EL ESTATUTO HUNDE AL PSOE

 Artículo de Pablo Sebastián en “La Estrella Digital” del 14.11.05

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

La encuesta sobre intención de voto publicada el domingo por el diario La Vanguardia de Barcelona (diario próximo al PSC-PSOE), en la que se anuncia que el Partido Popular ganaría ahora las elecciones generales con una ventaja de más de veinte escaños sobre el PSOE, refrenda algo que se veía venir y que tiene su origen en el apoyo dado al proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña por parte del presidente Zapatero, su Gobierno y su partido, confirmando un vuelco de la opinión de los ciudadanos que castigan así el pacto del PSOE con los nacionalistas catalanes, el riesgo de ruptura de la unidad de España y el desgobierno que impera en nuestro país, sede de numerosos conflictos, como el que se ha explicitado este pasado fin de semana contra la reforma de la Ley de Educación.

Un presidente del Gobierno, Zapatero, que es el responsable político de cuanto ocurre y por tanto del hundimiento de su partido en los sondeos electorales cuando apenas han pasado 18 meses desde su llegada la poder. Pero dieciocho meses intensos y caóticos en los que el presidente y su partido han dado muestras de una notoria incapacidad política y de un serio desconocimiento de la realidad española, que incluía el desprecio o puede que la frivolidad sobre la nación española y el consenso constitucional de 1978. Lo que ha sido valorado por una mayoría de ciudadanos como algo muy grave y peligroso para la estabilidad política, abriendo un campo de enfrentamiento ideológico y territorial en el que el presidente del Gobierno de Cataluña, del desautorizado —por los suyos— Pasqual Maragall, ha desempeñado un papel determinante amparándose en la debilidad y en el desconcierto del presidente Zapatero.

De un presidente que, desde su llegada al poder, se ha guiado por las encuestas —de las que hacía continuo alarde el secretario general del PSOE, José Blanco— y que ahora, a la vista del vuelco de la opinión pública, ha decidido poner en marcha una campaña contra el PP, sobre la base de presentar a este partido y a su entorno social y mediático como los representantes de una derecha extrema y ultraconservadora, intentando instalar una cortina de humo entre sus errores y sus votantes.

Convencidos en el Gobierno y el PSOE de que con este mensaje van a frenar la pérdida continua de apoyos electorales, lo que aún está por ver, porque la crisis del Estatuto catalán permanece en vigor y ha sido reforzada por los escándalos de los dirigentes políticos catalanes. Aquí incluido el secretario general del PSC y ministro de Industria, José Montilla, hoy en evidencia y descrédito por su activismo parcial y sospechosa complicidad desde el Gobierno con la OPA de Gas Natural y La Caixa sobre Endesa, una vez que quedaron al descubierto los espectaculares favores financieros que la caja catalana hizo al PSC, con créditos impagados y un fallido de 6,5 millones de euros.

Lo que le ha llevado al ministro a perder los nervios y a desbarrar agrediendo en público a políticos, obispos y periodistas con modales nada democráticos que sólo evidencian su falta de control en un momento en el que se acaba de descubrir una operación política y financiera cuyas consecuencias jurídicas, económicas y políticas aún están por depurar. Porque la relación causa-efecto entre el “gran regalo” de La Caixa al PSC y el apoyo de José Montilla —y de los organismos controlados por el Gobierno, como la Comisión Nacional de la Energía, presidida por una dirigente del PSC— a la OPA de La Caixa contra Endesa incluye una flagrante sospecha de corrupción política y financiera.

Lo que deben rectificar ahora los actores implicados, La Caixa, el Gobierno y el PSC: La Caixa cobrando íntegro el crédito al PSC —o aplicando a todos los partidos y a su clientela iguales ventajas crediticias— y retirando la OPA sobre Endesa, y el Gobierno, oponiéndose a la OPA (entre otras cosas, además, por los problemas de la competencia ya detectados) si no quiere Zapatero que la corrupción empiece a sobrevolar su Gobierno, a la espera de que la Justicia entre de lleno en esta operación en la que existen indicios suficientes como para abrir una investigación.

Sin olvidar que esta financiación “ilegal” al PSC incluye el apoyo desigual y nada democrático a un partido político que ha sido y es el motor del proyecto de Estatuto que se ha convertido en un desafío a la unidad de España —como lo reconoció el propio presidente de La Caixa, Fornesa— y en fuente de tensiones y de polémicas entre los distintos territorios españoles. Algo que La Caixa está notando ya en sus sucursales, por la retirada de fondos y cuentas en distintos lugares de España, y que le debería obligar a la citada entidad a reflexionar y a rectificar sobre su implicación y sesgo político si no quiere que su crisis vaya a más.

De la misma manera que Zapatero debería frenar en seco el Estatuto catalán —y si no lo hace el presidente lo debería hacer el PSOE—, que además del daño que le hace a su partido está creando en España un conflicto gratuito que ni él ni su Gobierno han sido capaces —con la excepción del ministro Bono— de prevenir y calcular. La encuesta de La Vanguardia, en línea y progreso con los sondeos de las pasadas semanas, es más que un aviso a Zapatero: es el principio del fin de su proyecto de reforma autonómica y constitucional, y un severo varapalo a su liderazgo y a su credibilidad.