¿A QUIÉN SIRVEN LOS DIPUTADOS? EL CONGRESO CONVERTIDO EN UNA FILIAL DE LAS CÁMARAS REGIONALES

Artículo de Carlos Sánchez en “El Confidencial.com” del 25 de marzo de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

El irracional sistema político español -donde los diputados se comportan más como simples convidados de piedra que como representantes de la soberanía popular- ha derivado en una perversa circunstancia. El parlamento nacional ha acabado por convertirse en una especie de sucursal de las cámaras regionales.

De otra manera no puede explicarse que el Grupo Socialista se haya quedado sólo en el Parlamento tras las elecciones en el País Vasco y Galicia, donde tanto el PNV como el BNG -sus socios más estables en lo que va de legislatura- dejarán de gobernar en las próximas semanas (salvo sorpresas). Como es de sobra conocido, la ‘venganza’ de nacionalistas vascos y gallegos por el resultado electoral del 1-M se ha traducido en dejar de apoyar al Gobierno central en la carrera de San Jerónimo. Un castigo verdaderamente 'democrático'.

Habrá quien piensa que la decisión de dejar a su suerte al Ejecutivo de Zapatero es fruto de la aritmética parlamentaria, y por lo tanto no hay nada más que decir, que diría Fraga. Pero si se acepta esa lógica, se estaría ante una evidente degradación del sistema de representación política. Y, por supuesto, ante una violación flagrante de la Constitución de 1978, que  prohíbe de forma taxativa el voto imperativo. Es decir, que ningún miembro de las Cortes Generales puede ser obligado a votar en un sentido u otro en función de los intereses de su partido.

Parece evidente que tanto el sistema de listas cerradas como el régimen sancionador tras el que se atrincheran los grupos parlamentarios para mantener la disciplina interna de voto es un atentado contra ese principio constitucional, toda vez que obliga a los diputados y senadores a decidir en un determinado sentido, a expensas de ulterior castigo. Deben votar, por lo tanto, en la dirección que señalan los jefes de cada grupo parlamentario en función de sus intereses partidistas, pero no de acuerdo al contenido de las nomas legales que el Gobierno de turno somete a su consideración, que en última instancia es para lo que han sido elegidos. Es decir, que antes de que el Ejecutivo presente a las cámaras los correspondientes  proyectos de ley, los diputados ya saben lo que van a votar. Renunciando, con ello, a influir en la toma de deciisones.

El hecho de que el resultado electoral registrado en una cámara regional determine el juego de mayorías en el Parlamento nacional es, sin embargo, el problema de mayor enjundia. Fundamentalmente porque supone una adulteración del voto popular. 

Política de alianzas

El más elemental principio democrático sugiere que cuando un ciudadano deposita su voto en una urna, lo hace con el propósito de que su representante defienda sus intereses en la cámara para la cual resultó elegido. No para defender los intereses de un determinado partido en otra cámara parlamentaria distinta. Parece de Perogrullo.

No hay ninguna duda de que es lícito cambiar la política de alianzas, pero no lo es tanto cuando lo que está detrás de esa conducta es una especie de chantaje político. Mi voto en Madrid a cambio de salvar mi gobierno en Vitoria o Santiago.La propia Constitución española establece que las Cortes Generales tienen como misión esencial ejercer la potestad legislativa del Estado, aprobar los Presupuestos Generales y controlar la acción del Gobierno. Es decir, que por ningún lado se deja entrever una correspondencia entre el voto regional y el nacional. Cada cámara -autonómica o estatal- es soberana, y así debe ser, por lo que están fuera de lugar los pactos extraterritoriales. Claro está, a no ser que esto se explicite en una votación, lo cual sería absurdo: elegir a un diputado en el parlamento de Cataluña o la Conunidad Valenciana para influir en el Comgreso de los Diputados.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. El sistema político español ha aceptado que lo que ocurra en una región puede determinar la estabilidad política del conjunto del Estado, lo cual es un auténtico disparate. Básicamente porque ese planteamiento supone falsear el sentido del voto que dan los ciudadanos en cada proceso electoral. El mandado que reciben los representantes de sus representados es el cumplimiento de los objetivos del programa electoral con el que los aspirantes a diputados o senadores concurren a unas elecciones, pero nunca el ejercicio de una especie de ajuste de cuentas entre formaciones políticas ‘ex post’.

Con este comportamiento, se limita la autonomía y la propia soberanía de cada parlamento, y se convierte en papel mojado el principio constitucional que determina que nadie puede ser miembro de dos Cámaras de forma simultánea ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Parece evidente que el objetivo del constituyente -más allá de evitar la acumulación de cargos públicos- era evitar que la acción parlamentaria del Estado se contaminara por la interferencia de cámaras regionales.

La causa de tal desaguisado probablemente tenga que ver con la inexistencia de partidos bisagras de carácter nacional capaces de defender el interés general, y no solamente de una parte del territorio (lo cual es absolutamente legítimo). Un motivo más para cambiar de forma urgente la Ley Electoral y el sistema de representación política.