NI PUENTES DE PLATA NI JUICIOS TEMERARIOS

 Artículo de JOSÉ RAMÓN RECALDE  en “El País” del 04.06.05

José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno vasco.

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 A Maite Pagazaurtundúa y a Rosa Díez, amigas y compañeras a quienes, en el acuerdo o en el desacuerdo, espero seguir encontrando dentro del socialismo.

Un tema ocupa hoy el primer plano en nuestro debate político: el de la posibilidad del fin de la violencia de ETA y, en la medida en que esta posibilidad se confirme, el del diálogo para después de este final. Hay otro tema que hoy se presenta quizás con menor urgencia, pero que afecta tanto o más a los ciudadanos: el de la institucionalización del Estado y el de la integración de nuestra sociedad. ¿Estamos asistiendo a, o propiciando, una capitulación de ETA? ¿Estamos afirmando y perfeccionando nuestras instituciones, o las estamos poniendo en peligro? Ahora me limitaré al primer interrogante, aunque el segundo supone un telón de fondo de constante presencia.

La propuesta de Rodríguez Zapatero es, desde luego, arriesgada. Son grandes las posibilidades de que no salga adelante porque no se cumpla la condición primera, que ETA abandone las armas. En ese caso nada se habría conseguido porque no se habría cumplido el primero y fundamental requisito. Pero el intento actual está hecho formulando el campo del acuerdo y sus bases posibles y, por ello, asumiendo el riesgo del fracaso: la decisión de los terroristas de abandonar las armas, que no depende de los demócratas, sino de los asesinos de ETA. Luego queda pendiente un segundo paso: se ha de negar una concesión política a cambio de la paz. Y, con estas condiciones cumplidas, positiva y negativa, aún estaría pendiente el diálogo que decidiera cuál es la solución aceptable que hiciera compatible el afán de justicia ofendida de las víctimas con el otorgamiento de medidas de reinserción ofrecidas a los miembros de ETA. Porque algo debe quedar claro: en el momento de la pretendida paz, los representantes o los valedores de los terroristas no van a coincidir con nosotros en las razones de la paz, sino en la eficacia de que la paz se alcance. Allá podrán otros, los de Batasuna, o también gente del PNV como Joseba Eguíbar, argumentar que el campo de encuentro es el diálogo político con ETA o con sus valedores. Por el contrario, si demócratas y víctimas pactamos, es porque conviene ofrecer una solución al enquistamiento del conflicto de la violencia. No, desde luego, porque vayamos a aceptar la iniquidad de su causa. Pues sólo en la medida en que nos reafirmemos en la justicia de la nuestra podremos consentir, más que en la justicia, en la utilidad del "pacto tras la cesión de las armas". A pesar de la contundente mayoría que se ha manifestado en el Congreso y en la opinión pública en favor de las conversaciones de paz, reconozco mi inseguridad sobre la perspectiva de buen éxito de la iniciativa del Gobierno. Esta inseguridad podría llevarnos a un juicio de conveniencia: si ETA está visiblemente derrotada, ¿por qué cambiar de política antiterrorista? Pero no es desde esta posición desde la que sostengo mi juicio, sino desde otra: precisamente porque ETA está tan derrotada es por lo que son oportunas ahora las conversaciones. En favor de esta alternativa podemos acumular razones diversas.

La primera se sostiene en el sentido que debemos dar a la idea de ETA derrotada. ETA está derrotada, pero todavía su brazo político moviliza a ciento cincuenta mil votos que, cuanto menos razonables sean desde el análisis de la realidad, más nocivos resultan como reducto de añoranzas. En esta situación hay una batalla pendiente que librar: la movilización ciudadana contra el crimen. En esto consiste la creciente toma de conciencia, el compromiso de voluntades y, de ahí, la capacidad de movilización ciudadana contra los asesinos y terroristas. Pues bien, el presente proyecto para el abandono de las armas tiene que sostenerse en la política de afirmación del Estado de ciudadanos, pero también en que la sociedad de ciudadanos, al sentirse implicada en el proyecto de paz, acepta el reto de la movilización democrática para derrotarle a ETA en su última batalla, la de la opinión y la movilización popular. Por eso es importante que el Gobierno, si percibe indicios de busca de la paz por parte de los terroristas, responda comprometiéndose públicamente ante los ciudadanos a mantener el marco del posible acuerdo. Primero, el abandono de las armas, y luego, la prohibición de concesión política al grupo terrorista o a sus valedores. Ni al nacionalismo. Y, a partir de estas condiciones de entrada, habrá que componer las pretensiones de reinserción de los criminales con las esperanzas de las víctimas (y de quienes se sienten movilizados por éstas) de que los criminales sean castigados. En este enfrentamiento, los miembros de ETA que abandonen las armas podrán lograr mejores condiciones en la medida, no sólo de su renuncia, aunque ésta es condición previa para el acuerdo de paz, sino de la movilización de los ciudadanos en favor de ese acuerdo y de su capacidad de conexión con el sentimiento de las víctimas.

No se trata, por tanto, de que nos hagan tragar, ni a los ciudadanos, ni menos a las víctimas, que criminales y ciudadanos estén en el mismo plano. La paz debe ser el resultado del abandono de las armas por parte de los criminales y, con independencia de cómo vivan éstos el acuerdo, con sentido de realidad o como puente de plata, los ciudadanos han de verlo, primero como un triunfo y, sólo después, acaso también, como puente de plata.

Con estas condiciones previas y con la experiencia de anteriores condiciones u ofertas de paz más condescendientes con ETA y fallidas, está claro que las posibilidades de triunfo del proyecto de Rodríguez Zapatero son, cuando menos, dudosas. ¿Por qué apostar, entonces, por la vía del acuerdo? Pues, además de por todo lo dicho hasta ahora, por una confianza en la propuesta. Confianza en la medida en que nos sentimos solidarios con el dato objetivo de la general aceptación que se percibe en la sociedad, y también confianza subjetiva en la decisión política de Rodríguez Zapatero. Como conclusión provisional está la de un juicio suspendido ante que, tras nuevas apuestas y esperanzas, los criminales -tan fanatizados como siempre- confundan su derrota con su victoria y se nieguen al único acuerdo posible. Es nuestro riesgo, pero tam

bién nos equivoca-

ríamos si nos negáramos a decidir por miedo.

Frente a nuestra confianza se plantea también nuestra desconfianza ante la acumulación de los juicios de intenciones con los que se ha combatido este proyecto. En injusta correspondencia a las difíciles condiciones del eventual pacto, se ha vertido un aluvión de juicios temerarios contra el proyecto de Rodríguez Zapatero: "Ya veréis cómo lo que busca Zapatero es el pacto político con ETA; o es el pacto para el Gobierno o, peor aún, es la participación en el Gobierno con el PNV...". He percibido en esta política, entre mis adversarios, la sustitución del debate por los juicios temerarios y, entre algunos de mis amigos, la política agorera en lugar del razonamiento.

He comenzado diciendo que, junto al tema de la violencia y de su fin, existe otro que es el de la organización del Estado y el de la composición armónica de una sociedad de ciudadanos. Que quede claro que el precio de la paz no puede pasar por el de las concesiones al nacionalismo. El objetivo de acabar con el monopolio del poder por parte del PNV es una exigencia democrática fundamental, objetivo independiente de la capitulación de ETA y ni siquiera tentación de pacto en la que se pudiera caer. No hay precio que pagar que requiera el pacto con el PNV. Ni siquiera podemos aceptar que, a pesar del error político de la derecha nacionalista española, que tantos daños electorales ha causado, esto pudiera justificar el abandono de la línea de la defensa de la Constitución y del Estatuto. Pero este tema, aunque debe ser anunciado ya por razón de urgencia, ha de ser aplazado por razón de espacio.