LA LENGUA COMO INGENIERÍA SOCIAL

Editorial de “La Razón” del 25 de mayo de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

La imposición lingüística propicia otros éxodos ciudadanos en el País Vasco

La realidad sociolingüística del País Vasco apenas ha variado en las últimas décadas. Los datos más recientes sobre el uso social del euskera, de 2006, señalan que sólo un 14 por ciento de los residentes en esa Comunidad Autónoma lo emplea como lengua de relación habitual. Por provincias, Guipúzcoa presenta un mayor porcentaje de euskaldunes, con el 32,7 por ciento; mientras que Álava, con el 4,7 por ciento, es el territorio en el que menos se utiliza el vascuence de manera cotidiana. Es sobre esta realidad social, tozuda, donde se propone operar, en clave nacionalista, el Gobierno vasco. Entre los instrumentos elegidos, el Departamento de Educación ha aprobado un decreto que otorga al euskera la condición de lengua vehicular principal en la enseñanza, y que exige a todos los alumnos que acrediten al final del periodo formativo un conocimiento de esta lengua similar al «first certificate» del inglés. Dado que, según los propios datos oficiales del Gobierno autónomo vasco, ni siquiera los estudiantes matriculados en el «modelo D» (todas las asignaturas en euskera, menos una de lengua castellana) son capaces de alcanzar al sesenta por ciento el nivel exigido, muchos colegios concertados están derivando hacia el monolingüismo las aulas que antes se ofertaban en las dos lenguas. Es una vuelta de rosca más al sistema educativo, que se une a las denuncias sobre la arbitraria redistribución territorial de las plazas escolares públicas, casi siempre en perjuicio de la opción en castellano que, no lo olvidemos, es la lengua materna de la mayoría de la población del País Vasco.

Pero la presión no se circunscribe a la enseñanza. Como ha revelado LA RAZÓN, el vascuence se está convirtiendo en el factor determinante para el acceso a los puestos de la Administración autonómica, con situaciones tan surrealistas como en la sanidad pública, en donde un doctorado puntúa doce veces menos que el conocimiento medio de la lengua. Por supuesto, sin que exista una demanda real por parte de la inmensa generalidad de los usuarios.
Estamos, pues, ante un clásico ejercicio de «ingeniería social» desde el poder político, que intenta cambiar una realidad que no le gusta. No se trata tanto de la legítima promoción del euskera, cuestión que nadie discute ni en el País Vasco ni en el resto de España, como de relegar el castellano en la vida oficial. Como toda transformación que se opera desde el poder, los inevitables perjuicios recaen en el sector de la población incómoda para ese mismo poder. De ahí que muchos ciudadanos no encuentren otra salida que la emigración, ya sea para obtener un puesto de trabajo, ya sea para poder dar a los hijos la educación deseada, como se recoge con nombres y apellidos en la información que hoy publica nuestro periódico. Es un proceso largo, doloroso para muchos y, a la postre, tal vez inútil: la lengua de la mayoría de los vascos ha sido, es y lo seguirá siendo durante mucho tiempo el castellano. Pero, incluso de tener éxito, la presión sólo conseguirá el empobrecimiento humano, económico y cultural de la sociedad vascongada. Es, por lo tanto, obligación del Gobierno de la nación, a través de su facultad de alta inspección, que se garantice en el País Vasco, como en otras regiones españolas con lenguas cooficiales, el derecho de los ciudadanos a elegir el idioma que prefieran en sus relaciones con la Administración. Tal y como hacen, por cierto, en su vida normal.