UN JUICIO POLÍTICO AL PP PROPIO DEL ‘CHAVISMO’

Artículo de Federico Quevedo en “El Confidencial.com” del 21 de mayo de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya tiene su GAL. Sin muertos, pero GAL al fin y al cabo. Y curiosamente en este nuevo GAL, que no es otra cosa que la utilización de los mecanismos del Estado de Derecho en beneficio propio y en perjuicio del contrario, aparecen algunos nombres vinculados al otro GAL: el del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el del comisario Juan Antonio González -JAG-, y el del jefe de Gabinete de Rodríguez e íntimo amigo de los dos primeros, José Enrique Serrano. Digo que esto es un GAL porque lo que está haciendo este Gobierno contra el Partido Popular es propio de conspiraciones bananeras, un juicio político en toda regla contra el principal partido de la oposición y alternativa de gobierno, más propio de regímenes caudillistas como el de Hugo Chávez en Venezuela que de democracias asentadas y fuertes como las anglosajonas. Ayer, en un arranque de comprensible desesperación, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, me preguntaba cómo era posible que estando el país como está, con una crisis brutal que ya se ha cifrado en una caída del 3% del PIB en el primer trimestre -lo que anuncia una caída muy superior en el conjunto del año-, el tema del día sea Camps. Y Trillo. Pues sí, es posible, sobre todo cuando más de la mitad de la profesión periodística y los medios de comunicación de este país están entregados como auténticas putas de carretera a la estrategia totalitaria de Rodríguez, y no se atreven a denunciar sus continuas y reiteradas violaciones del Estado de Derecho y las leyes fundamentales de nuestra democracia.

Ahora la han tomado con Trillo. Es verdad que el juicio oral sobre el ‘caso Yak-42’ estaba previsto de antemano en estas fechas, no es fruto de una intencionalidad maliciosa. Pero como la sentencia no hace ninguna referencia a Federico Trillo, ya están los medios adictos al régimen, y algún otro que se suma encantado de haberse conocido, abriéndole su particular juicio paralelo. Pues miren ustedes: el señor Trillo -a quien en su día reproche su actitud en este asunto- ya pagó con creces su responsabilidad política por el Yak-42, y ahora la sala que ha juzgado el caso ni siquiera ha tenido a bien llamarlo como testigo. Por algo será. Pero se siguen reclamando sus responsabilidades políticas y lo cierto es que Trillo compareció varias veces en Pleno y en Comisión a petición propia y cuando fue requerido siendo ministro y que en 2004, en plena polémica sobre las identificaciones, revalidó su escaño al frente de la candidatura del PP en Alicante que fue la ganadora; que luego, como diputado de la oposición compareció en un Pleno extraordinario y ante la Comisión de Defensa, y que de nuevo, en las elecciones del 2008, se utilizó el tema y los electores de Alicante revalidaron su confianza por mayoría absoluta frente al ex ministro Bernat Soria. Si Trillo tiene que dejar su escaño y sus responsabilidades, antes que él debería dimitir de las suyas Rubalcaba, que fue el portavoz del Gobierno de Felipe González que justificó los GAL, y el propio González debería devolver el dinero que le han pagado los españoles durante todos estos años porque fue el máximo responsable del terrorismo de Estado que se practicó desde su Gobierno.

Pero ahí está el jurado de la prensa, alentado desde las tribunas políticas de Ferraz, volviendo a reclamar la responsabilidad política de Trillo. ¿Por qué? Fácil, estamos en campaña electoral, y esto viene al pelo para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Claro que mucho más grave es lo que está ocurriendo en torno a la operación Gürtel, porque eso es fruto de una verdadera conspiración político-judicial-mediática contra el PP que debería acabar en los tribunales con un juez, un comisario -al menos- de la Policía, un grupo de comunicación fácilmente reconocible y varios miembros del Gobierno respondiendo de gravísimos delitos. Delitos que atentan contra la propia estructura de la democracia y el Estado de Derecho. Todo lo que estamos viendo entorno a la operación Gürtel está perfectamente diseñado y llevado a cabo por los mismos que en su día diseñaron y llevaron a cabo otras operaciones de Estado de mayor calado. El mismo comisario presuntamente implicado en los casos de torturas a Joseba Arregui e Isabel Llaquet; el mismo comisario que durante años fue el ‘hombre de Pesa’ en Interior y que junto a José Enrique Serrano negoció la vuelta de Roldán -y al que se conoció entonces como Capitán Kan-; el mismo comisario que aparece en la agenda de Juan Antonio Roca y del que se dice que fue quien le avisó de que iban a por él; el mismo comisario al que algunas fuentes sitúan en el ‘ojo del huracán’ del ‘caso Faisán’ -chivatazo a un miembro de ETA en mayo del 2006 de que le estaban investigando-; el mismo comisario que todavía tiene que dar explicaciones de la compra de dos pisos en Madrid a nombre de sus hijos… Ese comisario, su jefe -Rubalcaba-, su amigo José Enrique Serrano del que parten las filtraciones al diario El País, el propio diario, y el juez que se presta a instruir una causa contra el PP, tienen que dar muchas explicaciones de sus actuaciones.

Por ejemplo, aquella famosa cena en la cacería que puso fin a la carrera política de Bermejo. ¿Es verdad que aquella cacería la pagó una empresa de seguridad de Barcelona cuyo dueño, amigo del comisario Juan Antonio González, tiene problemas con la Justicia? ¿Es verdad que en la cena se pidió a Garzón que aceptara como pruebas las cintas grabadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peña, para implicar al tesorero del PP Luis Bárcenas y acusar a Génova de financiación ilegal, y que el magistrado se negó porque de hacerlo se anularía el sumario? ¿Es verdad que a cambio de eso se pactó encerrar en la cárcel a Álvaro Pérez y extender la trama Gürtel hasta Valencia, y que por eso se le detuvo el lunes siguiente y no con las primeras detenciones de la operación? Y ya puestos, ¿quién o quienes ayudaron a José Luis Peña a grabar durante dos años las conversaciones de Correa, con material altamente sofisticado y propio de una agencia pública de inteligencia como el CNI? Si esto no es un GAL, que me digan qué lo es, independientemente de que haya habido cargos del PP que hayan cometido excesos o delitos en el uso de su responsabilidad política. Y si esto no es un juicio político al PP, que me digan también qué lo es, pero de entrada todo apunta a que Rodríguez está estrujando el Estado de Derecho y sus instituciones para obtener un rédito electoral, y eso también puede acabar siendo constitutivo de delito, aunque como ocurriera con los GAL, también en este caso la X acabe saliendo impune.