ANIVERSARIO AL BAÑO MARÍA

Artículo de José Luis Requero, Magistrado, en “La Razón” del 08 de diciembre de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

 

Otra coincidencia. La incertidumbre que mantiene el Tribunal Constitucional a costa del Estatuto y las presiones explícitas que está recibiendo nos devuelven a épocas no precisamente gloriosas de nuestra Historia. Se ha insistido en comparar lo que ahora vivimos con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivos catalana por el Tribunal de Garantías Constitucionales, en 1934. Fue el pretexto para proclamar el Estado Catalán: la sentencia de su predecesor se vio un atentado a la autonomía catalana.

Ahora un numeroso grupo de abogados catalanes han suscrito un manifiesto reclamando respeto hacia el Tribunal Constitucional, lo que recuerda a los abogados que, en 1932, salieron en defensa de la independencia judicial frente al Gobierno republicano. Pero hay diferencias: entonces esa defensa la asumieron los propios colegios de abogados; ahora es el Colegio de Abogados de Barcelona quien se ha adherido al tristemente manifiesto-editorial «La dignidad de Catalunya» que el pasado 26 publicó la prensa catalana.

Y así llegamos a un aniversario más de la Constitución que no sé cómo tomarme, si como fiesta de cumpleaños o funeral. El Tribunal Constitucional está inmerso en una suerte de baño María social, político y periodístico, a la espera de que se reblandezca la obstinación de algunos de sus miembros y acabe cociéndose al gusto de esos intereses. Aunque indicios hay, y sobrados, de que tiene mucho de la culpa de chapotear en ese cazo hirviente. Se explicaría así el escandaloso retraso, máxime cuando se sabe que desde hace tiempo hay proyectos de sentencias, en un sentido u otro, luego sólo faltaría votar. El resultado que se espera de la lenta cocción sería una sentencia de consenso, con lo cual es el propio tribunal quien reniega de ser eso, un tribunal.

En los últimos tiempos he repetido que más que un tribunal de Justicia es un órgano político donde los partidos continúan la lucha con otras armas, otro lenguaje y otros soldados. Esto puede parecer exagerado, hasta irrespetuoso e impropio de mi condición profesional, pero es el propio Tribunal Constitucional quien se empeña en confirmarlo. El consenso es un instrumento lógico en la acción política, terreno en el que manda la oportunidad; pero en un tribunal deben imperar los criterios jurídicos. Un tribunal está para respetar y hacer respetar las reglas del juego.

Se me podrá decir que el papel del Constitucional es distinto; es más –puede añadirse–, en este caso la búsqueda del consenso es una muestra de prudencia y responsabilidad cuando está en juego la estabilidad de España. No lo niego, pero veamos: responsabilidad, lo que se dice responsabilidad, es de quienes al propiciar el Estatuto han desatado las más bajas pasiones políticas. Ellos han llevado al Constitucional y, de paso, al Estado de Derecho, a una situación imposible, luego es inaceptable que esos irresponsables, tras desencadenar semejante crisis, apelen a la responsabilidad del Constitucional, le asusten con las consecuencias de lo que ellos han provocado, para que les saque de apuros y resuelva según sus intereses. A la primera irresponsabilidad –el Estatuto– sumarían dos más: retorcer la Constitución y manipular al Tribunal Constitucional.

Insisto: ¿fiesta de cumpleaños o funeral? Me temo que lo segundo, pero no sólo de la Constitución sino del Estado de Derecho. Una cosa es que la Constitución no sea un texto petrificado, que deba evolucionar en su interpretación y aplicación y otra cosa es que una norma joven –treinta y un años– se vea como si se tratase de las Siete Partidas o el Fuero Juzgo. La Constitución no está aquejada de progeria o síndrome de envejecimiento prematuro. Lo que hay es deslealtad, desprecio por el Derecho, por el Estado de Derecho y, sobre todo, mucha irresponsabilidad.

Andamos por un camino de muy difícil retorno: el de haberle tomado el gusto a ver en la Constitución no un límite al ejercicio del Poder –ese es el origen del constitucionalismo–, sino su instrumento de acción. Y si el Derecho es moldeable a gusto de quien gobierna, no debe extrañar que exija a todo tribunal –ahora es el Constitucional– que se someta a sus caprichos. Tan bajo hemos caído que hasta un club de fútbol, acostumbrado a concebir todo desde la lógica del balompié, se ve con autoridad y legitimidad para dar punterazos al Tribunal Constitucional y, de paso, al Estado de Derecho.

En la apertura de los Tribunales de 1948, el Presidente del Tribunal Supremo, Castán, disertó sobre el sentido jurídico –el «genio», decía– del pueblo español. No era el mejor momento político ni histórico para presumir de ello, pero dejó constancia de un sentido que parece ir reblandeciéndose. Ahora quien está al baño María es el Tribunal Constitucional, pero no está solo: le acompañan todos los españoles. El Poder político se siente omnipotente, nadie puede obstaculizar sus planes y si el Estado de Derecho –o los tribunales– se cruzan en su camino puede cocerlos hasta ablandarlos. Como este pueblo no recupere ese genio y, con él, el sentido de su dignidad, no sabrá poner límites a un poder político tan ensoberbecido como irresponsable.”