UN MECANISMO CONSTITUCIONAL

 Editorial de  “La Razón” del 09/01/2005

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

La encuesta elaborada por Celeste-Tel para LA RAZÓN demuestra que ninguno de los alambicados argumentos y subterfugios del lendakari Ibarreche y del Partido Nacionalista Vasco para presentar el plan soberanista como una reforma estatutaria ha conseguido calar en la opinión pública española. La inmensa mayoría de los consultados, un rotundo 81,17 por ciento, cree que detrás de toda esta maniobra se esconde el intento de independizar el País Vasco y segregarlo de España. Y, por supuesto, tres de cada cuatro españoles no están nada de acuerdo. Sin embargo, lo más significativo de los resultados del sondeo es la conciencia ampliamente instalada entre los ciudadanos de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, en plena identificación con el fundamento de nuestra Carta Magna, explícitamente recogido en el Artículo 1. Y así, el 80,83 por ciento de los encuestados considera que deben ser todos los españoles, y no sólo los vascos, quienes tengan derecho a decidir sobre una hipotética independencia del País Vasco. Es una cuestión fundamental, si tenemos en cuenta que desde el PNV y sus socios del gobierno autónomo se intenta negar la legitimidad al Parlamento para intervenir en el futuro de una parte de España.
   Estos resultados, que se pueden calificar de plenamente plebiscitarios, se repiten en la pregunta de si el PP y el PSOE deberían hacer frente común contra el Plan Ibarreche, a lo que el 73,33 por ciento de los consultados responde afirmativamente, demostrando la percepción general de que nos hallamos ante un problema de Estado, grave, cuya resolución debe primar por encima de las diferencias de partido.
   Este estado de opinión permite al actual Gobierno socialista plantear la resolución del problema con tranquilidad, pero en una sola dirección y, además, inequívoca: la que garantiza la indisoluble unidad de la Nación española. Comprendemos que el presidente, Jose Luis Rodríguez Zapatero, se muestre renuente a la hora de invocar el empleo de uno de los instrumentos legales del Estado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una autonomía. Es evidente, y nadie plantea otra actitud, que la puesta en práctica del artículo citado debe contemplarse como un último recurso, una vez agotadas todas las vías de acuerdo político y los instrumentos legales de nuestro ordenamiento jurídico. Este es el sentido que hay que dar a las palabras de políticos como Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Manuel Fraga, ambos presidentes autonómicos, y figuras notables en el proceso democratizador que configuró el actual modelo territorial español. La aplicación del artículo 155 es una medida, sin duda, indeseada, pero es un instrumento legítimo de nuestro Estado de Derecho.