DISCURSO DE MARIANO RAJOY
Publicado en “ABC” del 03/11/2005
Por su interés y relevancia he seleccionado el discurso que
sigue para incluirlo en este sitio web
Con un muy breve comentario al final:
ME CONCEDO UN MES (L. B.-B., 3-11-05, 00:00)
Sr. Presidente del Congreso, señores Comisionados del Parlamento
de Cataluña, señoras y señores diputados,
Soy consciente de que estamos ante un debate muy delicado, con
muchas sensibilidades a flor de piel. Esto no es casual.
alguien se ha esforzado para agitar los ánimos; alguien se
comprometió a que este Estatuto sería admitido tal y como viniera; alguien ha
estado alentando los excesos que aparecen en el texto; alguien ha rescatado en
Madrid un acuerdo que en Barcelona zozobraba; alguien ha convertido esta
reforma de Estatuto en un lance de honores ofendidos; alguien ha comprometido
su futuro personal, no con el interés general ni con la razón, sino con sacar
adelante, a cualquier precio, este Estatuto; alguien, para ocultar sus
disparates y curarse en salud, condena como anticatalanista
y antidemócrata a todo el que no esté de acuerdo con
el texto, con los procedimientos o con las intenciones del señor Rodríguez
Zapatero.
Cuando alguien agita el agua, señorías, suele ocurrir que el agua
no se está quieta. La culpa no es del agua, señorías, sino de quien la mueve.
Tampoco tiene la culpa quien discrepa, sino quien propone lo que no debe. Yo no
voy a mover el agua. Mi deseo es que celebremos un debate serio, sin prejuicios
y sin vehemencias. Me he propuesto no pronunciar una palabra más alta que otra,
no excitar emociones ni dañar sentimientos.
Voy a ser muy respetuoso con el texto aprobado mayoritariamente en el
Parlamento de Cataluña. Muy respetuoso. No hasta el extremo que reclaman
algunos cuando piden que nadie estorbe el paso del Estatuto por esta Cámara,
como si el ejercicio de nuestra responsabilidad fuera un delito de lesa
democracia. Eso no sería respeto sino indolencia.
Ser respetuoso no significa pasar por ciego ni por mudo. Me
propongo, con todo respeto, decir lo que pienso y, aunque no esté de moda,
llamar a las cosas por su nombre. Con todo respeto, señalaré las
responsabilidades y, con todo respeto, pediré que no se tome en consideración
el texto que patrocina el Presidente del Gobierno. Que nadie interprete estas
palabras como que soy insensible al fuerte sentido identitario
de la población de Cataluña. De ninguna manera.
Lo reconozco y lo admiro, como me ocurre con todas las regiones
españolas. ¿Hay alguna que no muestre una historia milenaria y un amor
reverencial, a veces desmedido, por su personalidad? No doy la espalda a los
sentimientos de los catalanes. Me importan mucho sus sentimientos y sus
intereses. Lo que ocurre es que mi atención no se restringe a los catalanes
nacionalistas. Yo me preocupo de TODOS los catalanes.
Por cierto, señorías, no quiero seguir adelante sin repetir algo
que viene al caso. Yo no estoy de acuerdo con quienes boicotean productos
catalanes. Ni los catalanes en general, ni los empresarios y trabajadores de
Cataluña en particular, son responsables de los desaguisados que puedan cometer
sus políticos, del mismo modo que los españoles no somos responsables de los
desvaríos de nuestros gobernantes. Quien boicotea un producto catalán comete
una injusticia y además incurre en un error porque alimenta a quienes buscan
excusas para atizar el fuego del enfrentamiento y de la ruptura. Yo pido,
públicamente, una vez más, que no se haga.
Y digo, también, que todo iría mucho mejor si algunos en Cataluña
no facilitaran estas reacciones mezclando, o permitiendo que se mezclen,
asociaciones y clubes deportivos con los intereses políticos del Tripartito.
Señorías, no hemos venido para hablar de sensibilidades sino de leyes. Por eso,
me propongo hacer abstracción de cuál sea el origen del Estatuto y de quiénes
hayan sido sus creadores. De este modo ganamos en objetividad y despejamos la
mesa de catalanismos y anticatalanismos.
Por supuesto que Cataluña tiene una importancia grande por su
peso demográfico y económico, por su historia y su cultura, pero, para lo que
yo tengo que decir, me da igual que el proyecto de Estatuto proceda de
Barcelona o de cualquier otra comunidad española. Mis criterios son
coherentemente constantes y se defienden sin acepción de origen o de colores.
Me importan todas las comunidades por igual; deseo que todas cumplan la ley por
igual; y critico a las que no lo hacen, por igual.
Quiero hacer abstracción de todo lo que no sea el texto desnudo,
la proposición de ley en sí misma. Quiero examinarlo a la luz de sus propios
méritos sin más ayuda que la razón. En suma, señorías: No voy a dirigir mis
palabras a las pasiones ni a los sentimientos. No tomaré en cuenta a los
creadores del Estatuto ni a sus intenciones. Me limitaré a considerar cuáles
son las características del proyecto y qué debemos hacer con él. En concreto:
• si es o no es un estatuto de
autonomía; • si es o no es constitucional y, por fin• si debemos admitirlo a
trámite o rechazarlo.
Estas son las cuestiones que tenemos sobre la mesa y hemos de responderlas
en ese mismo orden. En primer lugar debemos preguntarnos si es lo que dice ser;
si estamos ante la reforma de un estatuto de autonomía.
No hay tal. Un documento que comienza proclamando la existencia
de una nación y reclama para sí las competencias de un estado, es obvio que
renuncia
expresamente a todo lo que pudiera
recordar a una administración autónoma.
Calificar este documento como reforma del Estatuto de Autonomía
no pasa de
ser un eufemismo capcioso.
¿Acaso es constitucional? Tampoco. Está escrito de espaldas a la
Constitución. No se orienta por la Constitución. Ni siquiera la toma en cuenta.
Lo que no es inconstitucional o es insolidario o es contrario al interés
general. No gastaré ni tiempo ni argumentos en sostener algo sobre lo que todas
las opiniones solventes se han mostrado unánimes. No sólo se aposenta en las
afueras de la Constitución. Sobrepasa con creces las competencias asignadas a
los parlamentos autonómicos.
En un claro ejercicio de extralimitación, define a Cataluña como
nación y a España como un estado plurinacional. No estamos, pues, ante un
estatuto de comunidad autónoma sino de comunidad autárquica que adopta con
franqueza las hechuras de una constitución para una región emancipada. Una de
las constituciones, lo digo con respeto, más extensas, pormenorizadas y
metomentodo que se han visto en toda la historia del Derecho Constitucional.
No digo más, señorías. No entro a considerar si el texto es justo
o injusto, conveniente o pernicioso, solidario o egoísta. Renuncio a los juicios
de valor y a las pormenorizaciones. Digo que choca con la Constitución, que es
incompatible con la Constitución, que no se puede aplicar sin quebrar la
Constitución. No insistiré. No creo que haya que gastar razonamientos en lo que
a estas alturas es de común conocimiento.
El propio Presidente del Gobierno, promotor y abanderado de este
proyecto, ha reconocido que, tal y como está, no se puede admitir porque choca
con la Constitución. Hemos oído hablar de ajustes, de retoques, de
correcciones, de que deberá ser constitucional (porque no lo es), respetuoso
con la unidad de España (porque no lo es), y con los intereses generales
(porque tampoco lo es).
Todo eso y más hemos oído. El señor Rodríguez Zapatero, incluso
ha utilizado el símil eclesiástico de la patena eucarística. Otra cosa es que
el señor Presidente, sordo a sus propias convicciones, no haya querido
reconocer hasta ahora que el Estatuto está reñido con la Constitución. No ha
querido reconocerlo antes para no tener que bloquear su admisión en la Mesa del
Congreso.
Estaba él tan convencido de la inconstitucionalidad que ni
siquiera quiso permitir las consultas previas que nosotros solicitamos. Sabía
de sobra lo que iban a decirle. Era consciente de lo que hacía, pero necesitaba
cubrir las apariencias a la hora de cometer el fraude. Nos ha traído un
proyecto inconstitucional a sabiendas. Por lo visto, no le parecía bien que el
respeto a la verdad, a la ley y a los procedimientos hubiera que llevarlos tan
lejos como para perjudicar al Gobierno. Hay personas que se confiesan
enamoradísimas de la democracia pero se olvidan de ella en cuanto estorba sus
conveniencias. ¿Sería mucho pedir que respetaran lo más elemental de un sistema
democrático que son los procedimientos? Tal vez sea mucho pedir.
Lo gracioso es que mientras se hacen estas cosas y las que
comentaré más adelante, se nos habla de confianza en la solidez de las
instituciones democráticas. ¿Es una broma? La cosa tiene su sorna. Señorías, a
las instituciones democráticas españolas les ocurre como a la economía. Son
sólidas todavía porque el señor Rodríguez Zapatero no lleva más que un año y
medio gobernando.
El sr. Rodríguez Zapatero pretende
quitar importancia a este desaguisado alegando que tiene remedio. Se supone
que, si se admite a trámite este proyecto, una vez en Comisión y tras varios
meses e incontables retoques, podrá parecerse a un estatuto de autonomía. Yo lo
dudo, pero eso no es lo que se debate aquí. La cuestión de hoy no es lo que
pueda ocurrir o dejar de ocurrir dentro de seis meses. Aquí no hemos venido a
discutir si tiene arreglo. Tampoco hemos venido a debatir sobre las posibles
enmiendas que precisa. Lo que se debate es si debemos admitir un texto que HOY
no es un estatuto de autonomía y que HOY no es constitucional.
El señor Rodríguez Zapatero nos propone que lo admitamos a
sabiendas de que no debiéramos admitirlo. Nos invita a que dejemos a un lado la
realidad objetiva de hoy y confiemos en su buena mano para enderezar el
entuerto mañana. Esto es inédito, señorías. Mal van la Democracia y la Justicia
donde no se respetan escrupulosamente los procedimientos. Nuestro deber es
decidir sobre el hecho objetivo que HOY tenemos delante, no sobre los golpes de
pecho del Presidente del Gobierno ni sobre sus etéreos propósitos de enmienda.
Porque se nos dice que el Estatuto admite corrección. Pongámonos
en el supuesto de que hay que corregirlo. ¿Quién debe corregirlo, señorías?
Esta es una cuestión que el señor Rodríguez Zapatero se salta a la torera
porque él va directamente a lo suyo. No, no. Hay que contestarla: ¿Quién debe
corregirlo y por qué?
Si estamos ante un texto que ni es de reforma ni es estatuto ni
es constitucional, es decir, que no cumple ninguna de las condiciones
exigibles, lo que pide la razón es que devolvamos el texto para que lo corrijan
sus autores de acuerdo con la ley. ¿O no?
¿A quién se le encomendó la corrección del Plan Ibarreche? A sus creadores. ¿Por qué? ¿Porque era inconstitucional
o porque no había participado el Partido Socialista? Lo principal, eso es lo
que dijeron desde el gobierno y desde el Grupo Socialista, es que era
inconstitucional. El señor Pérez Rubalcaba denunció 50 artículos
inconstitucionales. Pues bien, señorías: si no se admitió el estatuto del señor
Ibarreche, ¿por qué se debe admitir el del señor
Maragall? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los argumentos del señor Rodríguez
Zapatero valían en febrero y ya no valen en noviembre?
¿Por qué? Porque si el señor Rodríguez Zapatero no asegura el
trámite del Estatuto, el señor Rodríguez Zapatero no puede gobernar. Así de
sencillo. El debate de hoy con su previsible resultado es parte del precio que
el Presidente del Gobierno debe pagar para que le aprueben los Presupuestos y
le permitan seguir gobernando. A esto se reduce todo, señorías. Esta es la
diferencia sustancial entre este Estatuto y el Plan Ibarreche.
La pregunta que surge inmediatamente es si el arreglo que se nos promete será
posible o estamos ante una ficción de firmeza, un artificio, una comedia para
salir del paso. Como hemos oído, el señor Rodríguez Zapatero se propone ser muy
exigente en materias como el modelo de financiación, la salvaguarda de la
unidad de mercado y el blindaje de competencias, entre otras. Muy exigente.
Parece que no está dispuesto a aceptar las cosas inaceptables que hasta ahora
le parecían excelentes.
Ojalá esta sinrazón pudiera corregirse con unos cuantos retoques. No es así. La
distancia entre el Estatuto y la Constitución es tan abismal que cualquier
acomodo resulta imposible. Por muchos parches que se le pongan, seguirá siendo
inconstitucional. Esto es como pretender hacerle la permanente a un
puercoespín. Les diré por qué. En primer lugar porque la inconstitucionalidad
no es cosa de tres o cuatro artículos que hayan ido demasiado lejos. No,
señorías. La inconstitucionalidad impregna todo el texto, inspira toda su
redacción y no se corrige con cuatro enmiendas. Transplantarlo
al interior de nuestra Ley Suprema equivale a redactar un texto completamente
nuevo que, inevitablemente, ha de resultar irreconocible para sus redactores
originales.
¿Está el señor Rodríguez Zapatero dispuesto a esa demolición o se
conformará con un poquito de pintura en la fachada para salvar las apariencias?
Con todo respeto señorías, debo decir que, en mi opinión, se conformará con un
poquito de pintura. ¿Por qué me lo parece? Porque actúa contra el sentido
común. Lo más razonable sería que corrija el Estatuto quien se ha propasado en
la redacción. Eso sería lo más razonable, lo más sencillo, lo menos traumático
y lo más respetuoso con los procedimientos. Eso pide el sentido común.
Pero el señor Rodríguez Zapatero se opone. ¿Por qué? Ya lo hemos
dicho: porque si lo devuelve, no podrá gobernar. Pero hay otra razón. El señor
Rodríguez Zapatero teme que si enviamos el Estatuto a Barcelona, lo más
probable es que no regrese porque no logren ponerse de acuerdo allí. Esto no le
gusta al señor Rodríguez Zapatero porque en ese caso se quedaría Él sin Estatuto,
se quedaría sin coartada para sus devaneos federalistas. Por eso creo que ni
devolverá este proyecto ni lo corregirá como es debido.
Todavía nos queda otra cuestión: ¿Están los proponentes
dispuestos a que se les enmiende el texto en Comisión? ¿Hasta dónde están
dispuestos? Porque no es que se hayan distraído y se les hayan colado algunas
errores en la redacción. Lo han hecho lúcidamente, en pleno uso de sus
facultades mentales, conscientes de las consecuencias de su desafío y de los
obstáculos que precisaría remover. No han venido a que les expliquemos cómo es
la Constitución. Ya lo saben. Han venido, impulsados por el señor Rodríguez
Zapatero, a explicarnos en qué sentido debemos modificar nosotros la
Constitución para que su Estatuto encuentre acomodo.
Si hemos de hacer caso a lo que dicen, parece que no ven las
rebajas con buenos ojos. Además, ¿quién garantiza que a partir de hoy el señor
Rodríguez Zapatero pueda conservar sus acuerdos con los proponentes? Hasta
ahora venían cogidos de la mano porque los intereses de ambas partes
coincidían, pero a partir de hoy habrá que convertir las promesas en realidades
y esos intereses dejarán de coincidir.
Tampoco es seguro que los proponentes permanezcan unidos. No es
seguro porque compiten, al alza, a ver quién es más nacionalista, y ninguno
quiere que le condenen a la picota de los tibios. Así pues, hemos de esperar
que no se avengan a un acuerdo que rebaje en exceso los contenidos del
Estatuto. Ahora bien, como el señor Rodríguez Zapatero —principal mecenas y
fiador de este delirio— sería el mayor perjudicado si lo retiran, intentará por
todos los medios que eso no ocurra. En conclusión, señorías: que no lo
corregirá como es debido y se conformará con una mano de pintura.
Todas estas cosas, aunque no lo parezca, son cuestiones menores,
señorías. Lo que de verdad hace que el Estatuto resulte incorregible es que
parte de un malentendido que al Presidente del Gobierno no le parece mal. Todo
el Estatuto está construido sobre un supuesto falso que dice así: Cataluña es
una nación, luego es soberana, luego sus poderes emanan de su soberanía, luego
tiene derecho a decidir en solitario sus relaciones con el Estado español.
Este es el error. No he oído que el señor Rodríguez Zapatero lo
rechace. ¿Estamos ante un silencio administrativo o ante un consentimiento
tácito? Me da igual: lo evidente es que si el señor Rodríguez Zapatero no lo
rechaza explícitamente, es imposible que lo corrija. No entraré en si estas
quimeras soberanistas las comparten la mayoría de las gentes de Cataluña o
simplemente plasman los sueños ideológicos de sus políticos. Eso no nos importa
ahora. Lo que importa es que, a la luz de la Constitución del 78, estos
supuestos, vengan con el apoyo que vengan, son inasumibles.
Pues bien, sobre este malentendido, sobre este terreno extraconstitucional, se levanta todo el edificio del
estatuto que patrocina el señor Rodríguez Zapatero. Por eso no admite arreglos
parciales. No bastará con modificar uno, quince o cincuenta artículos de la
Propuesta de Reforma, porque lo que debe modificarse es su espíritu total, ese
propósito de vivir de espaldas a la Constitución que inspira muy coherentemente
todo el articulado.
La prueba es, señorías, que si se enmienda este malentendido, si
se corrige el error, entonces el Estatuto se desmorona solo. Todos los
artículos se apoyan en este fundamento y sin él no se sostienen. Comprendo que
la complaciente laxitud de nuestro Gobierno deje entender que las cosas en
España no están claras, que podrían ser de otra manera y que no deseamos
parecer intolerantes sobre las fuentes de los poderes constitucionales.
Antes de que este sarampión se extienda, que parece que quiere
extenderse, conviene aclarar el malentendido para todas las Comunidades
Autónomas que nos envíen proyectos de reforma estatutaria. Con la Constitución
en la mano, señorías, no cabe error sobre quién posee un poder original y quién
disfruta un poder delegado; quién toma las decisiones constitucionales y cuáles
son los límites de los poderes transferidos.
En España, mientras no cambien las cosas, es decir, mientras no
se apruebe otra constitución, no existe más que un poder soberano.
• Un poder que está sobre la corona, sobre el gobierno, sobre los
jueces, sobre esta Cámara, sobre las Comunidades Autónomas y sobre los ayuntamientos.
• Un poder que no admite parcelas, que no se divide, que no se
comparte.
• Un poder que delega voluntariamente sus potestades, pero no
renuncia a la propiedad. Ninguna instancia delegada es propietaria del poder
que recibe. Ese poder, que ustedes representan, lo ejerce exclusivamente el
pueblo español constituido en nación. En eso consiste la soberanía nacional.
Ante él nadie habla de igual a igual. Ante él no se blindan ríos ni
competencias. A lo sumo, se administran por delegación y siempre al servicio
del interés general. ¿Y esto por qué es así? Porque los españoles forman una
nación soberana. ¿Por qué? ¡Porque así lo decidieron en 1978! Es la voluntad de
la nación la que da obligatoriedad a las leyes. No estamos hablando de esencias
ni de unidades sagradas. Hablamos de una expresa voluntad democrática.
• El pueblo español no es soberano porque lo diga la
Constitución. NO. Es al revés: el pueblo español hizo la Constitución porque
era soberano.
• Las comunidades autónomas no han creado ni pueden crear la Nación o el
Estado. Todo lo contrario: es la nación soberana la que ha dispuesto
constituirse en Estado y que en ese Estado existan comunidades autónomas.
• El gobierno de una comunidad autónoma, no lo elige ningún poder
ajeno a la soberanía nacional, sino LOS ESPAÑOLES censados en dicha comunidad,
en los cuales la soberanía nacional ha delegado esa parcela de poder.
Conviene, como digo, que las cosas queden claras para todas las
comunidades. Este es el error esencial del Estatuto como lo era en el caso del
Plan Ibarreche. Pues bien, señorías, este error
conceptual no se arregla ni con maquillajes ni con chirigotas polisémicas.
Nuestro edificio jurídico no se construye con ambigüedades, con
medias tintas, ni con equívocos. Las leyes se hacen para personas de
entendimiento medio y deben redactarse de acuerdo con las normas del sentido
común. Todos sabemos qué significa el término nación en la Constitución y no
necesitamos que nadie revuelva su significado con sutilezas que admitan
cualquier sentido o ninguno, según convenga al talante. El concepto
constitucional de nación está indisolublemente unido a la soberanía. Si no
fuera así, no les interesaría a los redactores del Estatuto.
Lo que no puede ser, señorías, es que este concepto se pacte o se
le busquen apaños para, según se dice, integrar el independentismo en la
Constitución. Confieso que me estoy habituando a escuchar toda suerte de
excentricidades, pero después de escuchar lo del rey republicano y lo del
ejército sin armas, lo único que me faltaba por oír era esto del
independentismo constitucional. Señorías, cuando una casa se construye de
espaldas a las normas urbanísticas, los ayuntamientos, como es lógico, no
exigen reformas sino derribos. Aquí, por lo visto, no tiene sitio esta lógica de
cajón. Tenemos un texto construido sobre una base ajena a la Constitución —que
el señor Rodríguez Zapatero, insisto, ni rechaza ni denuncia ni corrige— y se
nos propone que lo resolvamos con unos retoques, es decir, con un apaño. ¿Qué
pasa aquí, señorías?
Pasa que estamos ante un intento de reforma subrepticia de la
Constitución. Una reforma que pretenden imponernos a la chita callando, pasito
a pasito, a través de sucesivos hechos consumados y cuyo final no está claro ni
para su promotor. La admisión a trámite de este Estatuto, con las correcciones
que tienen planeadas y su conversión en Ley Orgánica, es el procedimiento que
ha escogido el señor Rodríguez Zapatero para imponernos un hecho consumado que
es incompatible con la Constitución, y que se convierte en el heraldo de su
cancelación de hecho.
¿Por qué ese empeño en imponer una reforma subrepticia de la Constitución como
efecto colateral del nuevo Estatuto? ¿Por qué, señorías, pudiendo hacer las
cosas bien se hacen mal? ¿Por qué no se tramita el Estatuto como lo que es, una
propuesta de reforma constitucional?
El Parlamento de Cataluña está legitimado para proponer una
reforma constitucional. Esta Cámara tiene la facultad para tramitar el Estatuto
como reforma constitucional. ¿Por qué no se hace?
¿Por qué no se atreve el señor Rodríguez Zapatero a ir con la
verdad por delante? ¿Por qué prefiere hacer las cosas a escondidas? Nosotros no
nos opondríamos a esa tramitación. Lo que nosotros rechazamos es la chapuza, la
reforma de matute, el engaño. Todos sabemos, señorías, que el PSOE y ERC
solamente podrán pactar un Estatuto que diga sin decir, que haga sin hacer y
que no sea ni del todo constitucional ni claramente inconstitucional. Un
producto elástico, flexible, impreciso, ambiguo, que permita soslayar la
Constitución de manera flexible, elástica imprecisa y ambigua. Algo que permita
aplicar o dejar de aplicar la Constitución según convenga a los propósitos de
transformación del Estado y crear situaciones que, una vez instaladas, resulten
incorregibles.
En esto consiste la reforma encubierta de la Constitución,
señorías. En crear las circunstancias que permitan hacer la vista gorda sin
demasiado escándalo. Esto no es nuevo. ¿No se está haciendo ya con HB? ¿Todavía
no hemos entendido que en España estamos cambiando el imperio de la Ley por el
buen talante de la Ley?
Por eso, señorías, al Presidente Rodríguez Zapatero no le ha inquietado en
ningún momento la inconstitucionalidad del texto. Quiere salvar las
apariencias, por supuesto, pero no le interesa que las correcciones sean tantas
que hagan imposible el sueño que su señoría acaricia sobre la reforma del
Estado.
Es curioso cómo resulta que lo que menos le importa hoy al señor
Rodríguez Zapatero es Cataluña. Está pensando en España, para nuestro mal. La
cuestión real, la de fondo y la importante no es qué hacemos con este Estatuto,
sino qué hacemos, con la excusa de este Estatuto, con España. En eso estamos,
señorías. Cataluña no es más que una coartada para que el señor Rodríguez
Zapatero lleve adelante sus fantasías federalistas y comience a caminar hacia
la España Plurinacional, el Estado Federal Asimétrico o la Confederación
Ibérica de Naciones... que no sé yo con precisión qué es lo que busca.
Estamos en un viaje hacia lo desconocido que sirve para hermanar
al Presidente del Gobierno con el señor Carod Rovira —y dentro de poco con el
señor Otegui— porque, si me permiten la expresión, se juntan el hambre y las
ganas de comer. La luz de esta imaginativa fraternidad vanguardista ilumina hoy
la desconcertada senda de todos los españoles. Si lo que acabo de exponer es
razonable —y debe serlo porque hace semanas que lo repito y he escuchado muchas
descalificaciones, pero ningún razonamiento—, estamos ante un fraude
descomunal.
Tengo la sospecha de que el señor Rodríguez Zapatero, tan original en sus
concepciones sobre la democracia, entiende que los ciudadanos le han dado un
cheque en blanco para que haga —o más bien deshaga— lo que le parezca. Me temo
que las cosas no son así. Nosotros, desde luego no lo vamos a aceptar y
rechazaremos cualquier intento de alterar la Constitución por mayoría simple.
Todos los que nos sentamos en esta Cámara, estamos obligados a exigir el
cumplimiento de la ley mientras la ley no cambie.
• Esa ley es la Constitución del 78.
• No la defiendo por lo que afirma ni por lo que niega. La
defiendo porque la he jurado y porque está en vigor.
• No es intocable, pero nadie puede manosearla por su cuenta.
• Podemos cambiarla, pero hay un procedimiento establecido para
ello. Esto no admite muchas vueltas, señorías. O nos ponemos de acuerdo para
cambiar la Constitución o la dejamos como está. Y si la dejamos como está, hay
que respetarla y, desde luego, quien no la respete topará con nosotros. Termino
ya, señor Presidente. Con todo respeto, señorías, no me sorprende descubrir una
vez más que el señor Rodríguez Zapatero hace trampas. Lo lamento, pero no me
sorprende.
Lo que me deja estupefacto es esta súbita conversión, este abrazo suyo con los
valores del nacionalismo, es decir con las prebendas del antiguo régimen, con
las ideas que combatieron la Ilustración, la Revolución Norteamericana de 1776,
la Revolución Francesa y, entre nosotros, las Cortes de Cádiz. Digo yo que se
habrá convertido puesto que apadrina el desvarío y, para no quedarse atrás,
compite con los fundamentalistas más fervorosos. ¡Muy sorprendente!
Lo diré con todo respeto, señorías: protege el señor Rodríguez Zapatero un
texto tan avanzado que, de aplicarse, nos instalaría de sopetón en el siglo
XVIII, es decir en un clima de privilegios económicos, jurisdicciones
especiales, derechos históricos, franquicias diversas y, sobre todo, absoluta
sumisión individual. Me sorprende que el señor Rodríguez Zapatero, para
completar el cuadro, no haya sugerido que se resuciten los fielatos, los
almojarifazgos, las alcabalas... y el sombrero de tres picos.
No se rían. Estos son los manantiales que han inspirado el texto que hoy
debatimos. Según dice el propio documento, Los ciudadanos tienen el deber de
implicarse en el proyecto colectivo. Esto, dicho en román
paladino, significa que será obligatorio para todos asumir y apoyar el credo
nacionalista. ¿Qué les parece, señorías?
A nosotros, representantes de una democracia liberal del siglo
XXI, nos traen un texto que exige de todos los ciudadanos el sometimiento a
unos supuestos derechos colectivos superiores y que, en consecuencia,
identifica al buen ciudadano con el nacionalista fiel y las libertades
individuales con la subversión. Un texto que sanciona la división en castas de
la población catalana; que limita el autogobierno de los ciudadanos de Cataluña
para ponerlo en manos de los políticos catalanes.
Es muy coherente, porque si el destino colectivo tiene derechos, es natural que
el ciudadano sacrifique los suyos para no entorpecer el progreso de las
esencias. De ahí resulta que los fieles que se implican en el destino común,
sean ciudadanos de clase preferente. Los demás, los sordos a la misión, son
hermanos legos... aunque voten al PSOE. Son hermanos legos, como esos escritores
catalanes que por escribir en castellano, no pueden representar a la cultura
catalana. ¿Hay algo en este Estatuto que no sea retrógrado? Lo pregunto con
todo respeto.
¿Hay algo que nos recuerde que una parte muy importante y muy
respetable de la población catalana, no comulga con las ideas del nacionalismo?
¿Se les reserva a estos españoles algún papel aparte de la sumisión resignada
como ciudadanos de segunda clase? ¿Hay algo que recuerde que todos los
españoles somos iguales y tenemos derecho a vivir y a trabajar en cualquier
rincón de España? Me sorprende menos que el señor Rodríguez Zapatero dinamite
la idea de ciudadanía que heredamos de la Ilustración, “ese invento de la derechaburguesa”. Me sorprende menos porque él mismo
confiesa que la derecha no le ha enseñado nada.
Si el ángel custodio de este Estatuto hubiera prestado alguna
atención a las enseñanzas de la derecha nefanda, sabría, como proclamó
Jefferson, el padre de la declaración de derechos, sabría digo, que en una
democracia el pueblo se otorga una declaración de derechos individuales para
protegerse contra los posibles abusos del gobierno, es decir, para proteger su
libertad. Y, ahora, añado yo: con los derechos colectivos que el señor
Rodríguez Zapatero patrocina, ocurre lo contrario; se proclaman para proteger a
las esencias contra las veleidades de la libertad individual, es decir, se
proclaman como DEBERES individuales y, con frecuencia, como cepos contra la
libertad. No se dice que este Estatuto sea intervencionista por casualidad. Lo es
por coherencia.
No me voy a extender sobre la igualdad y la solidaridad entre los
españoles porque no figuran en el texto que nos ocupa. Tendríamos que hablar,
para vergüenza de todos, de la desigualdad y de la insolidaridad. Tendría que
expresar una vez más mi sorpresa ante un Presidente de Gobierno que sacrifica
la igualdad en honor de la diversidad y acepta que la contribución de los más
ricos a los más pobres sea cosa que deban decidir los más ricos. Dice el señor
Rodríguez Zapatero que esto se va a corregir, pero esto es lo que suscribió él
en Barcelona como abanderado del Estatuto, esto es lo que hemos recibido aquí
con sus bendiciones y esto es lo que hubiera salido adelante si el Partido
Popular se hubiera callado.
No me digan nada, señorías. Tiempo han tenido de hacer las correcciones y no
han querido hacerlas. Yo no lo he escrito. Lo han escrito ustedes.
Confieso mi estupefacción, señorías, ante este buen talante
ideológico. En el Partido Popular somos más humildes. Nuestras ideas son las
mismas que recoge la Constitución. No aceptamos que nada ni nadie se alce sobre
los derechos de la persona. No admitimos que un pueblo, una lengua o un destino
colectivo, por utópico que se muestre, puedan tener más derechos que un
ciudadano. No consentimos que ninguna ideología recorte la libertad individual
o establezca diferencias entre las personas. Porque nosotros, como la mayoría
de los españoles y como dice la Constitución de 1978, defendemos que todos los
españoles son iguales independientemente de su sexo, de su raza, de su
religión, de su lengua o de su ideología. Y como no lo aceptamos, no lo vamos a
votar.
Termino como comencé. Lo que digo para este Estatuto, vale para todos los que
vengan con las mismas ideas. No hago consideración sobre su origen ni sobre sus
autores. El Parlamento de Cataluña, confiado en las promesas del señor
Rodríguez Zapatero, en su laxitud constitucional y en su debilidad política,
nos propone una reforma que no puede ser a sabiendas de que no puede ser.
La supuesta reforma del Estatuto de Cataluña que nos ocupa, lejos
de ser tal, cancela el Estatuto vigente y sobrepasa crecidamente las facultades
que corresponden a un parlamento autonómico. Además, no respeta la Constitución
Española porque ni reconoce la soberanía nacional ni toma en cuenta el reparto
de competencias establecido, ni acepta la igualdad de los españoles, ni
garantiza la preeminencia de los derechos individuales. En fin, como he dicho,
facilita una reforma subrepticia de la Constitución.
Mi grupo, señorías, desea sumar sus esfuerzos al de todos los
señores diputados que consideren deseable corregir inmediatamente este error.
Estamos abiertos al diálogo y al acuerdo con todas las fuerzas parlamentarias;
muy especialmente con la que, desde el comienzo de la Transición, ha sido
referencia Este texto puede ser modificado parcial o totalmente por el orador
constante en el consenso constitucional. Me refiero, naturalmente, al Grupo
Parlamentario Socialista.
Pues bien, señorías, nuestra voluntad de diálogo contempla tres posibilidades
honorables de acuerdo:
o La primera consiste en
devolver el Estatuto a sus autores para que procedan a una nueva redacción
acorde con la Constitución.
o Si no se desea devolver
el Estatuto, la única alternativa libre de sospecha es tramitarlo como una
reforma constitucional. Esta opción nos permitiría hacer las cosas bien, actuar
con sinceridad y dar a todos los españoles la oportunidad de intervenir en algo
que afecta a sus derechos y a sus intereses.
o La tercera posibilidad de acuerdo no es nueva. El
señor Rodríguez Zapatero la conoce bien porque se la entregué por escrito el
pasado 14 de enero. Era una propuesta que, entre otras cosas, establecía un
procedimiento para la tramitación de los Estatutos de Autonomía sobre la base
del consenso constitucional. Él la aceptó, pero más tarde, dio marcha atrás; si
no lo hubiera hecho, hoy nos encontraríamos en una situación bien distinta.
Pues bien, si no se acepta ninguna de nuestras propuestas, hemos de entender
que no existe voluntad de acuerdo; al menos de acuerdo dentro de la ley, que es
el único terreno en el que estamos dispuestos a movernos. En ese caso, por
primera vez en la historia de nuestra democracia puede ocurrir que un estatuto
de autonomía se apruebe de espaldas al consenso constitucional. Si yo estuviera
en el lugar del señor Rodríguez Zapatero, lo pensaría despacio antes de dar ese
salto en el vacío.
Y ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular, en coherencia con todo lo
dicho, no está dispuesto a servir de coartada en este fraude ni a legitimar la
ilegalidad. No vamos a secundar la aventura del señor Rodríguez Zapatero y sus
socios, pero tampoco nos vamos a desentender. Reclamaremos el respeto a la
Constitución. No prestaremos nuestro acuerdo a ningún remiendo. Vigilaremos
cada paso que se dé o que se quiera dar e informaremos a los españoles de todo
lo que ocurra y de todas las consecuencias que se deriven para sus intereses y
para su bienestar. Vamos a estar presentes porque los españoles tienen derecho
a que alguien les cuente la verdad de lo que allí se haga.
Porque en España, como todo el mundo sabe, aunque algunos lo olvidan, en España
hay españoles, ¿saben? Cuarenta millones de seres humanos que, aunque pueda
sorprender, se muestran obstinadamente dispuestos a seguir siendo españoles.
Andaluces, sí; Catalanes, sí; Canarios, sí. Pero españoles, también.
España es muy plural, señorías. Ya se ha dicho aquí. No lo van a creer, pero ya
lo era antes de la llegada del señor Rodríguez Zapatero. Muy plural, pero no por
ser plural deja de ser España. Así lo entienden los españoles y por eso
muestran, MOSTRAMOS, una voluntad obstinada e incansable de vivir juntos pese a
quien pese. La nación española, señorías, no es otra cosa que una terca
perseverancia en la unidad. Esta es la España que vamos a defender, y la
defendemos:
• porque los españoles tenemos memoria.
No hemos olvidado la trágica historia de los últimos doscientos años y las
energías que hemos consumido en querellas estériles y excluyentes.
• la defendemos, porque apreciamos el valor de la
Constitución vigente que nació de un consenso nuevo, de una gran voluntad de
entendimiento, del firme propósito de convivir en paz.
• la defendemos, porque hoy necesitamos
una España unida, cohesionada, capaz de participar activa y eficazmente en la
Unión Europea y afrontar con éxito los retos de la globalización.
• La defendemos, en fin, porque amamos a España y nos importa
todo lo que afecte a los españoles, a sus derechos, a su futuro, a su libertad.
Lo que se nos propone hoy, señorías, es que renunciemos a un patrimonio sólido,
a unos beneficios indiscutibles, a un futuro despejado, a cambio de una
aventura sin reglas, sin rumbo, sin resultado concreto. Este es el meollo del
despropósito.
Se nos propone quebrar oficialmente la tradición de consenso
entre los dos grandes partidos nacionales que ha guiado todos los cambios en
nuestro modelo territorial desde 1978. El señor Rodríguez Zapatero oficializa
hoy la ruptura de lo que ha sido la mejor garantía de nuestra estabilidad
política a cambio de no se sabe qué ni con quién.
Ya sé que este capricho no puede durar mucho tiempo. Los españoles no se van a
dejar engañar ni todos los días ni en lo que más les importa. Pero, por poco
que dure, no será gratuito. Habrá que pagar la factura de un inmenso
despilfarro, en tiempo, en esfuerzos, en oportunidades y, tal vez señorías, en
nuestra capacidad de convivir. Podemos hacer un negocio realmente ruinoso.
Señorías, cada uno sabe cuál es su responsabilidad ante los
ciudadanos. Yo conozco la mía y puedo asegurar que el principal deseo de los
millones de españoles que votan al Partido Popular —y el de algunos que no lo
votan— es que nos opongamos a esta torpeza. Eso es lo que vamos a hacer con
todas nuestras fuerzas.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Muy breve comentario final:
ME CONCEDO UN MES (L. B.-B., 3-11-05, 00:00)
Edurne Uriarte
escribía hace cosa de quince días que no creía que el PSOE fuera capaz de
cambiar el rumbo hacia el desastre al que que hoy nos
lleva. Yo pensaba que, por mera cuestión de supervivencia, algunos de sus
dirigentes serían conscientes de la necesidad urgente de reenderezar
el partido hacia la defensa de la Constitución y de sus valores tradicionales
de izquierda moderada y patriótica. Pero estoy empezando a perder la esperanza:
quizá por cobardía, quizá por oportunismo, quizá por la necesidad interesada de
creer en la capacidad y voluntad de ZP, el PSOE no reacciona, se deja conducir
al despeñadero y nos conduce a todos con él al suicidio.
Por eso, sólo quiero dejar aquí constancia de mi
tristeza, frustración y desesperanza definitivas: si el tres de diciembre sigo
sin observar movimientos enérgicos en su interior y un cambio de rumbo del
Gobierno al que apoya, para mí el PSOE se habrá acabado definitivamente. De
herramienta para la consecución de ideales de igualdad y justicia habrá pasado
a ser caballo de Troya de la reacción; instrumento para el hundimiento de
la Patria al servicio de los intereses personales de oportunistas sin
principios ni criterios firmes; "alien"
letal infiltrado en el corazón de la democracia española para reventarla desde
dentro. Si el PSOE no despierta ante el peligro máximo que sus irresponsables
dirigentes han activado, para mí, y supongo que para muchos españoles, el PSOE
habrá muerto.