DECLARACIONES DE MARIANO RAJOY

  en “El Mundo” del 05.02.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el reportaje que sigue para incluirlo en este sitio web.

«El Estatuto de Cataluña es una tropelía y una pesadilla»

EXCLUIDO DE LOS PACTOS DEL GOBIERNO CON LOS NACIONALISTAS, PERO PERSUADIDO DE LA NECESIDAD DE RECOBRAR EL 'ESPIRITU DEL 78', EL PRESIDENTE DEL PP RECLAMA EL APOYO CIUDADANO PARA LLAMAR LA ATENCION DEL PSOE, MIENTRAS ADVIERTE DE TODOS LOS PELIGROS 

No hay debate ideológico ni de políticas de Gobierno en la España de hoy. Para Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, el «tema nacional» es el «más importante», casi el único, de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y el que copa sus esfuerzos como líder de la oposición.

La «ruptura unilateral de las reglas del juego pactadas en 1978» se ha convertido, en palabras de Rajoy, en la principal denuncia del aspirante a La Moncloa frente al Gobierno socialista. Una denuncia que se expresa en la «tropelía» y la «pesadilla» del proyecto de Estatuto de Cataluña y que se extiende, en cualquier caso, a todo un plan político, más genérico, de Zapatero. Ante el Foro de EL MUNDO, Rajoy lo define como el «hilo conductor de la actuación de este Gobierno» y lo resume, lisa y llanamente, en la determinación de «quitarle poder al Estado».

«No me refiero sólo a las reformas estatutarias anunciadas», dice, «sino a las múltiples leyes orgánicas que se han planteado, que están planteándose en las Cortes». En este sentido, y antes aún de hablar de ese Estatuto que acapara la atención política y mediática, el presidente del PP desgrana las grietas abiertas sobre la columna vertebral del Estado.

EL PLAN DEL GOBIERNO

«Quitar poder al Estado»

«Se hace una ley de Educación y se suprimen las enseñanzas comunes; se presenta una Ley Orgánica del Poder Judicial y lo que hace su reforma es quitarle poder al Tribunal Supremo; se presenta una ley de Función Pública y lo que se hace es liquidar la legislación básica; se anuncia una ley de Agencias y lo que se hace es ceder competencias exclusivas del Estado para dar participación a las autonomías...», recita Rajoy, poniendo puntos suspensivos.

«Si seguimos con este proceso de quitarle competencias al Estado, que no se sabe cuándo va a terminar», alerta, «no va a ser ni siquiera un Estado menguante, sino un Estado próximo a la inexistencia».

PACTAR ANTE TODO

«Yo no me excluyo de nada»

Pacto, pacto, pacto... La palabra se repite en Rajoy como una bandera y como único remedio preventivo contra una deriva institucional ante la que se permite hacer en el Foro un guiño político novedoso: «A algunos se nos podía ocurrir que ahora había que hacer otra cosa en la dirección contraria», dice el presidente del PP, aludiendo tácitamente a la posibilidad de que a la derecha española se le ocurriera ahora reclamar la vuelta a un centralismo al que renunció en 1978 en aras de la Constitución. «Pero, en fin, preferimos respetar los pactos y los acuerdos».

El líder popular invoca, además, su propio aval personal para apoyar la voluntad de pacto explicitado por su partido. «Tengo una cierta autoridad moral en la materia», dice. «En 1992 yo encabecé la delegación del PP que negoció durante un año en el Ministerio de Administraciones Públicas, con el PSOE, el pacto autonómico que luego se firmó en La Moncloa», recordó, no sin añadir: «Fue la primera vez que, cuando el PSOE gobernaba, nosotros entramos en La Moncloa». «En 1996», insiste, «hicimos un segundo pacto autonómico con el PSOE, se modificaron 20 estatutos de autonomía y no ocurrió nada, pese a que no fue fácil, porque había problemas, sobre todo en Aragón, donde se aprobó un Estatuto que era manifiestamente contrario a la Constitución».

La oferta de diálogo y entendimiento expresada en el debate de investidura de Zapatero y el pacto formal presentado en La Moncloa en enero de 2005 -«incluso le hablé de garantizar la estabilidad aprobando los presupuestos»- son, para Rajoy, evidencias sobradas de una voluntad a la que no pone fecha de caducidad. «Yo no me excluyo de nada», dice en el Foro, a pesar de la reiterada negativa del jefe del Ejecutivo.

EXIGENCIA DEMOCRATICA

«Que expliquen el acuerdo»

Pero el presidente del PP tampoco está dispuesto a extender un cheque en blanco a Zapatero. El quiere saber. «Tengo que decir», revela ahora, «que la única vez que hablé con el presidente del Gobierno del Estatuto de Cataluña, la única, el tema lo saqué yo. Fue el 5 de septiembre de 2005, a petición mía, y lo único que me dijo es que no tenía por qué preocuparme, porque ése era un asunto que no le importaba a nadie, que no se leía nadie...¡Eso me lo dijo a mí!», enfatiza ante los gestos de incredulidad de los periodistas.

Dos semanas después del anuncio del acuerdo pactado entre Rodríguez Zapatero y Mas sobre el Estatuto, Rajoy todavía no sabe a qué atenerse. Pero no se calla. Por un lado, denuncia la falta de transparencia de ambos líderes políticos. «Tienen que explicar al conjunto de los españoles qué han hecho y por qué no sabemos todavía a qué acuerdo han llegado». «La mínima exigencia democrática es que si dos señores llegan a un acuerdo sobre España, nos lo cuenten», insiste.

Por otro lado, Rajoy blande el contenido de la página web de CiU como un arma, limitándose a leer como quien lee un rosario de disparates la interpretación que hace el partido catalán de lo acordado en materia de financiación. «Dice que participarán en la fijación del tipo de gravámenes, exenciones, reducciones, bonificaciones y deducciones; que no se puede determinar la aportación a la solidaridad sin el acuerdo de la Generalitat; que en dos años se integrará la Agencia Tributaria de Cataluña en un consorcio único de administración tributaria que gestionará todos los impuestos de Cataluña... Todo esto es contrario a la Constitución. Y, si es así, es terrorífico», concluye.

Además, en su declarado empeño de hacer pedagogía, el presidente del PP lanza al aire otro compendio de interrogantes: «¿Qué pasa con las diputaciones?» «¿Alguno de los aquí presentes sabe cómo ha quedado ese artículo? ¿Y las selecciones deportivas nacionales? ¡Es una cosa inaudita! Como las disquisiciones sobre la nación; la limitación que se hace al Estado para dictar legislación básica; el que los catalanes tengan unos derechos y deberes distintos al resto de los españoles; que la Generalitat gestione los permisos de trabajo de los inmigrantes, o que intervenga en los procesos de designación del Banco de España y de otros organismos del Estado». «Esto es una tropelía y no hay derecho».

EL CATALAN COMO DEBER

«269 votaron en contra en el 77»

Pero si lo dicho hasta ahora es una «tropelía», en lo que se refiere al capítulo de la lengua a Rajoy ya sólo le queda hablar de una pura «pesadilla». «Lo que la gente obvia», dice aludiendo a la Historia, «es que este debate sobre el deber de conocer las lenguas de las comunidades autónomas se planteó en el año 1977 en las Cortes Generales y que se votó expresamente en contra, con 269 votos, junto a 22 a favor y 26 abstenciones».

«Y ahora dicen que sí en un Estatuto, cuando un Estatuto no puede modificar la Constitución», protesta el presidente del PP, para echar enseguida mano de su singular ironía: «Y, luego, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba nos dice que el deber de conocimiento es ¡un derecho impropio! ¿Pero qué se cree, que somos tontos, o medio tontos? ¡Es que esto es una pesadilla, es una pesadilla, una pesadilla...!»

De nuevo, el candidato popular a La Moncloa echa mano de su historia personal para avalar su propio discurso. «Yo estoy a favor del catalán, y a favor del gallego. Entre otras cosas, porque a mi familia materna sólo la oía hablar en gallego, no sabían hablar en castellano. Y, además, porque mi padre fue juez en Galicia, y en pleno franquismo todos los juicios los hacía en gallego; que si no, no le entendían».

Pero, dicho esto, lo que pretende el Estatuto no tiene un pase para Rajoy, porque convierte al catalán en lengua «preferente» de las Administraciones Públicas y «de uso normal» en la enseñanza.«¿Se imagina alguien que en una ciudad como Burdeos se llegara a decir: 'Aquí no se estudia en francés'?», pregunta volviendo a la ironía. «¿Pero qué broma es ésta de que cualquiera que tenga un comercio en Cataluña tenga que contestar al cliente en catalán? Oiga, si yo soy un chino, ¿no puedo montar un comercio en Madrid y sólo atender en chino? ¡Pero si hasta con Franco, en Torremolinos y en Benidorm, que eran los sitios más turísticos, había carteles de 'Se habla español'!». Y una vez más, Rajoy dicta sentencia: «Esto es grotesco, esto es volver a la etapa medieval, esto no tiene que ver con el año 2005».

Rajoy no es un político de contestaciones breves y directas, pero la insistencia periodística le hace reconocer que también la Ley de Política Lingüística dictada por la Generalitat en 1998 «tenía algunas cosas» de dudosa constitucionalidad, por más que él mismo, en el Gobierno popular, no reparara en la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La ley, de hecho, establece el catalán como lengua vehicular para la enseñanza...

Pero el presidente del PP no se deja enredar en el pasado y pone el énfasis de su crítica no en la letra de la ley, sino en la manera de aplicarla por parte de la Generalitat. «Esta ley ha sido incumplida sistemáticamente por la Generalitat», dice, «a pesar de que ha tenido unas cuantas condenas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y también del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial en 1996 y de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en 1999».

Además, con todos sus defectos de contenido y de aplicación, la ley de Política Lingüística vigente «reconoce el derecho de las personas a ser atendidas en Cataluña en cualquiera de las lenguas oficiales», mientras que, con la reforma del Estatuto en marcha, «el único derecho que se reconoce es a utilizar la lengua que elijan, pero no hay la obligación de la Administración a atender en esa lengua». En otras palabras, y siempre en las del pedagógico Rajoy, «que tú antes en un juzgado no tenías por qué saberlo: tenía que haber gente que lo supiera. Ahora no».Además, con la ley, «el personal de las instituciones de la Generalitat tenía que tener un conocimiento del catalán», mientras que, con el próximo Estatuto, «le imponen esto a los de la Administración del Estado».

LA FINANCIACION

«No es el tema más importante»

Pasan los minutos en el Foro de EL MUNDO sin que el líder del PP agote su discurso contra el Estatuto. Sin embargo, pone buen cuidado en modularlo y en guardar la jerarquía en el relato de las amenazas que conlleva. Así, contradice de lleno el discurso socialista y asegura que, al lado de cuestiones como la lengua, la nación, la soberanía o el blindaje de competencias, «el tema de la financiación no es el más importante del Estatuto de Autonomía».De hecho, en su opinión, es «el menos importante» de todos porque, según afirma, «se puede cambiar».

El presidente del PP está convencido de que, más allá de su incredulidad sobre la verdadera existencia de un acuerdo cerrado entre Mas y Zapatero, el criterio establecido para el pacto, basado en el Producto Interior Bruto de Cataluña chocará inevitablemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los criterios defendidos por las demás comunidades -también las socialistas- en función de sus respectivos intereses: la demografía, la dispersión de la población o la insularidad.

A la complejidad que presenta este capítulo se suma, no obstante, la necesidad que entraña para el PP fijar una única estrategia en todas las comunidades autónomas donde gobierna. Pero en esto, sorprendentemente, Rajoy hace un striptease político: «Fijar una posición única conjunta en un partido es muy complicado», dice. «¿Qué tienen que ver los intereses del señor de Extremadura con los del señor de Cataluña y con los del de Aragón?», pregunta, para reconocer entre los gobiernos autonómicos del PP las mismas diferencias que tienen los demás. «Por eso», insiste, «de lo que se trata es de que se trabaje entre todos para hacer un modelo que les valga a todos, como hicimos en 2001 con un pacto que se acordó por unanimidad y para siempre».

¿Y qué hacer, por su parte? Rajoy no llega a garantizar su poder unificador sobre Madrid, Baleares, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Ceuta, Melilla o Castilla y León, por más que sus barones mantengan ahora sus compromisos de partido. «Yo voy a trabajar», dice, «para que se haga un modelo razonable de financiación autonómica que respete los principios básicos de cohesión social, solidaridad e igualdad».

LA ESTRATEGIA DEL PODER

«Voy a lograr muchas firmas»

Mucho más contundente, en todo caso, se muestra Rajoy a la hora de definir la estrategia política de su partido a corto plazo.Una estrategia encabezada ahora por la recogida de firmas para apoyar la iniciativa parlamentaria que el PP presentará en su momento para instar al Gobierno a convocar en España un referéndum de carácter nacional. Una campaña que apela al apoyo ciudadano, una vez constatada la exclusión del PP de todo el proceso estatutario.

Una campaña, además, que, al menos en palabras de Rajoy, «vale para todo», para pedir el referéndum o simplemente para «movilizar a la gente» y forzar un consenso. Y es que si, como se entiende de antemano, no hay referéndum, «quedará evidenciado que el Gobierno está contra millones de ciudadanos españoles». «Eso lo veremos», dice Rajoy.

«Voy a conseguir muchas firmas», añade confiado, «y, desde luego, muchísimas más que las que conseguiría el señor Rodríguez Zapatero si fuera por toda España pidiendo que se firmase a favor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña». Pero el presidente del PP, aun estando «gratamente sorprendido del entusiasmo que este asunto ha suscitado entre la gente», contextualiza la campaña en un intento, más amplio, de «dar la batalla por la recuperación del consenso constitucional», y en la que incluye otros escenarios.A saber: la participación activa en la Comisión Constitucional del Congreso y la defensa de las enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario y la oferta de pacto permanente al Gobierno, siguiendo las propias opiniones del Consejo de Estado o del líder de Comisiones Obreras.

LOS COMPROMISOS

«La batalla va a estar en el TC»

La estrategia del PP se desdibuja, en boca de Rajoy, cuando ésta alcanza el medio plazo. El presidente del PP no acaba de construir un discurso diáfano e idéntico al hasta ahora expuesto para el supuesto de que el Estatuto resulte, como es de prever, aprobado y refrendado en las urnas de Cataluña.

El líder popular se muestra firme en su «anuncio» de que modificará, si llega a estar de nuevo en el Gobierno, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como -«en la medida de lo posible»- las otras tantas leyes con las que el Gobierno socialista ha desviado desde el Estatuto su plan de desvertebración del Estado. Sin embargo, en absoluto se compromete a derogar el Estatuto una vez que éste llegue a estar en vigor. De hecho, ante las reiteradas preguntas que en este sentido se le hacen en el Foro de EL MUNDO, Rajoy se esfuerza en avisar de la dificultad de revertir el proceso.Hace, por ello, una llamada a «la responsabilidad de los políticos».

«Es más fácil derogar una ley orgánica que un Estatuto», argumenta.«El Estatuto es derogable de conformidad con los procedimientos establecidos, que, claro, requieren hasta de otro referéndum porque forma parte del bloque constitucional». «Esto es lo verdaderamente terrible de todo esto, y éste es el gran resultado de conseguir el blindaje de las competencias», enfatiza.

Sea como sea, Rajoy augura que, «más que una batalla por modificar leyes, lo que habrá será una batalla por interpretar esas mismas leyes». Un combate que tendrá su escenario en el Tribunal Constitucional, donde el PP acudirá «un día sí y otro también». Así, en contradicción con el discurso de Zapatero, vaticina que la aprobación del texto estatutario será «un germen e inicio de un periodo de inestabilidad muy grande».

A su entender, «se va a aprobar una serie de artículos, para que uno y otro queden bien y todos puedan vender algo a la opinión pública, que será de muy difícil interpretación». «Vamos a tener un sinfín de años de discusiones, de polémicas, de ir al Tribunal Constitucional. Y eso es lo peligroso, porque no va a haber unas reglas de juego claras, sino que vamos a entrar en una etapa de inseguridad jurídica enormemente negativa».

Por supuesto, y en el pequeño capítulo de los compromisos, Rajoy asegura que el PP acatará sin rechistar las sentencias que llegado el momento dicte el Tribunal Constitucional. De hecho, es una de sus frases más repetidas: «Nos gusten o no nos gusten, respetaremos lo que diga el Tribunal; éstas son las reglas del juego».

CONSEJO DE ESTADO

«Recuerden el 'plan Ibarretxe'»

Mientras se alcanza este último escenario, y en tanto que discurren la recogida de firmas en la calle y el debate parlamentario en el Congreso, a Rajoy le quedan algunos instrumentos en su propósito político. Uno de ellos es el apoyo del Consejo de Estado a algunas de sus propuestas. En concreto, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad y el refuerzo de mayorías en el Congreso para la aprobación de los estatutos de autonomía.

«Tengo que hacer un esfuerzo para que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad», dice un Rajoy que, en un rasgo de modestia, no tiene inconveniente en reprocharse a sí mismo no haberlo hecho cuando estaba en el Gobierno. «Nosotros presentamos un recurso a la ley que suprimió este recurso, y lo perdimos.Pero, luego, la verdad es que ni me lo planteé».

Rajoy coincide con el Consejo de Estado en que dicho recurso no debe recuperarse como un instrumento de la oposición para paralizar la actividad legislativa del Gobierno, pero sí para someter al Tribunal Constitucional textos de difícil corrección posterior, como son los estatutos de autonomía.

Por la misma razón, argumenta que el Consejo de Estado tiene razón al sostener que los estatutos deben necesitar una mayoría no sólo absoluta, sino de dos tercios en el Congreso. «Es que para elegir consejeros de RTVE se necesitan tres quintos y para nombrar al presidente de la Audiencia de Albacete, también un quórum reforzado. Y, sin embargo, para reformar el Estatuto de Cataluña o una cosa como el plan Ibarretxe no se necesita», dice, en su empeño pedagógico. «Recuerden el plan Ibarretxe», insiste.«Si el PSOE lo hubiera aprobado como si se tratara de una reforma estatutaria y luego hubiera sido refrendado, al día siguiente el señor Ibarretxe habría dicho: 'Señores, en base a esta ley, que ustedes lo pasen bien». Y entre tanto, el Constitucional habría tardado cuatro años en fallar».