ETA EXIGIRÁ AL GOBIERNO ANTES DE LA TREGUA PONER FECHA A REFORMAS LEGISLATIVAS, INCLUIDO EL FIN DE LA LEY DE PARTIDOS

 

Informe de Inmaculada G. de Molina   en “La Razón” del 25.05.05

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

Demanda un compromiso para acercar a los presos y suprimir la reforma del Código Penal de 2003, que endureció las penas para terroristas Moncloa ha diseñado un escenario con tres fases: pacificación, normalización y autogobierno

 

ETA exigirá al Gobierno como condición previa a declarar una tregua que fije un calendario que culmine con la eliminación de la Ley de Partidos y que incluya la supresión de la reforma del Código Penal y el acercamiento de presos.

Madrid- La organización terrorista ETA pondrá encima de la mesa sus cartas previas a declarar una tregua. La banda exigirá al Gobierno un calendario legislativo que culminará con la entrada en vía muerta de la Ley de Partidos Políticos de 2002, según confirmaron a LA RAZÓN las fuentes consultadas. Este principio de acuerdo «secreto, o por lo menos confidencial», recogerá la fecha en la que se suprimirán determinadas reformas legales y el fin de la actual política de dispersión penitenciaria.
   El entorno de la banda terrorista demandará como requisito previo a la declaración de una tregua el compromiso gubernamental de la modificación del Código Penal. El Gobierno, según estas fuentes, podría estar dispuesto a dar marcha atrás dos años después en la reforma del Código Penal, impulsada por el Ejecutivo de Aznar, y que salió adelante en el Congreso de los Diputados gracias al respaldo del Grupo parlamentario socialista.
   En aquella época, PP y PSOE coincidían en que en España era el país donde «más barato» salía ser terrorista desde el punto de vista del cumplimiento de pena de cárcel. Además, las dos principales fuerzas políticas nacionales compartían que esa reforma penal establecía una respuesta proporcionada a la gravedad del delito.
   
   
Política penitenciaria. El ahora ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, rechazó en 2003 las enmiendas a la totalidad contra ese proyecto de ley presentadas por el resto de formaciones políticas. López Aguilar consideró entonces que la resignación no era la solución al terrorismo.
   Otra de las exigencias de la organización terrorista es el acercamiento al País Vasco e incluso la excarcelación de su población reclusa, lo que supone en la práctica el fin de la política penitenciaria. Esta petición coincide en el tiempo con la voluntad del Gobierno central de transferir al Ejecutivo vasco las competencias de prisiones.
   Después de reclamar durante años el Ejecutivo de Ibarretxe su gestión, concretamente desde su primer mandato, el acuerdo con el Gobierno central se materializaría en esta legislatura. Incluso fuentes nacionalistas vascas aseguran que este traspaso podría llevarse a cabo en este mismo ejercicio. De momento, sólo la Generalitat catalana gestiona los centros ubicados en su territorio.
   El Gobierno vasco está también más cerca de ver cumplida una de su históricas reivindicaciones: la aproximación a sus cárceles de los 700 presos etarras que cumplen condena dispersos por los centros penitenciarios españoles. Su acercamiento e incluso su puesta en libertad constituyen las revindicaciones prioritarias de la organización terrorista ETA, además de las fuerzas nacionalistas vascas, para decretar una tregua, que podría desembocar en un cese definitivo de la violencia.
   En ese contexto, fuentes del anterior Gobierno vasco aseguraron a LA RAZÓN que, antes de los comicios autonómicos del pasado 17 de abril, el Ejecutivo de Zapatero y los nacionalistas vascos exploraron la fórmula más idónea para ir aproximándolos progresivamente a sus lugares de residencia. Incluso se analizó la posibilidad de que los reclusos etarras pudieran disfrutar de permisos penitenciarios si, previamente, repudian a la organización terrorista, aunque hayan sido condenados por delitos de sangre.
   
   
Macrocentro para Euskadi. Instituciones Penitenciarias baraja también, como ya informó LA RAZÓN, la constitución de un macrocentro experimental en el País Vasco. Pese a que de momento esta medida se halla en fase embrionaria, este macrocentro lo gestionaría el Ejecutivo vasco una vez se transfieran las competencias de prisiones. El compromiso adquirido por el Gobierno central establece un plazo de dos años, es decir como límite el horizonte de 2007, para que toda la población reclusa cumpla sus penas en Euskadi.
   Este período coincidiría en el tiempo con la convocatoria de las elecciones municipales, a las que la ilegalizada Batasuna pretende concurrir. De ahí la trascendencia que da la banda terrorista a que el Gobierno central fije una fecha para la eliminación de la Ley de Partidos Políticos. «ETA, si declara una tregua, necesita estar presente en las instituciones democráticas para hacer llegar sus mensajes», aseguran fuentes nacionalistas vascas.
   Mientras tanto el Gobierno central mantendrá una actitud permisiva sobre las ayudas que continuará dando el Ejecutivo vasco para financiar los desplazamientos que realizan las familias para visitar a sus reclusos fuera del País Vasco. De esta manera, se intentará evitar que sea ETA la que financie estos viajes y. por tanto, use a los familiares como caldo de cultivo de la banda.
   Además, Zapatero está dispuesto a compartir con el PNV y, por tanto, con el lendakari vasco el éxito del fin de la organización terrorista. No obstante, dirigentes peneuvistas expresan sus reservas sobre «esta generosidad sin límites» del presidente del Ejecutivo. Una vez conseguido que la banda terrorista ETA declare una tregua definitiva y entregue las armas, «aunque sea de manera simbólica», se entrará en la fase de la normalización del País Vasco. Etapa que culminará con la tercera, consistente en un incremento del autogobierno del País Vasco.
   Aunque en principio la etapa de normalización sería posterior, el Gobierno ha puesto toda la carne en el asador para lograr, si es posible, antes la normalización de la escena política vasca. De hecho, el lendakari en funciones ha dado ya por enterrado su plan soberanista y nadie en su formación política habla del mismo.
   El Gobierno central defiende la apertura de un diálogo sobre la reforma del Estatuto de Guernica con todas las formaciones, sin exclusiones. Para Zapatero e Ibarretxe, la participación en estas negociaciones del PCTV supone la «normalización» de una parte de la sociedad vasca, que contribuirá y se implicará en la consecución del fin de la violencia. Sin embargo, la gran incógnita es conocer qué posición adoptará el PCTV.
   Zapatero está dispuesto a permitir que el Estatuto, en su título preliminar, reconozca a Euskadi como una nación, en lugar de como una nacionalidad, como hace ahora. Este cambio no conllevará una reforma del artículo 2 de la Constitución, referido a la soberanía nacional. De hecho, así lo ha manifestado públicamente el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Sin embargo, en un futuro las autonomías podrán promover la sustitución de los términos «nacionalidades y regiones» que recoge este artículo por el de «naciones».
   
   
Escollos en el proceso. Con estas modificaciones del Estatuto de Guernica se culminaría, de momento, la tercera fase diseñada desde Moncloa para Euskadi, con un incremento del autogobierno. El Gobierno está volcado ahora en ver cumplida esta primera fase, la de la pacificación. «Aunque en el camino hacia la paz» está tropezando con diversos escollos. «Algunos de ellos amenazan en convertirse en auténticos socavones».
   Uno de los que preocupa y ocupa al Gobierno de Zapatero pasa por estrechar los lazos de colaboración con el Ejecutivo francés. «La actitud que adopten las fuerzas de seguridad galas es crucial en este proceso de diálogo». Además, el presidente lleva personalmente este proceso. En el PSOE y en el Ejecutivo son pocos los que están al tanto de lo que ocurre. La prudencia de la que hace gala llega al extremo de que, en más de una ocasión, no comenta con nadie los pasos que da y los contactos que mantiene.