LAS RAZONES QUE LLEVARON A LA VIEJA GUARDIA SOCIALISTA A PREPARAR
UN ‘GOLPE’ PARA MOVER A ZAPATERO DE SU SILLA
Artículo de Federico Quevedo en “El Confidencial Com”
del 13.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que
sigue para incluirlo en este sitio web.
El formateado es mío (L. B.-B.)
Con un breve y aburrido comentario al final:
¿PERO ES QUE NADIE SE DA CUENTA DE QUE NO HAY TIEMPO? (L. B.-B.,
13-1-06, 11:00)
Vengo preguntándome toda la semana algo que me gustaría trasladar
tanto al presidente Rodríguez como al ministro Bono: si el teniente general
Mena Aguado, en lugar de realizar unas declaraciones críticas con el Estatut, hubiera formulado una abierta alabanza al texto
salido del Parlamento Catalán, y que tanta controversia genera, ¿se le hubiera
practicado un arresto domiciliario? ¿Se le hubiera cesado de su cargo? Seguro
que ustedes tienen la misma respuesta que yo. No. Y es injusto, porque el
problema no es el contenido de las declaraciones, sino que la ordenanza militar
le impedía tomar partido en ninguna dirección sobre un asunto como ése. Y, sin
embargo, la reacción del Gobierno ha estado perfectamente calculada para azuzar
el fantasma golpista, bandera que tanto gusta de enarbolar a la izquierda, para
generar temor. Pero lo cierto es que la única amenaza de golpismo es la que
emana del propio Estatuto catalán, como a continuación expondré, porque hay que
decir con firmeza que nuestro ejército es hoy envidia de muchos por su lealtad
a la Constitución y al pueblo soberano.
Los primeros días de enero están siendo de una intensidad
negociadora sin precedentes. Negociaciones, eso sí, que se producen en
cenáculos, rincones y cuartos oscuros en los que socialistas y nacionalistas se
reparten el botín de una España destinada a que, una vez que Rodríguez lleve a
cabo su particular reconquista, no la reconozca ni la madre que la parió.
Negociaciones secretas, con nocturnidad y alevosía, en las que se habla de un
nuevo modelo de Estado confederal, contrario a la Constitución y al pacto que
la hizo posible. Aquí, desde estas líneas, les digo a ustedes, queridos
lectores, que no se dejen engañar por los cantos de sirena de los que amagan
con que no habrá Estatuto y los que pretenden convencernos de que lo que habrá
será un Estatuto rebajado hasta el punto de hacerlo irreconocible. En ambos
casos se juega con la inocencia y la buena voluntad del ciudadano, porque la realidad es que
habrá Estatuto y que la rebaja está perfectamente calculada para que los
nacionalistas se sientan satisfechos con el texto final que apruebe el Congreso
en consonancia con sus pretensiones.
Puedo equivocarme, y si es así lo reconoceré, no lo duden. Pero me
temo que la realidad de las negociaciones camina en la dirección de mantener un
preámbulo que supondría la ruptura definitiva del modelo actual y la imposición
de una confederación de estados con una relación de bilateralidad con el
Gobierno central. Se me dirá que el preámbulo no tiene efectos jurídicos, pero
esto es tan falso como afirmar que las disposiciones finales son simples
epílogos para dar las gracias. El preámbulo tiene naturaleza jurídica e impregna de sentido a toda
la ley y, al mantenerse como tal, suprime la soberanía nacional y abre un nuevo
proceso constituyente de manera encubierta, es decir, supone un ‘golpe de
estado’ al orden constitucional. Lo dice con meridiana claridad Jiménez de Parga: “Hay que preocuparse, en suma, por lo que se
proclame en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña. Si en él se admitiese que
aquella Comunidad es una Nación, el artículo 2 de la Constitución de 1978 se
convertiría en letra muerta. La Nación española, de unidad indisoluble, patria
común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del
sistema constitucional”.
No pocos son plenamente conscientes de esta realidad. Incluso en
las filas del Partido Socialista existe una inquietud sin precedentes por lo
que implicaría dar al traste con el modelo constitucional. Prueba de ello es
que desde el entorno de la llamada ‘vieja guardia’, vinculada al felipismo aunque con incorporaciones posteriores, se
intentó este otoño pasado una operación dirigida a mover la silla de Rodríguez
Zapatero y forzar su sustitución por otro dirigente socialista al frente del
Gobierno. La intentona fue un fracaso por tres motivos: el primero, que no
contaban con el suficiente número de diputados socialista que, sumados a los
del PP, pudieran hacer triunfar una moción de censura; el segundo, que no
encontraron un líder que se atreviera a encabezar la operación; y el tercero, y
más importante, que el PP no estaba dispuesto a participar en algo que
implicaba la sustitución de Zapatero por otro político socialista y que, sobre
todo, le aventuraba un castigo electoral sin precedentes. Mariano Rajoy dijo
no, y con toda la razón, porque donde debe derrotar el PP a Zapatero es en las
urnas.
Pero lo cierto es que, hasta que llegue ese momento, lo que nos
espera son meses de enorme intranquilidad y de fundadas sospechas de que se
está amenazando nuestro ordenamiento jurídico, y no sólo desde la
inconstitucionalidad del estatuto, sino desde las reformas de leyes orgánicas
en las que el Gobierno quiere incorporar aquellas demandas del nacionalismo
excluyente que no se atreve a recoger en el texto final de la propuesta
catalana. Se trata de prescindir de la Historia real para reorientar su
autogobierno de acuerdo con la Historia que hubiera podido ser, tal y como
ellos hubieran querido que fuera, pero que no ha sido; es decir, una historia
sin el Compromiso de Caspe que en el año 1412 fue el origen de la Nación
Española tal cual hoy la conocemos, gracias al acuerdo de las Cortes de Aragón,
Cataluña y Valencia para superar sin enfrentamiento civil el interregno que
supuso la muerte sin descendencia de Martín I el Humano. Una historia
maravillosa de pacto y de consenso.
Cómo salimos de este atolladero en el que nos ha metido la
irresponsabilidad del presidente del Gobierno es la pregunta que se hacen, a
esta hora y estos días, millones de ciudadanos. Cogido en su propia trampa,
Rodríguez sólo tiene como salida una huida hacia delante y siempre marginando
al PP de cualquier acuerdo. De lo contrario, todo el edificio que ha construido
sobre un castillo de naipes en Cataluña y Madrid se vendría abajo. Hay que esperar,
por lo tanto, a las elecciones generales. El PP tiene la obligación, si se ha
aprobado el Estatuto, de presentar un programa que implique abrir un nuevo
periodo constituyente similar al que llevó a cabo Adolfo Suárez en 1975, y
buscar el consenso del PSOE –sin Rodríguez- para una reforma de la Constitución
que cierre, definitivamente, el capítulo de agravios y reivindicaciones
nacionalistas. Si no es así, un referéndum debería dar el respaldo a esa
reforma por una amplia mayoría. Pero si sucediera lo contrario, habría que
tragar con esa rueda de molino y decir adiós a la España que conocimos durante
siglos. Y yo, si no les importa, me dedicaría a la crónica rosa (los sectarios
de siempre me dirán que empiece ya, claro).
Breve y aburrido comentario final:
¿PERO ES QUE NADIE SE DA CUENTA DE QUE NO HAY TIEMPO? (L. B.-B.,
13-1-06, 11:00)
Lo que es imprescindible y premiosamente urgente
es detener esta política demencial ya, sin dejar que se impongan los hechos
consumados. Y el único procedimiento para ello es sustituir a Zapatero y
reorientar el rumbo del PSOE. Y para hacerlo hay que arriesgarse: en el PSOE,
rompiendo la disciplina sectaria, frente a un Secretario General que actúa sin
mandato partidario ni electoral y con el oportunismo más descarado,
traicionando al país y a la Constitución que prometió defender. En el PP,
ofreciendo apoyo al sector del PSOE que esté dispuesto a corregir el actual
rumbo errático y letal para el país y el partido.
¿Qué arriesga el PP? En mi opinión, constituye
una evaluación errónea pensar que defender con firmeza y agresividad la
Constitución y la Nación les va a restar votos, siempre que, al mismo tiempo,
sean capaces de expresar su disposición a apoyar una conjunción de fuerzas
entre los dos grandes partidos para salir del despeñadero. ¿Cómo hacerlo? En
primer lugar, siendo conscientes de que no hay tiempo, de que faltan dos años
para las elecciones, y que en ese plazo de tiempo ya se habrá aprobado un
Estatuto inconstitucional y un referéndum en Cataluña, y puesto en marcha
simultáneamente la operación soberanista en Euskadi. ¿Qué podría suceder dentro
de dos años en unas elecciones, después de un período de "crispación"
intensa del PP con ofrecimientos complementarios de tender la mano, que se
habrían transformado en retórica inoperante frente a los oídos sordos del
Gobierno y del PSOE? En el mejor de los casos para el PP, que ganara las
elecciones por poco, con los procesos soberanistas consolidados en Cataluña y
Euskadi, y sin posibilidad ni fuerzas para volver atrás la desarticulación del
país. En el peor, que se consolidara la tendencia electoral actual, consistente
en que el PSOE va perdiendo apoyos pero el PP no los gana con fuerza suficiente
para imponerse claramente. Es decir, el peor escenario posible: soberanismo hegemónico y gobierno débil. Sí que es cierto
que cabe la posibilidad alternativa de que el PSOE se hundiera y el PP
ganara con fuerza, pero la victoria soberanista estaría muy consolidada.
Es decir, que esperar a las elecciones es letal.
Por eso urge derribar al Gobierno, y es vital hacer consciente de ello al país.
Pero, ¿cómo derribar al Gobierno? Si el PSOE no es capaz de hacerlo, la
iniciativa debe activarla el PP, y el único medio del que dispone es una moción
de censura que alerte a la opinión pública y obligue al PSOE de una vez a
definirse contra ZP. Pero la moción de censura del PP debería hacerse con una
oferta de Gobierno de unidad nacional al país y al PSOE. Gobierno de unidad a
plazo de uno o dos años, para reconducir el proceso de desarticulación del
Estado hacia un conjunto de reformas constitucionales, electorales y
estatutarias que cierren de una vez la descentralización y definan
consistentemente el modelo de Estado.
Si el PP perdiera la moción de censura, por no
darse por enterado el PSOE, las elecciones del 2008 las ganaría el PP por
mayoría abrumadora, pero el desastre soberanista sería muy difícil de
contrarrestar. Si el PSOE respondiera a la moción de censura del PP con otra
moción alternativa según el artículo 113 de la Constitución, debería presentar
un candidato que rectificara en profundidad la política de ZP, buscando el
consenso con el PP y rompiendo las actuales alianzas del partido mayoritario.
Si no lo hiciera así, y se entregara nuevamente en manos de los nacionalistas,
aunque aquellas fueran las de CIU, el fracaso se produciría igualmente, salvo
que CIU renunciara al soberanismo y las políticas
anacrónicas que defiende, lo que no es probable.
Es decir, que la única salida que parece viable
para evitar el desastre es que el PSOE acepte un gobierno de gran coalición con
el PP, durante un breve período de transición ---que incluso podría
formularse, forzando la imaginación, con un acuerdo de investidura rotatoria en
la mitad del mandato---, con los objetivos de consolidación y reforma
mencionados anteriormente.
Empieza uno a desesperanzarse y aburrirse ante el
suicidio anunciado al que nuestros dirigentes están llevando al país. Y lo
único que se puede recomendar es altura de miras: a los del PSOE que sean capaces
de superar el sectarismo, y a los del PP que venzan el electorerismo.
Si ambos lo consiguen, podremos seguir adelante, triunfando los intereses
generales. Si no, las cosas pintan muy mal.