SI ETA PONE UN MUERTO SOBRE LA MESA, ¿SE LE PODRÁ CULPAR DE LA ACCIÓN ARMADA A ZAPATERO?

 Artículo de Federico Quevedo en “El Confidencial Com” del 15.12.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Déjenme que les diga que, de entrada, no. Los únicos responsables de una acción terrorista son los propios terroristas, y nadie más. No puede haber duda sobre eso. Pero de salida, sin embargo, existen importantes matices. Matices que llevan a pensar que, quizás, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho demasiados gestos hacia la pandilla de canallas, les ha dado tantas facilidades, que ahora los asesinos que hace un par de años se encontraban en las últimas y al borde de su extinción, han recuperado su fuerza, se han rearmado, han reclutado nuevos asesinos no fichados por la policía, han reafirmado sus pretensiones y, sobre todo, se han crecido sobre un Estado debilitado por la acción irresponsable de un Gobierno entregado a la causa terrorista. En esas condiciones, si ETA mata, Zapatero tendrá que dar muchas explicaciones, y la ciudadanía tendría derecho a exigírselas.

Sé que vendrán los de siempre a recordarme que también Aznar negoció con ETA, que acercó presos, que les llamó Movimiento de Liberación Nacional, que los puso en la calle... Nada de todo eso es comparable con la situación actual del proceso de negociación con la banda terrorista, por más que ahora ese proceso esté en una especie de vía muerta que no sabemos si tendrá de nuevo reenganche o acabará bruscamente, de bruces ante un pilón de cemento armado llamado asesinato cobarde y por la espalda. Nadie pudo tener nunca la más mínima duda de que Aznar quiso acabar con ETA, de que toda su obsesión fue que desapareciera sin hacer concesiones, de que cayera sobre los asesinos el peso de la ley, de que se salvaguardara la dignidad de las víctimas del terrorismo. Por mucho que Blanquito pretenda manipular los hechos, la verdad es que Aznar, cuando tuvo claro que aquella tregua que ETA le declaró, no al Gobierno, sino a los nacionalistas vascos, no llevaba a ninguna parte, puso a trabajar a las fuerzas de seguridad y a la Justicia para que el peso de la ley fuera implacable con la pandilla de canallas.

Ayer, la Fiscalía, la misma Fiscalía que hace un año sostenía que los procesados por Egunkaria debían ir a la cárcel, cambiaba de nuevo de opinión para asegurar, un año después, que no hay indicios suficientes para condenarlos. La respuesta de ETA-Batasuna ha sido decir que el ‘proceso’ está en suspenso, porque no ven en el Gobierno voluntad de acceder a la totalidad de sus pretensiones. No es que no haya voluntad, Zapatero la tiene, lo que no hay es un marco jurídico que lo permita al modo en que quieren la pandilla de canallas y sus secuaces, que no es otro que la violentación del Estado de Derecho y de la Constitución. El de ETA es un proyecto totalitario, tan totalitario como el de cualquier dictadura, sea del signo que sea –el mundo respira un poco más de aire puro ahora que tiene un tirano menos tras la muerte de Pinochet-, pero con el agravante de que ese proyecto lleva ya mil muertos sobre la mesa, y de que ahora es un Gobierno democrático el que ampara la consecución del mismo. Los gestos de Zapatero hacia ETA son de tal indignidad, que cuesta creer que un presidente del Gobierno, en su ambición de poder, sea capaz de entregarse sin contemplaciones a los terroristas a cambio de que, al final, se cumpla, como ocurre siempre, la fábula del escorpión.

¿Quieren, los críticos y los escépticos, pruebas? Diez días antes de la declaración del alto el fuego permanente, la Fiscalía pedía para el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, como inductor de los desórdenes producidos por la huelga del 9 de marzo en el País Vasco y Navarra, la prisión incondicional. Apenas declarada la tregua el Fiscal cambió su solicitud por la de prisión eludible bajo fianza. El pasado 20 de octubre la Fiscalía pidió rebajar la fianza impuesta al Otegi de 650.000 a 200.00 euros, petición asumida finalmente por Garzón que la fijó en 50.000 euros. Del mismo modo, en el juicio contra Iñaki Bilbao por amenazas contra el juez Garzón, el Fiscal rebajó la petición de pena de 12 años a dos. Recordarán también cómo al día siguiente de ser comunicada la decisión de abandonar la huelga de hambre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que estaba estudiando rebajar la petición de pena de De Juana Chaos a 6 años, por considerar “desproporcionadas” las que se consignaron en el escrito de acusación provisional hace cinco meses. El 27 de octubre de 2006 se celebró el juicio en el que se le condenó a 12 años y 7 meses, poniendo en evidencia el criterio de la Fiscalía.

La misma fiscalía que se opone a que el Supremo adopte cualquier media cautelar contra las herriko tabernas por no existir pruebas suficientes de su vinculación con el partido ilegalizado. Se ha suspendido el juicio contra 15 jóvenes acusados de recopilar información sobre objetivos que ofrecían a la dirección de ETA en Francia por la ausencia del principal acusado, Juan Carlos Subijana, quien había sido declarado en rebeldía en el escrito de acusación de la Fiscalía, pese a que las autoridades francesas le detuvieron en junio de 2004 y cumple prisión desde noviembre de 2005. En el juicio por el atentado contra Eduardo Madina dos colaboradores de ETA ven rebajada su pena por un fallo de la Fiscalía, que no sustanció en juicio la acusación formal de Olabarrieta y Aztiria por colaboración con banda armada, limitándose a probar la acusación por encubrimiento. Recientemente, en el juicio por el secuestro de Aldaya uno de los terroristas va a ser absuelto al no haberse llevado al plenario una prueba pericial que le relacionaba directamente con los hechos. El pasado 1 de junio, ocho presuntos colaboradores de cinco comandos etarras vieron rebajada la solicitud de pena de 136 años a 61 mediante una sentencia de conformidad. La principal acusada, Oihana Baquedano, vio reducida su condena de 28 a 18 años.

Un mes después la Audiencia Nacional condenó a 6 años de cárcel al etarra Josu Álvarez Pérez, y a 2 años a Oscar Elejaga, Javier Ganuza, y Amaia Ibarra, que ayudaron a huir a Francia a varios etarras. La Fiscal también volvió a rebajar sus peticiones, de 8 a 6 años en el primer caso, y de 6 a 2 en el resto. El 4 de octubre Jon Markel Ormazabal, acusado de tres actos de kale borroka pasó de una petición de 11 años de cárcel a una multa de 3.000 euros. A su compañero, Gaizka Arcelus, para el que se pedían 7 años de cárcel, se le retiró la acusación por falta de pruebas. ¿Y dicen que no presionan a los jueces? ¿Afirman que la Justicia sigue siendo implacable en la lucha contra ETA? Miren, si después de todo esto, si después de haberse el Estado bajado los pantalones hasta el punto en que lo ha hecho, la pandilla de canallas vuelve a matar, y les aseguro que existen muchas posibilidades de que eso ocurra, Zapatero tendrá que responder, no sé si ante la Justicia, pero sí ante los ciudadanos, por su irresponsabilidad, por su indolencia y por ese talante antidemocrático que ha permitido el fortalecimiento de los asesinos.