LOS PELIGROS DE LA MEMORIA HISTÓRICA IMPUESTA POR LEY

 

  Editorial de   “El Semanal Digital” del 29.04.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

Imponer por ley una memoria histórica sectaria no sólo es contrario al espíritu de la Transición plasmado en la Constitución, sino también una forma segura de repetir los errores del pasado

29 de abril de 2006.  El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición de ley presentada por IU, que ahora pasará al Senado para completar su tramitación parlamentaria, mediante la que se pretende declarar el año 2006 como "Año de la Memoria Histórica". En esta proposición, a sugerencia de una enmienda del PSOE, se reconoce la II República como antecedente de la actual democracia y se insta al Gobierno a que promueva actos de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, así como a los impulsores de la Transición.

El PP, único grupo que votó en contra, presentó una enmienda para que el año 2006 fuera declarado "Año de la Concordia". Su portavoz, Manuel Atencia manifestó que los populares se opondrán a todas las iniciativas sobre la llamada "Memoria Histórica", por considerar que "son contrarias al pacto constitucional, intentan imponer una verdad oficial, tratan de revisar la transición democrática, dividen a los españoles y reabren viejas heridas".

Ciertamente, es inevitable poner en relación la iniciativa aprobada con el proceso en marcha para cambiar el modelo político instaurado durante la Transición, que se basó en el reconocimiento de la necesidad de superar y no repetir el pasado trágico de nuestro país y no, como sostienen ahora el PSOE y sus aliados parlamentarios, en el ocultamiento u olvido de ese pasado. De hecho, a lo largo de la presente etapa democrática han florecido estudios históricos de todas las tendencias sobre la II República, la Guerra Civil y el Régimen de Franco.

Imponer por ley una memoria histórica única y sectaria no sólo es lo más opuesto que cabe concebir al espíritu de la Transición que se plasmó en la Constitución, sino también una forma segura de reproducir los errores del pasado. Nadie discute que todo el mundo es libre de recordar y conmemorar a quienes considera sus héroes, pero en democracia utilizar los muertos como arma arrojadiza para deslegitimar al adversario político sólo puede conducir a reabrir heridas cerradas por la España real.

El PP nunca se ha presentado como un partido continuador del Régimen de Franco o de los grupos de centro y de derecha que había en tiempos de la II República. En cambio, el PSOE, el PCE o ERC son los partidos del mismo nombre existentes en aquella época y que participaron en la Guerra Civil. Si se rompe el pacto de concordia nacional de la Transición, alguien acabará pidiéndoles cuentas por su actuación en el pasado.

También la Corona tendría algo que decir a este respecto. A nadie se le puede escapar que si la actual democracia, como sostiene la proposición de ley aprobada, es heredera de la II República, el siguiente paso será cuestionar la continuidad de la institución monárquica en España.