UNA SENTENCIA ACOBARDADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DESAUTORIZA A ZAPATERO Y AL SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL
Artículo
de Francisco Rubiales en “Voto en Blanco” del 29
de junio de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
El
Tribunal Constitucional, después de cuatro largos años deliberando, declara
inconstitucional el Estatuto de Cataluña que promovió Zapatero, lo que le
obligaría a dimitir en cualquier país serio y democrático del planeta. Además,
la sentencia exhibe las grandes carencias de la democracia española: cobardía,
división, mediocridad e inviabilidad del actual diseño del Estado, que conduce
hacia la disgregación y el enfrentamiento.
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El fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña,
acobardado y falto de contundencia jurídica, frustra a casi todos los españoles
porque hiere sin rematar y no lleva hasta sus últimas consecuencias la clara
inconstitucionalidad del texto. La sentencia tumba 14 artículos y cuestiona
otros 35 artículos de calado, además de proclamar la "indivisible unidad
de España", pero admite el término "nación", del que dice que no
es vinculante, y deja vivo un Estatuto que ya ha transformado la vida de los
catalanes, al que se aferrarán con todas sus fuerzas los actuales dirigentes
políticos nacionalistas y socialistas que controlan el poder catalán, lo que
abrirá una nueva brecha en las ya magulladas defensas de España.
La gran incógnita de esta sentencia es saber si será acatada y cumplida por el
poder catalán y por José Luis Rodríguez Zapatero, el principal promotor del
Estatuto.
La primera consecuencia del tardío y acobardado fallo del Tribunal
Constitucional español sobre el Estatuto de Cataluña debería ser la dimisión
inmediata de Zapatero, que fue quien lo promovió personalmente, convirtiendo el
nuevo Estatuto catalán en el eje de su primer periodo presidencial, junto con
la también fallida negociación con ETA. Promover leyes inconstitucionales no
es, precisamente, la misión de un jefe de gobierno democrático. El fracaso de
Zapatero en sus dos principales políticas ha quedado consagrado por la
sentencia y debería llevarle a la dimisión, pero es más que probable que el
personaje carezca de la dignidad necesaria y de la conciencia democrática
suficiente para dejar el poder.
La segunda consecuencia es que el Partido Popular hizo bien en recurrir el
Estatuto, un acto con el que, a la vista de la sentencia, prestó un valioso
servicio a España.
La
tercera consecuencia del Estatuto es que el modelo autonómico español está
herido de muerte porque es económicamente insostenible y, sobre todo, porque
conduce a la disgregación y al enfrentamiento, después de haber otorgado un
poder desmedido a una estirpe de políticos regionales sátrapas y de escasa
calidad democrática, que ni siquiera se detienen ante la Constitución con tal
de incrementar su ambición de poder y de privilegios.
La cuarta y última gran conclusión, tras la sentencia, es que el Tribunal
Constitucional, contaminado por la división partidista que ya ha podrido la
vida política española, es inoperante y está falto de autoridad y brío. La
división del importante órgano entre "progresistas" y
"conservadores" es una vergüenza jurídica que antepone los intereses
de los partidos a la Justicia y que traslada a ese órgano supremo y decisivo
del Estado la miseria y la suciedad de los partidos políticos españoles.
Las
reacciones provocadas por la sentencia demuestran la inconsistencia del Estado,
la inutilidad del modelo, la contaminación antidemocrática de los partidos
políticos y el escaso nivel ético y político de los dirigentes españoles. La
vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega habla de una
"completa derrota de la posición del PP", mientras que Montilla,
irresponsable y rabioso como un niño al que arrebatan su juguete, llama la movilización
de los catalanes. El PP se siente vencedor y Zapatero, mientras tanto, guarda
silencio porque, con toda probabilidad, se negará a dimitir, a pesar de que él
es el principal causante de ese importante desaguisado, por haber sido el
promotor de un Estatuto claramente contrario a la Constitución.
La sociedad española entera amanece hoy cubierta de vergüenza y oprobio por
tolerar el estado de caos y desvergüenza que domina la vida política y jurídica
de la nación. Los ciudadanos deberían asumir de una vez que la democracia debe
ser refundada y que los actuales políticos, contaminados hasta la médula de
antidemocracia, egoísmo, privilegios abusivos, descaro, injusticia y nulo
sentido de Estado, deberían ser expulsados del poder para poder construir,
juntos, un Estado de hombres y mujeres libres, dominado por la dignidad, la
verdad y la decencia.