RAZONES PARA UNA ILEGALIZACIÓN
Editorial de “La Razón” del 27/04/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Al día siguiente de los comicios vascos del 17-A, desde estas mismas páginas se alertó sobre la agonizante situación del Pacto Antiterrorista y, por ende, de la estrategia que más había contribuido al principio del fin de
la banda, con el PSOE y el PP unidos en torno a la firmeza del Estado de Derecho, y sin dar ni una sola concesión a los terroristas hasta su derrota final.
ETA y su entramado fueron empujados, con la decisiva aportación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia, hasta una situación terminal con una presencia social e institucional marginal. Tras el 17-A, el Gobierno socialista permitió con su pasividad intencionada el regreso de los avalistas de ETA al Parlamento regional. Diez días después, aquel agonizante Acuerdo por las Libertades es prácticamente un cadáver para regocijo de los socios independentistas y comunistas del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que ayer mismo declaraban su euforia y reivindicaban un diálogo con Batasuna. La defensa del Ejecutivo, el argumento definitivo, había sido durante todos estos días que no existían indicios suficientes para proceder contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y aún ayer ministros y portavoces socialistas insistían en esa versión. Pero la excusa no se sostiene en pie ni admite el más mínimo análisis objetivo. Hay tantas o más razones acumuladas para ilegalizar el PCTV que las que hubo en su día para proceder contra Batasuna, Euskal
Herritarrok o Aukera Guztiak. LA RAZÓN publica hoy medio centenar de esas pruebas que demuestran
contra toda duda razonable las conexiones del PCTV y Batasuna/ETA: coincidencias en medios materiales y humanos, la financiación comunista en las herriko tabernas, la reiterada negativa a condenar el terrorismo de ETA, la absoluta identificación en un proyecto político que contempla la actividad terrorista, la colaboración de antiguos miembros de la banda en actos políticos del PCTV, la reunión de la dirección batasuna en
la que se jactó del éxito de su estrategia de listas blancas o la convergencia en exigir la dimisión de
ediles de distintas plataformas que, según su versión, ocuparían concejalías proetarras para ser reemplazados
por militantes batasunos, entre otras muchas.
Por tanto, había y hay motivo, motivos más bien, pero faltó voluntad política para supeditar el interés partidista al general. El Gobierno ni lo intentó y se limitó a negar las evidencias acumuladas en los informes de las Fuerzas de Seguridad con una retórica falaz. Ni siquiera la última maniobra de acusar de deslealtad a un Mariano Rajoy, que ayer mismo volvió a ofrecer un acuerdo de colaboración al PSOE frente al PNV, resultó
mínimamente convincente ante la contundencia de las pruebas. Porque los hechos, en realidad, han probado que fue el Ejecutivo quien ha faltado a su compromiso con las leyes, la Constitución, las víctimas, la oposición y la ciudadanía en general.
Zapatero ha apuntillado conscientemente una política de éxito contra ETA para tomar el atajo del diálogo que tanto oxígeno insufló históricamente a los terroristas y que produjo tan graves consecuencias al país. El riesgo de echarse al monte no reside sólo en la probable caída, sino en todo lo que se puede arrastrar hasta llegar al suelo.