite el mandato imperativo de los jefes de partido, y en el Senado lo mismo, aunque da igual porque carece de toda capacidad legislativa. Podría añadirse que los reglamentos de ambas Cámara dejan mucho que desear e impiden a un diputado hablar cuando lo desee en el nombre de la soberanía nacional, si no está autorizado por el jefe de un partido o grupo parlamentario.

Judicial y Legislativo están a las órdenes del Ejecutivo, que se queda con todo, incluida la influencia en el mundo financiero, empresarial y de la comunicación. Con el agravante de que –como en casi todos los cargos públicos en España- los ciudadanos tampoco eligen directamente al jefe del poder Ejecutivo, sino que el elector crucial –en todo el ámbito político- es el aparato del partido que gana las elecciones. Y tan poderoso señor carece del menor control a la hora de nombrar ministros, altos cargos y embajadores, sin que nadie, ni una ley o el Parlamento, controle la calidad y preparación de los gobernantes y los más altos representantes del país, lo que nos ha llevado –sobre todo bajo la presidencia de Zapatero- al reino de la incompetencia y la mediocridad.

Por supuesto, en el nivel de la política y las instituciones no se puede perder de vista la cosa –por así llamarla de alguna manera- del sistema autonómico de España, ahora en ruina general, con una autonomías que son impostadas, sin arraigo histórico o cultural, que son insolidarias con sus vecinos y además llevan en su interior el problema del independentismo vasco y catalán.

Y todo esto, que tapaba la euforia económica del boom del ladrillo y del crédito a granel de los pasados años, se ha quedado a la intemperie y en los huesos. Y todo ello –ley electoral incluida- merece un gran debate y una reforma en profundidad en todos y cada uno de estos frentes, camino de una imparable reforma constitucional. ¿Para cuando? Pues debería ser para ahora mismo, para que la reforma democrática, institucional, económica y financiera hiciera acto de presencia en los programas electorales que van a ver la luz en las próximas semanas camino de la cita con las urnas del 20-N. Pero mucho nos tememos que nada de todo esto se va a plantear porque la clase política que vive de la política –y no para la política y el interés general- prefiere que todo se quede como está.