VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN

 Editorial de  “La Razón” del 06/12/2004

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

Celebramos hoy el XXVI aniversario de la Constitución española. Y en esta efeméride, cuando el nuevo gobierno socialista ha expresado su intención de reformarla, conviene preguntarse por la vigencia de un texto que ha amparado la mayor transformación de España en los últimos doscientos años. La Carta Magna nació, tal y como se contiene en su preámbulo, con la voluntad de ser garante de la convivencia democrática en un Estado de derecho, en el que el imperio de la ley fuera la expresión de la voluntad popular. También para proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; y, por fin, para promover el progreso de la cultura y la economía, que asegurará a todos los ciudadanos una digna calidad de vida.
   Veintiséis años después, y pese a todos los problemas y dificultades que han jalonado el recorrido, hay que concluir que el texto constitucional es la expresión de un éxito. España, conformada a través del Estado autonómico, se ha convertido en la octava potencia del mundo y en una de las naciones que gozan de los mayores índices de libertad. Y ello se ha conseguido pese a la lacra del terrorismo, que nos ha acompañado con sus miserias a lo largo de todo el camino.
   La vigencia de la Constitución es, pues, evidente. Sin embargo, no se trata de un texto sagrado o revelado y, por lo tanto, intocable. Si la evolución de la sociedad española o el proceso de integración en la Unión Europea aconsejan su reforma en un futuro, es claro que se debe afrontar. Ya se hizo con toda normalidad en 1992, a raíz del Tratado de Maastrich, para conceder el derecho de voto en las elecciones municipales a los residentes extranjeros.
   No se trata, de ninguna manera, de cerrarse a la reforma, pero con las cautelas que el sentido común y la percepción de la realidad nos dicten en cada momento. Porque la Constitución es, fundamentalmente, un ejercicio de solidaridad y lealtad. La solidaridad y lealtad para con la nación, en la que se encarna, no lo olvidemos, toda la ciudadanía, algo que demostraron sobradamente las fuerzas políticas que afrontaron en el ya lejano 1977 la más hermosa tarea de nuestra democracia.
   En estos últimos años, sin embargo, asistimos al desafío incesante, pertinaz, de una parte de los nacionalismos catalán y vasco al concepto de España, tal y como lo establece la Carta Magna. Una situación agravada, sin duda, por la minoría parlamentaria del partido en el Gobierno, obligado a pactos continuos con unas fuerzas políticas que no se recatan en declarar unos objetivos de máximos, totalmente incompatibles con nuestro ordenamiento constitucional.
   En estas circunstancias, es absolutamente imprescindible que los dos partidos mayoritarios, que reúnen los votos del 80 por ciento de los españoles, actúen de consuno y con serenidad. Sean bienvenidas las reformas si se consideran precisas, pero recordando que se trata del texto concebido con el más generoso consenso del que tenemos memoria.