CONTAMINACIÓN POLÍTICA
Artículo de Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA en “ABC” del 30/01/05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
EL ambiente
público en España se está enrareciendo, casi envenenando. Acaso la
responsabilidad incumba a muchos, pero, si no me equivoco, en primer lugar y en
grado sumo, al Gobierno. Urge recuperar la concordia básica entre el Ejecutivo y
la oposición sobre lo fundamental. Ni la dureza de los debates ni la firmeza en
la crítica son males. Por el contrario, constituyen parte esencial de la
democracia. No se trata de gobernar mediante consenso, pero sí de mantener las
cotas mínimas de respeto. Entre el pasteleo y la indigencia ideológica, por un
lado, y la discordia civil por otro, caben términos medios. El aire público
puede llegar a ser irrespirable. Los excesos críticos de la oposición y de los
medios de comunicación nunca pueden ser equiparables a los abusos del poder. Lo
normal es que el Gobierno gobierne y la oposición se oponga y lo hostigue. Lo
que no es democráticamente normal es que sea el Gobierno, que es de todos, el
que hostigue a la oposición y a los sectores sociales que no le son adictos. Por
ese camino, la democracia se corrompe. Pretender arrojar al primer partido de la
oposición extramuros del sistema y deslegitimarlo no es sólo un abuso de poder;
es también una vía abierta hacia el totalitarismo.
La reacción gubernamental ante las inaceptables y muy minoritarias agresiones
verbales al ministro de Defensa durante la manifestación convocada por la
Asociación de Víctimas del Terrorismo constituye un acto más en esa equivocada
dirección. Todo parece indicar que se ha tratado de hacer culpable al Partido
Popular, sin dudar para ello en utilizar de manera ilegítima a la Policía. La
arbitrariedad del poder está censurada por la Constitución. Es un abuso imputar
gubernativamente la comisión de un delito a dos militantes del PP, cuando la
imputación sólo compete a los jueces. Por lo demás, el Gobierno no ha aclarado
por qué se les detuvo como imputados y no como testigos, o por qué sólo se les
ha detenido a ellos y no a otras personas que más cercanamente rodeaban a Bono.
Se diría que la función de la oposición se deba limitar a aguantarse y a
colaborar, si acaso, en la defensa de la Constitución y en la aprobación del
referéndum constitucional europeo. Para lo demás, sobra. La actitud del Gobierno
contrasta con la que exhibió en la oposición. Entonces, la mayoría absoluta del
PP no impedía, no ya la crítica, cosa razonable, sino el insulto y la voluntad
de deslegitimación.
Es un grave capítulo más que se añade a otros. El Ejecutivo discrimina entre las
víctimas del terrorismo de ETA y las del 11-M, convoca de manera maniquea e
injusta a los fantasmas de la guerra civil, hostiga a la Iglesia católica,
fomenta el radicalismo izquierdista y la intolerancia y gobierna en coalición o
con el apoyo de fuerzas políticas que aspiran a la destrucción de la unidad
nacional y del orden constitucional. Acaso lo peor sea ese empeño por invocar la
herencia de la Segunda República, época en la que la discordia nacional alcanzó
el paroxismo que condujo a la guerra civil. Hay que purificar el ambiente. Aún
hay tiempo para combatir esta asfixiante contaminación política. Luego puede ser
tarde.