MOCIÓN DE CENSURA

 

 Artículo de Pablo Sebastián en “La Estrella Digital” del 19.10.05

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

Si el Partido Popular cree firmemente en lo que dice cuando afirma que estamos ante una reforma encubierta de la Constitución, y no ante una reforma de un Estatuto de Autonomía en lo que al caso catalán se refiere, tiene la obligación de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como máximo responsable de la tramitación de dicho Estatuto, que si verdaderamente es inconstitucional y planifica dicha reforma deja al jefe del Ejecutivo en una posición muy delicada, porque ello supondría que está violando incluso su propio juramento constitucional.

No se trata de dramatizar más, si cabe, la crisis abierta por el citado Estatuto catalán, sino de poner negro sobre blanco y cada uno ante sus responsabilidades políticas. Al PP, frente a la más absoluta coherencia, y al presidente del Gobierno, frente a su clara responsabilidad en todo este proceso, porque no sólo ampara un Estatuto inconstitucional y lo admite a trámite sino que ha sido coautor y promotor de un texto que ahora dice que en algo se va a rectificar. Y todo esto, que incluye la perspectiva de la moción de censura, se debe poner en marcha a pesar de que sabemos de antemano que el PP perdería lo votación de la moción en el Congreso de los Diputados pero seguramente la ganaría ante el conjunto de la sociedad, que necesita un debate clarificador y definitivo sobre esta cuestión y sobre el posicionamiento del Gobierno y del Partido Socialista una vez que el Gobierno tripartito de Cataluña ha depositado en la Secretaría de la Cámara un documento que constituye un desafío a la unidad nacional, entre otras muchas cosas y despropósitos.

No cabe la menor duda de que el PP hará coincidir su posicionamiento político con sus intereses electorales, pero también hay que decir que este justificado “oportunismo” que denuncian desde el PSOE está anclado en la realidad constitucional española y goza de un amplio apoyo popular en todo el país, incluso en Cataluña, donde toda esta crisis está provocando mucha más inquietud de la que dicen los promotores del Estatuto. El PP, Mariano Rajoy, debe hacer lo que tiene que hacer, y de aquí a final de año ha de aprovechar tres debates importantes: el de la admisión a trámite del Estatuto, donde Zapatero deberá destapar finalmente sus cartas y decir con claridad lo que está dispuesto a cambiar o no cambiar del texto; el de los Presupuestos Generales del Estado, donde el presidente del Gobierno escurrirá el bulto, y el de la moción de censura que el PP debe presentar una vez que hable Zapatero en el pleno del Congreso, porque el jefe del Gobierno no está en condiciones de aclarar su posición final sobre los puntos cruciales del Estatuto, ya que si lo hace, o rompe con su propio partido y provoca una crisis en su Gobierno, o sencillamente rompe con sus aliados de mayoría parlamentaria (ERC, PSC e IU), y en ese caso no conseguiría aprobar los Presupuestos del 2006.

Por eso Zapatero hablará de manera ambigua y prometiendo constitucionalidad, que es exactamente lo mismo que dicen los promotores del Estatuto catalán cuando todo el mundo sabe que no la hay. Y en ese momento Rajoy debe anunciar la moción de censura del presidente del Gobierno por deslealtad constitucional.

Naturalmente, en el seno del PP habrá quien esté a favor y en contra de semejante iniciativa, aquí incluido el oráculo Arriola, que está echando sus números electorales en vez de ocuparse del interés general. Pero hay momentos en la vida política de un país donde los dirigentes del primer nivel tienen que afrontar de frente y sin rodeos su responsabilidad al margen del resultado de la votación parlamentaria, que sin duda se convertirá en un trágala para muchos diputados del PSOE y en un ejemplo de su escaso compromiso con la Constitución del 78, lo que ya ha sido denunciado por numerosos dirigentes de este partido en franca discrepancia con el presidente Zapatero.

Veremos cómo discurren los próximos días, aunque ya hemos visto bastante en las últimas semanas, y no digamos en el territorio catalán, donde Pasqual Maragall ha vuelto a dar marcha atrás en su disparatada gestión política en lo que a la reforma de su Gobierno se refiere, dejando a sus consejeros en una insostenible posición, como difícilmente el propio presidente de la Generalitat puede soportar la suya después de haber sido públicamente desautorizado por los tres partidos que sustentan su Gobierno.

Y es esa crisis de los dirigentes catalanes la que envuelve y adorna el Estatuto que ha llegado a Madrid y que estos mismos personajes van a presentar en las Cortes con el beneplácito y el apoyo del presidente Zapatero, intentado dar a todo el proceso un halo de normalidad democrática. Algo que es imposible aceptar a la vista del Estatuto presentado y algo que ningún partido democrático y constitucional que se precie de serlo puede admitir sin denunciarlo alto y claro en la Cámara y ante el conjunto de la sociedad.

Y no sólo en el trámite del pleno para la admisión o toma en consideración del citado Estatuto, sino de manera contundente frente al que ha sido y es el primer responsable político de esta gran crisis de estabilidad territorial y nacional: el presidente Zapatero. El mismo que se ha embarcado en esta aventura y que quizás considera que si saca adelante este Estatuto reconociendo a la nación catalana y dándole altas cotas de soberanía y autogobierno el modelo catalán servirá de test y de ejemplo para que ETA anuncie el abandono de las armas, convencidos de que en el País Vasco se hará lo mismo que en Cataluña y así se garantizará un estado plurinacional y el fin de la nación única española, consumando por esta vía la denunciada y anunciada reforma encubierta de la Constitución nacional.

La moción de censura tiene que estar presente en todo este debate político, de lo contrario el Partido Popular estaría dando carta de naturaleza y de normalidad democrática a lo que por otra parte denuncia como una reforma tramposa del texto constitucional.