VÍCTIMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo
de Francisco Rubiales en “Voto en Blanco” del 11 de noviembre de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Pocas
reformas son tan urgentes en esta España políticamente enferma como la Ley de
Partidos Políticos y la Ley Electoral, bodrios antidemocráticos que han
convertido a los partidos políticos en el peor enemigo de la auténtica
democracia y en maquinarias de poder blindadas al servicio de las élites, que
no pueden ser controladas ni por los ciudadanos, ni por los militantes, ni por
el mismo sistema.
Sin embargo, a pesar de que existe un consenso casi pleno entre los demócratas
y los pensadores independientes de que los partidos políticos son hoy el gran
obstáculo que impide la decencia política en España, ninguno de los grandes
partidos españoles ha incluído reformas del sistema
en sus plataformas electorales, ni las reivindica en el presente.
Desgraciadamente, las castas profesionales que controlan los partidos son
ajenas a la verdadera democracia y se sienten plenamente a gusto insertadas en
sus oligárquicas y opresivas maquinarias de poder.
Militar en un partido debería ser un acto de responsabilidad sujeto a
obligaciones y derechos, pero hoy no es así porque las élites que gobiernan los
partidos no sólo desconfían de los políticos adversarios, sino también de los
ciudadanos independientes y de sus propios militantes honrados, que quieren
participar y opinar con ilusión, hasta el punto de que los marginan y les
impiden el acceso al poder, convertido en un coto cerrado en el que sólo
penetran ya los que se someten a la dictadura del "jefe" y practican
una sumisión que se disfraza de "lealtad".
Los militantes responsables y dignos que denuncian el abuso y la corrupción son
laminados de manera sistemática por el aparato. Ha ocurrido cientos de veces en
la política española. (recuerden el caso de Alonso
Puerta, en Madrid). En Estepona, ciudad de la Costa
del Sol envuelta en un oscuro y estremecedor escándalo de corrupción, dos
militantes socialistas que denunciaron la corrupción fueron castigados por el
PSOE, mientras que y el alcalde socialista, detenido por liderar la
impresentable movida corrupta, fue mantenido en su puesto por su partido y
repitió como cabeza de lista en las últimas elecciones porque las encuestas revelaban
que era "caballo ganador". También ocurre en Benidorm, donde un tránsfuga
que fue expulsado del PSOE repetirá en 2011 como candidato socialista.
No es cierto que tengamos los partidos que nos merecemos, ni que el tiempo
mejorará esa antidemocracia vomitiva que domina la política española porque lo
que ha ocurrido en los 30 años de democracia es que esos partidos se han
blindado cada día más contra el cambio honrado y las ideas limpias, reforzando
los rasgos que convierten al partido en una maquinaria totalitaria, corrupta y
ávida de poder.
Los partidos nacieron para facilitar la participación de los ciudadanos en la
democracia, pero han realizado el trabajo opuesto y hoy ya son el mayor
obstáculo para la participación ciudadana y para que la sociedad pueda
construir una auténtica democracia ciudadana y participativa.
La democracia termina hoy en la puerta de los partidos políticos, en cuyo
interior se incrementan a diario el verticalismo y una dictadura de las élites
que impide el debate franco y la libertad de expresión, hasta el punto de que
la única manera de prosperar es decir siempre "si" al jefe.
Los partidos políticos son demasiado importantes para dejarlos en manos de los
políticos. Con ellos al mando, ya sabemos lo que ocurre: erradican cualquier
atisbo de democracia y avanzan a paso de oca hacia la dictadura interna.
Hay que transformarlos con urgencia para posibilitar una democracia de
ciudadanos. Son instituciones de carácter público y, como tales, deben ser
controladas por el ciudadano. La participación política es un derecho
inalienable del ciudadano que éste no puede ejercer porque los actuales
partidos se lo impiden.
Una nueva ley electoral y una nueva ley de partidos son imprescindibles para
curar las graves enfermedades que padece la democracia española, cada día con
menos prestigio en el mundo y más despreciada por sus propios ciudadanos.
Quizás el atentado peor contra la democracia es el que ampara la Ley Electoral
española, que impide nada menos que el derecho ciudadano a votar libremente, la
esencia de la democracia. En España, quien elige en realidad es el partido,
cuyas élites hacen esas listas de candidatos cerradas y bloqueadas ante las que
el elector solo puede decir "sí" y "no". Los partidos, de
hecho, han arrebatado al ciudadano su inalienable derecho a elegir a sus
representantes.
Pero el verdadero drama no es la maldad antidemocrática del sistema, sino el
hecho de que ninguno de los grandes partidos políticos españoles esté
interesado hoy en cambiar una situación que les beneficia y les otorga un poder
inmenso.
El PSOE hace mucho que se transformó en una maquina de poder sin alma y sin
otra ideología que el pragmatismo que conduce al poder, pero en otros partidos,
donde las élites imitan la sucia ruta del socialismo, todavía hay esperanzas de
cambio. Muchas voces se alzan, dentro del Partido Popular, para que incorpore
reformas que fortalezcan la democracia, pero Rajoy y su guardia pretoriana se
cierran a cualquier reforma que limite su poder o que amplíe el papel del
ciudadano en democracia.
Las nuevas leyes deberían garantizar, en primer lugar, la democracia interna,
hoy inexistente. En unas organizaciones donde se opera de manera totalitaria y
sumisa, jamás podrán prepararse líderes que gestionen una democracia libre de
ciudadanos. Cuando llegan al poder son, necesariamente, mequetrefes arrogantes,
cargados de rasgos totalitarios, que se creen con el derecho a imponer su
voluntad y sus privilegios a los ciudadanos.
En los partidos democráticos, los candidatos deben ser elegidos,
necesariamente, en primarias, en votaciones secretas, para erradicar las
camarillas blindadas que hoy consideran suyos esos partidos y los controlan al
margen de la militancia, de la ciudadanía y de los intereses de la nación. El
"dedo" que elige y consagra al dirigente y al sucesor debe ser
erradicado por ser un comportamiento arbitrario, indecente y claramente
totalitario.