PRESUNTOS IMPLICADOS
 

 Artículo de Pablo Sebastián  en “La Estrella Digital” del 24.04.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

No se mueve nada, no se mueve nadie en la maquinaria de poder del PSOE, pase lo que pase. En sólo unos días ETA ha roto la tregua en Navarra (ante el silencio de Batasuna y de Zapatero), Ibarretxe nos anuncia un referéndum ilegal en el País Vasco, Maragall ha comparado la soberanía catalana con la española, el consenso estatutario se rompe en Andalucía y el Tribunal Supremo suspende la intervención política del Gobierno en la OPA de Gas Natural sobre Endesa, y no pasa nada.

Nadie en el poder y su entorno que lidera José Luis Rodríguez Zapatero hace el menor gesto, rectificación o asume la mínima responsabilidad política. El país, España, la nación española continúa deslizándose lentamente por la pendiente, pero en las primeras instituciones, Gobierno y Parlamento (sólo los altos tribunales presentan resistencia), no hay la menor reacción ante la crisis de la unidad e identidad nacional. La consigna es resistir, ni un paso atrás, a lo hecho pecho, porque es demasiado tarde, una vez que Zapatero se ha lanzado hacia un nuevo modelo de Estado que nadie sabe, al día de hoy, cuál será ni hacia dónde va y de la que son responsables a partes iguales, Zapatero, el PSOE y su poderoso grupo de comunicación.

Porque bastaba que uno de los dos —PSOE o PRISA— dijera a Zapatero, simplemente, ¡no!, para que el monosílabo derrumbara una tras otra las fichas del endiablado dominó, en el que permanecen alineados y en entredicho la Constitución, los Estatutos, el Estado de Derecho, las libertades y la independencia judicial y la identidad y unidad nacional.

La procesión, sin lugar a dudas, va por dentro en el régimen de poder instalado en torno al cuartel general de la Moncloa, de donde emana la orden de ¡no se mueva nadie!, y de donde salen y se reparten todas las prebendas del poder, políticas, mediáticas, culturales, económicas, financieras. Y es el reparto y la experiencia acumulada durante la crisis de los gobiernos de Felipe González, del crimen de Estado y la corrupción, lo que bloquea e impide cualquier llamada interna de atención, protesta o rebelión ante la larga cadena de los despropósitos nacionales. Apenas hablaron Guerra, Bono, Vázquez e Ibarra, pero sus pequeñas rebeldías cayeron bajo la ley del silencio —¿qué tiene Bono que ocultar para su cambio de opinión y sorprendente sumisión?—, sólo en Cataluña el grupo de Boadella —Ciudadanos de Cataluña— se atrevió a alzar la voz ante el disparate nacional que tiene su punto de partida en el Estatuto de Cataluña.

Pero el silencio no sólo afecta a la clase política sino al mundo de la cultura, a todos los que se llaman intelectuales y pensadores de la izquierda o del centro izquierda, así como a los medios de comunicación en general —todos los canales de televisión nacionales están al servicio del Gobierno, imitando el que fuera modelo italiano de Berlusconi—, y aquí incluidos empresarios y entidades financieras, que están a ver que se llevan de todo esto o que no quieren problemas con el poder. El silencio y la connivencia de la derecha empresarial y financiera con el Gobierno de la crisis nacional, de la que estos magnates despotrican en privado, es otro síntoma del deterioro moral de nuestra sociedad, ante los cambios históricos que se están llevando a cabo al margen de la soberanía nacional.

Del mundo de la cultura y del pensamiento progresista (rehenes del grupo editorial pro PSOE con el que nadie compite) nada se puede esperar. Atrás, se tragaron sin pestañear los sapos de la corrupción —que inundó las más emblemáticas instituciones del Estado, Gobierno, sindicatos, Banco de España, Ejército, Guardia Civil, CNI— ante el silencio general del régimen felipista y de sus pensadores, académicos, artistas, creadores y periodistas, cómplices todos ellos de aquella lamentable situación. En la que lo único importante era salvaguardar el poder a cualquier precio.

Y estos presuntos implicados en los crímenes y corrupciones —por acción u omisión— son los mismos que ahora se callan, porque si entonces no les alteró la violación política del Código Penal, tampoco les va a escandalizar ahora la violación constitucional y el desguace paulatino del Estado. Por lo que todo queda pendiente, como entonces, del nivel de independencia de los tribunales que el Gobierno de Zapatero, consciente de su escaso margen de autonomía, pretende soslayar para siempre con la reforma del Poder Judicial en curso y de una minoría de medios de comunicación, muchos de los cuales han derivado hacia la extrema derecha en sintonía con los sectores más radicales del PP, convirtiéndose ambos en la coartada política de la derechona —de la que Aznar alardeó durante su segunda y demencial legislatura— con la que el Gobierno advierte y avisa a sus socios nacionalistas, aliados y navegantes varios del riesgo de una involución si el PP recupera el poder.

En la caída del felipismo desempeñaron un papel los jueces y los medios de comunicación no controlados por un régimen corrupto que también organizó sus más viles cacerías en este sector, promocionando en contrapartida a sus publicistas. Pero nunca con la misma intensidad con la que Zapatero ha forjado su actual cinturón de seguridad audiovisual. Completando su estrategia de permanencia en el poder con pactos de gobernabilidad con nacionalismos radicales que desvalijan las competencias del Estado y la sumisión silenciosa de los intelectuales y los financieros y empresarios de fortuna que no tienen más religión que el becerro de oro de la Moncloa, que todavía brilla en los albores del fin del ciclo eufórico de la bonanza económica internacional.

Lo que sumado a la euforia de la tregua de ETA —puesta en cuarentena por la bomba de Navarra de la que ayer no dijo nada en su mitin de Madrid— le ha permitido al Gobierno desplegar una cortina de humo sobre la cruda realidad española, cortina que se refuerza con los líos de Marbella —una broma si se compara con los escándalos y consecuencias del Estatuto catalán— y pronto con el campeonato mundial de fútbol, para que todos se olviden de lo esencial, a sabiendas los autores y sus presuntos implicados que la semilla de la crisis nacional está sembrada y crecerá. De ahí que nadie descarte unas elecciones anticipadas si el Gobierno, temeroso de que fracase la tregua, empeore la economía y se complique la reforma estatutaria decide aprovechar la euforia para renovar el poder por otros cuatro años más.