AIRE PARA RESPIRAR
El Gobierno quiere atribuir la instrucción al fiscal y desactivar la acción
popular.
Artículo de José Luis Requero en
“La Gaceta” del 28 de febrero de
2011
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
La Asociación Profesional de la
Magistratura lleva años defendiendo que la investigación penal debe dirigirla
el juez, no el fiscal. Si defendemos ese postulado no lo hacemos con ánimo de
intervenir en un interesante debate jurídico, propio de eruditos procesalistas;
tampoco es intención nuestra meternos en polémicas con los fiscales, abrir una
de esas típicas luchas entre cuerpos funcionariales que pugnan por sus
respectivas competencias o ámbito de poder e influencia.
Hace cinco meses escribía en La Razón que,
a la pregunta sobre quién debe instruir los sumarios penales, si el juez o el
fiscal, suelo deslindar dos momentos. Uno sería el tradicional y otro el
actual. El primero es el estrictamente académico o científico. Basta asomarse a
cualquier manual de derecho procesal y se verá que ese es un tema clásico de
debate. El segundo comenzó, curiosa y lamentablemente, con los años de la
España del terrorismo de Estado y de la corrupción. Gobernaba Felipe González y
era constante el tránsito por los juzgados de instrucción de poderosos
personajes de la política, de la economía, de los negocios, de la prensa o todo
a la vez.
Bastaron esos paseíllos para que lo que
hasta ese momento era un debate jurídico saltase a la opinión pública. Bastó
que hubiera jueces de instrucción que admitiesen querellas, acordasen prisiones
provisionales, para que se inyectase en la opinión pública este mensaje:
¿realmente el juez debe instruir? Eran años en los que la defensa de los
afectados pasaba por desprestigiar y cuestionar el sistema judicial o la figura
del juez instructor; el mensaje era que las penalidades de aquellos poderosos
personajes obedecía no a sus delitos, sino a un
sistema procesal imperfecto, a los abusos de los jueces.
Pasaron los años y ahora el Gobierno no
deja de anunciar la inminente reforma del proceso penal. Una de sus señas
sería, precisamente, atribuir la instrucción al fiscal y eliminar o desactivar
la acción popular, es decir, la posibilidad de que un particular ejercite la
acción penal. La idea no viene sola, sino acompañada de otras iniciativas para
reducir el poder judicial a su mínima expresión, desactivarlo en beneficio de
instancias de vinculación gubernamental.
Si a un Ministerio Fiscal erigido en dueño
y señor de la investigación y de la acción penal se le une una Policía
gubernamental, se le añade la partitocracia del
órgano de gobierno de la Justicia más la creación de 17 consejos judiciales y
se le suma la realidad de que la Justicia depende por entero de los medios
materiales y humanos que le dan el Gobierno central y los autonómicos, sale un
cuadro más que inquietante: poder político fuerte, Justicia débil y eliminación
de toda garantía eficaz de derechos y libertades.
Insisto: no hablo de una guerra de jueces
contra fiscales. Esto no es una polémica corporativa. Es, querido lector, su
problema. Lo que se ventila es que sólo se persigan los delitos que interesen
al Gobierno o queden impunes los que no le convenga perseguir; que la suma de
fiscal más Policía, dependientes de la misma cabeza pensante, inquiete al
adversario político, económico o mediático. Esto es lo que la Asociación
Profesional de la Magistratura lleva advirtiendo desde la soledad y desde hace
años. Más que nuestro debate debería ser el de unos ciudadanos que quieren ser
libres. Hace pocas semanas la portavoz del Grupo Popular en el Congreso
criticaba la actuación de la Policía y de los fiscales. Se refería al caso
Faisán y a los diferentes casos de corrupción. A continuación el portavoz del
Grupo Socialista contestaba exigiéndole respeto hacia las instituciones. Ese es
el problema: es difícil confiar y respetar las instituciones cuando algunos son
incapaces de concebirlas como algo por encima de los partidos. Al patrimonializarlas el respeto cede el paso a la
desconfianza y de ahí al miedo. Y en una democracia el miedo sobra.
El Tribunal Constitucional tiene que
pronunciarse sobre la posibilidad de llevar a juicio a Garzón contra el
criterio del fiscal. El Tribunal Supremo admitió que, a pesar del fiscal, se
abriese juicio al mantener su acusación los querellantes. En sus manos está o
que España mantenga uno de sus elementos identificadores como Estado de derecho
o que nos lleve hacía un sistema político sencillamente irrespirable, opresivo.
*José Luis Requero
es magistrado.