TIMBRAZO DE CORTES CONSTITUYENTES

 

 

 Artículo de Valentí Puig en “ABC” del 25.10.07

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. 

 

LA alternancia democrática y el particularismo de los partidos nacionalistas presentan para sectores políticos y ciudadanos una incompatibilidad creciente que deriva de discrepancias a menudo tan acusadas en razón de la desarticulación territorial. Suenan las alarmas cuando la invertebración tiene más peso que el equilibrio institucional de 1978. Tenemos en los últimos tiempos los dos planes Ibarretxe o una nueva configuración estatutaria de Cataluña que por una parte tiene atisbos de inconstitucionalidad y por otra dimana de un referéndum con abstención muy pronunciada. En momentos así aumenta la sospecha de que ni tan siquiera el nuevo Estatuto catalán o lo que se llama «proceso vasco» son un punto de llegada sino una fase más en la estrategia nacionalista.

Organizaciones y entidades como Foro de Ermua o Fundación Concordia propugnan ahora mismo una reforma parcial de la Constitución española con la finalidad de evitar que la conformación de mayorías de gobierno dependa en forma ineludible de la bisagra de uno u otro nacionalismo. En realidad, se están pidiendo unas elecciones a Cortes constituyentes. Es una propuesta que, como es sabido, requeriría un consenso político de tanta amplitud que se hace prácticamente inimaginable entre el PP y el PSOE de Zapatero. De una u otra forma, la convocatoria y la aprobación de la reforma constitucional harían necesaria algo así como un ejecutivo de unidad nacional, un gobierno de coalición. La mayoría requerida en ambas Cámaras es de dos tercios, con posterior disolución, nuevas elecciones, ratificación de la reforma y convocatoria de un referéndum.

En las actuales circunstancias, sólo una mayoría de envergadura y duración hasta ahora inéditas podría garantizar la consecución de los objetivos de esta reforma. Son objetivos de calado notable: circunscribir con exactitud el modelo territorial, fortalecer las competencias del Estado, retocar la línea sucesoria de la Corona, reforzar la independencia del Constitucional -miembros vitalicios- y del Consejo General del Poder Judicial, con rectificaciones en el Senado. Es de fuste el cambio en el sistema electoral: 500 diputados, 350 para circunscripciones provinciales y 150 para el conjunto del territorio español como circunscripción única. Se sustituye la terminología de «nacionalidades y regiones» por «comunidades autónomas». Se formula que la bandera propia de las Comunidades Autónomas puede utilizarse junto a la bandera de España en los edificios públicos.

Ahí está la propuesta, clara, en la plazuela donde se platican los grandes asuntos. No es aventurado deducir que los proponentes desean influir activamente en lo que ya es una campaña electoral, con la intención de que los dos grandes partidos se definan sobre sus alianzas post-electorales en caso de no haber mayoría absoluta. A la vista de lo que consideró crisis de la Restauración, el joven Ortega -entre otros, no pocos- decía en 1917 que la única salida era la convocatoria de Cortes Constituyentes. Fue año de poco trigo, el PSOE quería la república, estalló la revolución soviética, hervían las Juntas de Defensa, hubo la gran huelga con sangre en las calles. Con las Cortes suspendidas se reúne -de forma ilegítima- la Asamblea de Parlamentarios.

Es difícil que la tracción de un convoy sea la de una locomotora que ya transita en dirección contraria. Noventa años después de la propuesta de Ortega, no parece que haya de dar resultado pedir al PSOE de Rodríguez Zapatero que cambie radicalmente de sentido, que anule sus asociaciones parlamentarias actuales y que a la vez no busque sustituirlas por las del PNV o CiU. Son manifiestas las consecuencias de pagar el caro precio de la invertebración para estar en el poder. En el caso del PP, alguna tensión interna habrá y quizás sea el partido más afectado por la propuesta de reforma constitucional aunque lo que se pretenda es reprender a Zapatero. De una parte, el PP accedió al poder en 1996 pactando con PNV y CiU después de estar años en la oposición diciendo que eso nunca sería. Pero lo evidente es que a Rajoy le corresponde liderar una alternativa de poder que pueda desasirse de la dependencia voluminosa que Zapatero mantiene -por ejemplo- con ERC y a la vez suplementar en su caso una mayoría insuficiente. Mientras tanto, la ley electoral es la que es.