¿QUÉ HEMOS HECHO BIEN? ¿QUÉ HEMOS
HECHO MAL?

Artículo de Pedro J. Ramirez en
“El Mundo” del 27 de julio de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el
artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Ya lo ven ustedes: ni en Gales, ni en Escocia, ni en
Córcega, ni en Bretaña, ni en Baviera, ni en la étnica y culturalmente
fragmentada Centroeuropa, ni en ningún lugar de la políglota Escandinavia. Es
decir, en ningún sitio de la Unión Europea sucede lo que ya sucede en Cataluña,
Baleares y Galicia, y lo que dentro de un año sucederá también en el País
Vasco. Según el documentado informe que hoy publicamos, sólo en los remotos
territorios de Groenlandia y las Islas Feroe, expresamente excluidos del ámbito
de aplicación de las normas de la UE, se practica una inmersión obligatoria en
una lengua cooficial convertida en la única vehicular de la enseñanza, tal y
como ocurre en cuatro comunidades españolas.

La excepción no es baladí. Entre los 57.000 habitantes
censados en Groenlandia y los apenas 50.000 de las 18 Islas Feroe ni siquiera
suman la población de un barrio medio de Barcelona, pero su modelo de
autogobierno -teóricamente sometido a la soberanía danesa, en la práctica
independiente en todo menos en cuestiones de defensa- es el que propugnan todos
los partidos catalanes con la excepción del PP. De hecho, ambos territorios
cuentan con sus propias selecciones de fútbol o balonmano reconocidas por la
FIFA y otras federaciones internacionales. Sus respectivos himnos son un buen
trasunto de Els Segadors, Os Pinos, La Balanguera o el Gora ta gora. El de
Groenlandia se titula Nunarput utoqqarsuanngoravit que, como todo el mundo
sabe, quiere decir Tú, nuestra vieja tierra; y el de las Feroe Tú alfagra land
mitt, o sea Mi tierra, la más maravillosa.

Pues bien, en el próximo comienzo de curso unos pocos miles
de escolares groenlandeses recibirán todas sus clases en alguna de las tres
variantes de la lengua inuit, otros tantos chavales de las Feroe lo harán en
feroés y centenares de miles de alumnos de esas cuatro comunidades españolas lo
harán en catalán, gallego y euskara. Tanto en Groenlandia como en las Feroe se
garantiza el aprendizaje del danés, lengua común de la remota metrópoli y
cooficial en ambos territorios, con bastantes más horas lectivas semanales que
las escuálidas dos consentidas por la Generalitat.

A la vista de la mayoría de las reacciones de los
nacionalistas contra el Manifiesto por la Lengua Común, está claro que todos
ellos preferirían que sus respectivos territorios se desgajaran de la Península
Ibérica, al modo de La Balsa de Piedra de Saramago, y fueran arrastrados a la
deriva -tras pasar por un ensanchado estrecho de Gibraltar en el caso de
Cataluña y Baleares- hasta las remotas latitudes que ocupan Groenlandia y las
Feroe, con tal de que nadie cuestionara su modelo de imposición lingüística.
Dejar atrás a esta España de la que, como diría el Rubianes menos maleducado,
«estamos hasta los mismísimos», bien compensaría incluso sumergirse en las
brumas de la noche polar. A miles de kilómetros de distancia de cualquier
núcleo habitado nadie podría alegar ya que la escolarización forzosa en una
lengua minoritaria supone arruinar o al menos lastrar las perspectivas vitales
de los alumnos. Sin otro lugar a donde ir, Jerusalén podría al fin ser
construida.

La manipulación y mala fe de los responsables de la
Generalitat y el PSC quedaban una vez más patentes en el artículo publicado
esta semana por el conseller Ernest Maragall, alegando -ahí es nada- que
«defender el derecho a escolarizar exclusivamente en castellano es,
directamente, arrebatar derechos a los ciudadanos que viven y trabajan en
Cataluña», cuando hasta el más lelo entre los lelos sabe que lo que el
Manifiesto defiende es el derecho a escolarizar optativamente en castellano o
en catalán.

Esa pauta de conducta que una y otra vez repite la
falsificación de los argumentos del antagonista para amoldarlo de forma
maniquea a su demonización predeterminada encaja, en efecto, en la definición
de «desfachatez». Es la expresión que La Vanguardia utilizó contra el respaldo
que EL MUNDO viene prestando al Manifiesto, 24 horas antes de enmudecer tras la
exhibición en nuestras páginas de la retahíla de imágenes que prueban la
sistemática vulneración del bilingüismo en la rotulación y los avisos de
interés ciudadano de las administraciones públicas catalanas.

Esa es, junto a la mezquina y desleal oposición a la
implantación de la tercera hora de castellano ordenada por los tribunales, la
prueba del algodón de que frente al bilingüismo que preconizan la Constitución
y el Manifiesto, lo que se pretende es extirpar o al menos arrinconar a una
lengua para potenciar a su costa tan sólo la otra. En el ámbito de la
rotulación no cabe invocar como excusa que un doble circuito segregaría a la
población en dos comunidades, amén de otros inconvenientes técnicos y
presupuestarios, pues en el mismo cartelito y por el mismo precio por el que se
prohíbe tirar els fems se puede prohibir también tirar la basura y ni siquiera
tus más próximos sabrán si tu ojo se dirige instintivamente a la parte superior
derecha o a la inferior izquierda de la placa.

El propio Ernest Maragall se ha desenmascarado al incluir en
su artículo el pronóstico de que «ganaremos la batalla del uso social del
catalán». La primera persona del plural supone que existe un sujeto colectivo
autodefinido por él mismo, el verbo ganar denota que también habrá perdedores,
la expresión batalla implica un sentimiento bélico y una trayectoria hacia el
combate, y la referencia al uso social elige como campo de confrontación el de
la esfera privada de cada individuo.

O sea que los políticos que ordeñan la ubre del nacionalismo
han decidido imponer el catalán como única lengua en el espacio público
-rotulación, enseñanza, relaciones con la administración- para convertirlo en plataforma
de asalto a las posiciones que hoy por hoy ocupa el castellano en el ámbito de
las relaciones personales. Por eso se ha obligado incluso a hospitales y
clínicas a entregar los historiales médicos de los pacientes para espiar los
usos lingüísticos del personal sanitario. Increíble pero cierto. He ahí la
ingeniería social, he ahí la anteposición de los presuntos derechos de las
lenguas a los de las personas. Más claro, el vaso de agua de Pemán.

El hecho de que, entre tanto, Oriol Pujol haya podido afear
al presidente Montilla su mala dicción en catalán -omitiendo que aunque en
español pronuncie algo mejor, eso tampoco arregla ni su oratoria ni su
dialéctica- y el que casi acto seguido, como quien tiene un pecado original que
expiar, el susodicho se haya plantado ante Zapatero y le haya espetado que le
quiere «mucho» pero todavía quiere «más a Cataluña», revela hasta qué punto la
clase política catalana ha terminado interiorizando sus propias majaderías. Ni
siquiera el Fraga carpetovetónico que peroró en el congreso de Valencia sobre
la Virgen de los Desamparados, la riada del año catapún y las gestas de Jaume
El Conqueridor se atrevería a decirles públicamente a Rajoy, a Aznar o incluso
-por hacerlo más verosímil- a Gallardón que les quiere mucho, pero que aun
quiere más a España. Por favor, que Alfonso Guerra desenfunde la bífida para
comentar este cordobesismo.

Nada me ha divertido tanto últimamente como el gran titular
del jueves de El Periódico de Extremalunya: Sin financiación, el PSC vetará los
Presupuestos. Por algo decía yo que Zapatero había acumulado tantos disparates
durante la pasada legislatura, que se merecía ganar las elecciones para tener
que abrir la puerta de La Moncloa cada vez que llamen al timbre y sea el
cobrador del frac con alguna letra de cambio con fecha de vencimiento. Y eso
que no contábamos con la dimensión del derrumbe económico.

Lo de los socialistas catalanes estaba, en cambio, cantado,
incluida la patética maragallización de Montilla. Desde el mismo momento en que
Zapatero blanqueó los réditos políticos del contrabando ideológico y el tráfico
de estupefacientes nacionalistas en que se había embarcado la cúpula del PSC,
prometiendo apoyar «el Estatuto que venga de Cataluña», ya sólo era una
cuestión de tiempo. Mediocres sin discurso intelectual alguno, aparatistas sin
oficio ni beneficio temerosos de que el naufragio ideológico de la izquierda
les terminara dejando en el paro o al menos obligando a sacar a sus churumbeles
y churumbelas del colegio Alemán, se fueron arrimando al frondoso árbol de los
imaginarios derechos nacionales vulnerados, dispuestos a arrebatar a la
burguesía convergente el control del negocio de los agravios con el mismo
desparpajo con que la mafia judía fue desplazando a las familias sicilianas de
sus tradicionales feudos neoyorquinos.

Sólo buscaban el poder y harán lo que sea para no tener que
abandonarlo. En la pasada legislatura, Zapatero les regaló la soga del Estatut
con la que ahora se disponen a ahorcarle y, por si eso no fuera suficiente,
acaba de empezar ésta entregándoles la capucha de las balanzas fiscales para
que embocen con ella a los verdugos. ¿Cómo es posible que un Gobierno de España
se haya prestado a dar marchamo oficial a la tergiversación irredentista según
la cual son las Comunidades Autónomas y no las personas las que pagan
impuestos? Eso puede hacerlo -a modo de curiosidad estadística- el servicio de
estudios de un banco, pero no el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Qué
contribuyentes o contribuyentas son esas señoras tan rumbosas llamadas
Cataluña, Madrid o Baleares? ¿Es rubia o morena doña Murcia? ¿Es alta o baja la
señora Asturias? ¿Lleva bigote el señor Aragón? ¿Tienen separación de bienes o
régimen de gananciales Mrs. Castilla y Mr. Leon? ¿Lo de Castilla-La Mancha es
un matrimonio homosexual? ¿Hace la señora Andalucía su declaración por
internet? ¿Suele dejarla para el último día doña Comunidad Valenciana? En este
vodevil reaccionario ha devenido el irrenunciable principio de solidaridad
fiscal que inspira cualquier régimen democrático.

A grandes males, grandes remedios. A muy pocos meses del
trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Constitución del 78 parece
que ha llegado el momento de someter a nuestra democracia a una detallada
auditoría, a una especie de ITV a fondo que detecte los problemas que pueda
haber acumulado el vehículo después de tantos kilómetros de rodaje. Treinta
años de experiencia es un lapso de tiempo suficiente como para preguntarse con
conocimiento de causa qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal y dar pie a
una especie de Libro Blanco que sirva de base tanto a oportunos ajustes como a
rectificaciones necesarias que ineludiblemente tendrán que ser fruto del
consenso.

Ya que Gobierno y oposición no se han planteado este
objetivo bipartisano y trascendente, EL MUNDO ha decidido realizar su propia
aportación, compatible y complementaria con cualquier otra similar. Durante las
próximas semanas, y aprovechando la pausa vacacional de la actividad política,
publicaremos una serie de 29 entregas, en la que día tras día, asunto por
asunto, reflejaremos cuál es el balance que hacen los españoles, cuáles son las
medidas que proponen y cuál es el diagnóstico de los expertos. Se trata del
proyecto de investigación sociopolítica más ambicioso nunca emprendido por un
medio de comunicación y no en vano comenzará mañana con un primer capítulo
dedicado al modelo educativo.

La súbita angustia que millones de españoles sienten en
estos momentos ante el desplome de sus expectativas de bienestar más inmediatas
no debería camuflar el hecho de que cualquier crisis no sólo es fuente de
problemas sino también de oportunidades. Al igual que ocurre en cada familia o
empresa, cambios que hace apenas unos meses se percibían sólo como convenientes
para mejorar los resultados ahora se han vuelto dramáticamente imprescindibles
para mantenerse a flote. Los países que los emprendan con mayor determinación
saldrán reforzados de esta fase de ajuste y los remolones se quedarán en la
cuneta de la ineficiencia.

Revaluar, repensar y reformar nuestro modelo de Estado son
en este momento tres imperativos del patriotismo constitucional. La calidad de
la enseñanza, la cohesión social y la unidad de mercado son ingredientes tan
insoslayables de la competitividad de nuestra sociedad como la apuesta por la
investigación y el desarrollo, la política fiscal o la flexibilidad laboral.
Tras una pasada legislatura estéril y frustrante, despilfarrada en sueños vanos
y prioridades absurdas, los resultados del primer encuentro entre Zapatero y
Rajoy han quedado muy lejos tanto de las enormes expectativas creadas como de
las abrumadoras necesidades del momento. Parturient montes, nascetur ridiculus
mus. O tal y como lo versificó Samaniego: «Estos montes que al mundo
estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron».

Hay que celebrar el restablecimiento formal del consenso
antiterrorista o las perspectivas de desbloqueo de la renovación del Consejo
del Poder Judicial, pero eso es demasiado poco. La única manera de zafar a los
españoles de la pinza que forman un socialismo acomplejado y unos nacionalismos
insaciables es embarcando a los dos principales partidos en el trasatlántico de
los grandes acuerdos de Estado. La ocasión la pintan calva porque no hay
elecciones a la vista, Zapatero y Rajoy acaban de ser refrendados por sus
respectivos congresos y la extrema gravedad de la situación económica justifica
muchas cosas. La reforma de la Constitución y unos nuevos pactos de La Moncloa que
comprometan tanto a los agentes sociales como a todas las administraciones
públicas deberían estar incluidos en la agenda de un inmediato segundo
encuentro tras las vacaciones.

Miguel Sebastián se lamentaba el otro día del escaso aunque
cualificado apoyo -las Cámaras de Comercio, el Círculo de Economía...- que, de
momento, ha obtenido la propuesta de macropacto en la que vinimos a coincidir
la semana pasada en El Escorial. El ministro de Industria no puede, sin
embargo, admitir que el principal foco de resistencia a ese gran compromiso
nacional contra la crisis es el atrincheramiento de Zapatero en la fantasía de
que será capaz de hacer política social en medio del desmoronamiento del
crecimiento y el empleo. Pero tiempo al tiempo porque más tozuda que él es la
realidad. Y lo que está claro es que, como dijo Rajoy en su primera declaración
importante con la que estoy plenamente de acuerdo en los últimos meses, aquí y
ahora lo que de momento se ha acabado es el «vivir del cuento».