ETA EXIGIRÁ AL GOBIERNO ANTES DE LA TREGUA PONER FECHA A REFORMAS LEGISLATIVAS, INCLUIDO EL FIN DE LA LEY DE PARTIDOS
Informe de Inmaculada G. de Molina en “La Razón” del 25.05.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Demanda un compromiso para acercar a los presos y suprimir la reforma del Código Penal de 2003, que endureció las penas para terroristas Moncloa ha diseñado un escenario con tres fases: pacificación, normalización y autogobierno
ETA exigirá al Gobierno como condición previa a declarar una tregua que fije un calendario que culmine con la eliminación de la Ley de Partidos y que incluya la supresión de la reforma del Código Penal y el acercamiento de presos.
Madrid- La organización
terrorista ETA pondrá encima de la mesa sus cartas previas a declarar una
tregua. La banda exigirá al Gobierno un calendario legislativo que culminará con
la entrada en vía muerta de la Ley de Partidos Políticos de 2002, según
confirmaron a LA RAZÓN las fuentes consultadas. Este principio de acuerdo
«secreto, o por lo menos confidencial», recogerá la fecha en la que se
suprimirán determinadas reformas legales y el fin de la actual política de
dispersión penitenciaria.
El entorno de la banda terrorista demandará como requisito previo a la
declaración de una tregua el compromiso gubernamental de la modificación del
Código Penal. El Gobierno, según estas fuentes, podría estar dispuesto a dar
marcha atrás dos años después en la reforma del Código Penal, impulsada por el
Ejecutivo de Aznar, y que salió adelante en el Congreso de los Diputados gracias
al respaldo del Grupo parlamentario socialista.
En aquella época, PP y PSOE coincidían en que en España era el país donde
«más barato» salía ser terrorista desde el punto de vista del cumplimiento de
pena de cárcel. Además, las dos principales fuerzas políticas nacionales
compartían que esa reforma penal establecía una respuesta proporcionada a la
gravedad del delito.
Política penitenciaria. El ahora ministro de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, rechazó en 2003 las enmiendas a la totalidad contra ese proyecto de ley
presentadas por el resto de formaciones políticas. López Aguilar consideró
entonces que la resignación no era la solución al terrorismo.
Otra de las exigencias de la organización terrorista es el acercamiento al
País Vasco e incluso la excarcelación de su población reclusa, lo que supone en
la práctica el fin de la política penitenciaria. Esta petición coincide en el
tiempo con la voluntad del Gobierno central de transferir al Ejecutivo vasco las
competencias de prisiones.
Después de reclamar durante años el Ejecutivo de Ibarretxe su gestión,
concretamente desde su primer mandato, el acuerdo con el Gobierno central se
materializaría en esta legislatura. Incluso fuentes nacionalistas vascas
aseguran que este traspaso podría llevarse a cabo en este mismo ejercicio. De
momento, sólo la Generalitat catalana gestiona los centros ubicados en su
territorio.
El Gobierno vasco está también más cerca de ver cumplida una de su históricas
reivindicaciones: la aproximación a sus cárceles de los 700 presos etarras que
cumplen condena dispersos por los centros penitenciarios españoles. Su
acercamiento e incluso su puesta en libertad constituyen las revindicaciones
prioritarias de la organización terrorista ETA, además de las fuerzas
nacionalistas vascas, para decretar una tregua, que podría desembocar en un cese
definitivo de la violencia.
En ese contexto, fuentes del anterior Gobierno vasco aseguraron a LA RAZÓN
que, antes de los comicios autonómicos del pasado 17 de abril, el Ejecutivo de
Zapatero y los nacionalistas vascos exploraron la fórmula más idónea para ir
aproximándolos progresivamente a sus lugares de residencia. Incluso se analizó
la posibilidad de que los reclusos etarras pudieran disfrutar de permisos
penitenciarios si, previamente, repudian a la organización terrorista, aunque
hayan sido condenados por delitos de sangre.
Macrocentro para Euskadi. Instituciones Penitenciarias baraja también, como ya
informó LA RAZÓN, la constitución de un macrocentro experimental en el País
Vasco. Pese a que de momento esta medida se halla en fase embrionaria, este
macrocentro lo gestionaría el Ejecutivo vasco una vez se transfieran las
competencias de prisiones. El compromiso adquirido por el Gobierno central
establece un plazo de dos años, es decir como límite el horizonte de 2007, para
que toda la población reclusa cumpla sus penas en Euskadi.
Este período coincidiría en el tiempo con la convocatoria de las elecciones
municipales, a las que la ilegalizada Batasuna pretende concurrir. De ahí la
trascendencia que da la banda terrorista a que el Gobierno central fije una
fecha para la eliminación de la Ley de Partidos Políticos. «ETA, si declara una
tregua, necesita estar presente en las instituciones democráticas para hacer
llegar sus mensajes», aseguran fuentes nacionalistas vascas.
Mientras tanto el Gobierno central mantendrá una actitud permisiva sobre las
ayudas que continuará dando el Ejecutivo vasco para financiar los
desplazamientos que realizan las familias para visitar a sus reclusos fuera del
País Vasco. De esta manera, se intentará evitar que sea ETA la que financie
estos viajes y. por tanto, use a los familiares como caldo de cultivo de la
banda.
Además, Zapatero está dispuesto a compartir con el PNV y, por tanto, con el
lendakari vasco el éxito del fin de la organización terrorista. No obstante,
dirigentes peneuvistas expresan sus reservas sobre «esta generosidad sin
límites» del presidente del Ejecutivo. Una vez conseguido que la banda
terrorista ETA declare una tregua definitiva y entregue las armas, «aunque sea
de manera simbólica», se entrará en la fase de la normalización del País Vasco.
Etapa que culminará con la tercera, consistente en un incremento del
autogobierno del País Vasco.
Aunque en principio la etapa de normalización sería posterior, el Gobierno ha
puesto toda la carne en el asador para lograr, si es posible, antes la
normalización de la escena política vasca. De hecho, el lendakari en funciones
ha dado ya por enterrado su plan soberanista y nadie en su formación política
habla del mismo.
El Gobierno central defiende la apertura de un diálogo sobre la reforma del
Estatuto de Guernica con todas las formaciones, sin exclusiones. Para Zapatero e
Ibarretxe, la participación en estas negociaciones del PCTV supone la
«normalización» de una parte de la sociedad vasca, que contribuirá y se
implicará en la consecución del fin de la violencia. Sin embargo, la gran
incógnita es conocer qué posición adoptará el PCTV.
Zapatero está dispuesto a permitir que el Estatuto, en su título preliminar,
reconozca a Euskadi como una nación, en lugar de como una nacionalidad, como
hace ahora. Este cambio no conllevará una reforma del artículo 2 de la
Constitución, referido a la soberanía nacional. De hecho, así lo ha manifestado
públicamente el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Sin
embargo, en un futuro las autonomías podrán promover la sustitución de los
términos «nacionalidades y regiones» que recoge este artículo por el de
«naciones».
Escollos en el proceso. Con estas modificaciones del Estatuto de Guernica se
culminaría, de momento, la tercera fase diseñada desde Moncloa para Euskadi, con
un incremento del autogobierno. El Gobierno está volcado ahora en ver cumplida
esta primera fase, la de la pacificación. «Aunque en el camino hacia la paz»
está tropezando con diversos escollos. «Algunos de ellos amenazan en convertirse
en auténticos socavones».
Uno de los que preocupa y ocupa al Gobierno de Zapatero pasa por estrechar
los lazos de colaboración con el Ejecutivo francés. «La actitud que adopten las
fuerzas de seguridad galas es crucial en este proceso de diálogo». Además, el
presidente lleva personalmente este proceso. En el PSOE y en el Ejecutivo son
pocos los que están al tanto de lo que ocurre. La prudencia de la que hace gala
llega al extremo de que, en más de una ocasión, no comenta con nadie los pasos
que da y los contactos que mantiene.