EL TC DECLARARÁ
INCONSTITUCIONAL EL TÉRMINO «NACIÓN» EN EL ESTATUT

La renovación
influirá de forma decisiva en el equilibrio de fuerzas

Noticia en “La Razón” del 30
de julio de 2008

Y

ESTATUTO
INCONSTITUCIONAL

Editorial de   “La Razón” del 30 de
julio de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado la
noticia y editorial que siguen para incluirlas en este sitio web.

Una amplia mayoría de magistrados del Alto
Tribunal respalda los argumentos esgrimidos por el PP. También hay acuerdo para
anular otros «aspectos sustanciales» de la norma catalana

Con el actual calendario de trabajo la resolución definitiva a la impugnación
del Estatut estará lista a final de año.

F. Velasco - Madrid

Los magistrados del Tribunal Constitucional continúan sus deliberaciones sobre
el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Estatut
de Cataluña al margen de todos los vericuetos relacionados con la renovación de
cinco de sus miembros. Son ya seis meses los que llevan enfrascados en el
articulado de la norma catalana y los más de 400 folios en los que los
«populares» argumentan la vulneración de la Carta Magna en 114 artículos y doce
disposiciones recurridas.

Las deliberaciones ya «cerradas» sobre aspectos relevantes del Estatut respaldarán, en buena medida, las tesis del PP. De
hecho, fuentes solventes conocedoras del recurso afirmaron a LA RAZÓN que
existe un «acuerdo mayoritario» en considerar inconstitucional buena parte de
los preceptos impugnados que han sido debatidos hasta ahora.

Entre esos preceptos sobre los que de forma mayoritaria se concluye que
vulneran lo establecido en la Constitución se encuentra, según las citadas
fuentes, el relativo al término «nación», tal y como se recoge en el Preámbulo
del Estatut, donde se establece que «el Parlamento de
Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña,
ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La
Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de
Cataluña como nacionalidad».

Este «acuerdo mayoritario significa que no sólo han votado a favor de la
inconstitucionalidad del citado precepto los cinco magistrados «conservadores»,
sino también algunos de los otros cinco «progresistas», toda vez que Pablo
Pérez-Tremps fue apartado al estimarse la recusación
del PP.

El Partido Popular argumentaba en su recurso que el empleo del concepto
«nación» en el Preámbulo del Estatut vulnera la
Constitución, toda vez que «desde el punto de vista constitucional no hay más
nación que la española», y que la Carta Magna «no permite la aplicación» de ese
concepto «nada más que a España». Además, consideraba igualmente «reprochable»
la fórmula utilizada en el Preámbulo del Estatuto «para conseguir aplicar el
concepto de nación a Cataluña».

Además de este aspecto, existe igualmente un consenso mayoritario entre los
magistrados del Tribunal Constitucional en que otros «aspectos sustanciales»
del nuevo Estatut catalán no respetan tampoco lo
dispuesto en la Carta Magna.

En todo caso, hay que tener en cuenta que estas conclusiones son a las que ha
llegado el Tribunal Constitucional en su actual configuración. Si la renovación
de cinco vacantes se produce en septiembre, tal y como han pactado PSOE y PP,
podría producirse un «vuelco» en el equilibrio de fuerzas, toda vez que tres de
los magistrados que saldrán del Tribunal, más el fallecido García-Calvo, se
encuentran alineados con el denominado «sector conservador»: Guillermo Jiménez
-actual vicepresidente-, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. En cambio, del
«sector progresista» sólo lo hará la actual presidenta, María Emilia Casas.

El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares prevé que cada grupo
proponga dos magistrados, mientras que el quinto será de consenso. De esa
forma, el PP «perderá» dos magistrados en el Tribunal Constitucional, con lo
que pasará a tener una posición minoritaria dentro del mismo. También en el
debate sobre el Estatut.

Es por esta circunstancia, precisamente, por la que, según las fuentes
consultadas, algunos magistrados «conservadores» no entienden las «prisas» del
PP para cerrar la renovación de forma inminente, sobre todo a la vista de cómo
marchan las deliberaciones sobre el recurso contra el Estatut.

Repercusiones

Esa renovación provocaría igualmente de manera casi definitiva un retraso en la
decisión definitiva a ese recurso, toda vez que los cinco nuevos magistrados,
una vez tomen posesión de sus cargos, deberán, en primer lugar, estudiar las
impugnaciones antes de pronunciarse sobre si expresan su conformidad a los
acuerdos a los que ya se ha llegado. Esto haría que el primer Pleno con la
nueva configuración para debatir sobre el Estatut no
se podría realizar hasta diciembre o enero. Y, junto a ello, las elecciones
vascas, previstas para marzo y en las que se prevé la concurrencia de una nueva
«marca blanca» de Batasuna, provocará un nuevo «parón» en la resolución, toda
vez que los recursos electorales llevan preferencia.

ESTATUTO
INCONSTITUCIONAL

Editorial de   “La Razón” del 30 de julio de
2008

Por su interés y
relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio
web.

Los magistrados del Alto Tribunal respaldan
mayoritariamente el recurso del PP

Los magistrados del Tribunal Constitucional no han querido esperar a la
renovación del Alto Tribunal para avanzar su postura respecto al recurso
presentado por el Partido Popular contra el nuevo Estatuto de Cataluña. A la
espera de que se lleve a cabo la renovación pactada por Zapatero y Rajoy, los
magistrados defienden mayoritariamente los argumentos esgrimidos por el PP, en
el sentido de que existen aspectos fundamentales del Estatuto que no son
constitucionales. Aunque no hay emitida sentencia al respecto, el hecho de que
desde el Constitucional se avance el sentido de las deliberaciones supone un
espaldarazo a los populares y un varapalo tanto para el Gobierno de Zapatero
como para el tripartito catalán.

Mientras desde el Gobierno se defendía la «rigurosidad constitucional» del
Estatuto catalán, los integrantes del tripartito tachaban de anticatalanes a los populares por presentar el recurso de
inconstitucionalidad. Incluso los nacionalistas calificaron la postura del PP
como un «acto de agresión» a Cataluña. Si la sentencia del Tribunal
Constitucional va finalmente en la línea mantenida por los actuales
magistrados, los argumentos del PP tendrán el aval jurídico que los adversarios
políticos les negaban y quedará claro que la defensa de la constitucionalidad
de aspectos fundamentales del Estatut sólo responde
al interés político de satisfacer los postulados nacionalistas y republicanos.

Como defienden no sólo el PP, sino destacados juristas, el término «nación» que
se le otorga a Cataluña en el preámbulo del Estatuto es inconstitucional. La
Constitución sólo reconoce una única nación, que es España, por lo que sería necesario una reforma de la Carta Magna para que tenga
vigencia el aprobado marco estatutario catalán.

Los magistrados del Constitucional, como avanza LA RAZÓN, defienden con su
postura el actual modelo de Estado, a la vez que ponen freno a la vía federal
que abre algunos aspectos del Estatuto, tal y como quedó aprobado. La mayoría
de los miembros del Alto Tribunal están por la labor de que las deliberaciones
del recurso, presentado ahora hace seis meses, culminen en una sentencia que
corrija la inconstitucionalidad del Estatuto. La renovación de cinco
magistrados, dos a propuesta del PSOE, otros dos del PP y uno por consenso, no
debería marcar un cambio de postura, pues las argumentaciones, tanto de progresisistas como de conservadores, que dan la razón al
recurso popular están suficientemente claras. La renovación del TC quizás
debería producirse una vez resuelto el recurso del Estatuto, pues no se
entendería ahora un cambio de postura. Son ya muchos meses de deliberación y
trabajo de los magistrados que no deberían paralizarse a causa de la
renovación.

Sería positivo que si la sentencia va en la línea avanzada, los integrantes del
tripartito y los nacionalistas, que dieron su apoyo al Estatuto, no recurran a
su tradicional victimismo ni presenten la postura del Constitucional como un
ataque a Cataluña. Es la aplicación de la ley por parte de los magistrados y la
defensa de un modelo de Estado que no puede modificarse sin el acuerdo de todos
los españoles.

La reforma del Estatuto catalán supuso un cúmulo de concesiones por parte de
Zapatero hacia nacionalistas y republicanos, a cambio del apoyo parlamentario
de estas fuerzas ante la falta de una mayoría absoluta de los socialistas. La
aritmética parlamentaria, no obstante, no debería suponer normas que se salten
la Constitución.