ETA Y EL ESTADO ARRODILLADO

 

 Artículo de Federico Quevedo en “El Confidencial Com” del 11.02.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

El pasado miércoles por la tarde le pregunté a Mariano Rajoy si a lo largo de estos meses había recibido alguna llamada del presidente Rodríguez para informarle sobre la marcha de la lucha antiterrorista. “No”, me contestó. “Ninguna, no se nada, no sabemos nada de lo que está pasando”. Le insistí por la última vez que había hablado con él sobre este asunto: “Fue en septiembre, en nuestro último encuentro, y entonces le pregunté si estaban hablando con ETA y me dijo que no”. Pero Rajoy no se le creyó. Como no nos lo creemos la mayoría de los españoles.

Por una razón, la de que si no hubiera contactos con la banda, no cabría tanto optimismo. Hay otra, la de que en este mismo periódico hemos contado esos contactos con pelos y señales. Rajoy no ha hablado con Rodríguez sobre la lucha contra el terrorismo. No lo ha hecho desde hace muchos meses, a pesar de que a ambos partidos les unía un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que el Gobierno ha hecho naufragar en las procelosas aguas de la negociación secreta con los asesinos.

Ayer, el presidente Rodríguez ofreció una inesperada rueda de prensa, anunciada con un par de días de antelación, dedicada casi en su integridad a atacar al PP por su deslealtad. No cabe tamaña osadía. El presidente que se ha negado en repetidas ocasiones a convocar el Pacto Antiterrorista, el presidente que lo ha dado por roto para satisfacción de ETA y de Batasuna, el presidente que ha favorecido la presencia de la nueva marca de los terroristas en el Parlamento Vasco (PCTV), el presidente que hubiera permitido el congreso de Batasuna alegando el derecho de reunión, el presidente que ha permitido la depuración del fiscal Fungairiño para facilitar la acumulación de penas a terroristas como Henry Parot, el presidente Rodríguez se atreve a acusar de deslealtad a un partido que hizo de la lucha contra ETA y su derrota un empeño, casi una obsesión.

Dice Rodríguez que hace más de dos años que no hay atentados mortales. No es verdad: todavía no está claro que ETA no tuviera nada que ver en los atentados del 11-M, y mientras esa incógnita no se despeje, y el Gobierno no hace nada por conseguirlo, la duda permanece porque los indicios son, como le gusta decir a Rodríguez, “incontestables”.

¿Qué es lo que se está negociando? ¿Por qué no despejó ayer Rodríguez las dudas que planean sobre una posible cesión del Estado al chantaje terrorista? Quizás porque, más que dudas, son certezas. Después de treinta años de lucha sin cuartel contra la banda terrorista, ahora el Gobierno habla de “proceso de paz”, situando a las víctimas al mismo nivel que sus verdugos. ¿Tanta sangre para tan poca gallardía? Rodríguez no fue capaz ayer de desvelar el contenido de esas conversaciones. El mismo Rodríguez que se ha hartado de decir que no había negociaciones, afirmaba ayer, sin pudor alguno, que el Gobierno “tiene información” sobre el deseo de paz de la sociedad vasca. ¿Qué información? ¿Quién se la ha facilitado? ¿A cambio de qué?

Por primera vez en los últimos diez años de lucha contra el terrorismo, el único que hace gestos en una dirección es el Estado de Derecho, es la democracia, mientras los terroristas limpian sus armas y se preparan para poner sobre la mesa las condiciones de una tregua que no sabemos si será un abandono definitivo de las armas, o una tregua parcial, o un silencio de la bombas limitado geográficamente al País Vasco y Cataluña.

¿Cuál es el precio? ¿La salida progresiva de los presos de la cárcel? ¿La autodeterminación? ¿Por qué Rodríguez no responde a todo eso en lugar de atacar al PP? Quizás porque no tiene argumentos, porque probablemente piense que los ciudadanos, a cambio de la paz, aceptarán lo que sea. Es posible que no le falte razón, pero eso es jugar con fuego y faltar a la responsabilidad de un gobernante. Los estados democráticos no pueden ceder al chantaje de los terroristas, porque la consecuencia de hacerlo suele ser más terrorismo.

La claudicación es una derrota sin paliativos, y a partir de ella los terroristas se crecen y buscan del Estado arrodillado más concesiones de las que éste puede soportar. ¿Estamos dispuestos a ver salir a la calle a asesinos despiadados con decenas de delitos de sangre a sus espaldas, sin que ni siquiera hayan pedido perdón por haber segado la vida de niños, mujeres, ancianos, soldados, policías y políticos, todos ellos inocentes en una espiral de barbarie, odio y terror que se ha cobrado más de mil víctimas?

Esa es la pregunta a la que tiene que contestar Rodríguez Zapatero y, derivada de ella, la de cuál va a ser la concesión del Estado. Hay algo que me agobia todavía más que la certeza de la cesión: la evidencia del oscurantismo. El modo en que este Gobierno lleva a cabo sus proyectos con una absoluta ausencia de transparencia y una deslealtad sin límites al Estado de Derecho y los valores esenciales de la Democracia: desde el pacto del Estatuto, a la OPA de Gas Natural, pasando por la negociación con ETA.

Igual se cierra con Artur Mas un acuerdo que a día de hoy sigue siendo una incógnita, que se reúne el presidente con los actores principales de la OPA en una cena en la que se afirma, sin tapujos, que la operación saldrá adelante “como sea” –puro estilo Rodríguez para conseguir sus objetivos-, que se cita en secreto con Durao Barroso, que se negocia a espaldas del Estado de Derecho con los terroristas. La nuestra es, hoy por hoy, una democracia secuestrada con nocturnidad y alevosía.