RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO

Artículo de Justino Sinova en “El Mundo” del 19 de septiembre de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

La sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) tiene más consecuencias que la retirada de la circulación de la formación proetarra, pues afecta a más personas que las encuadradas en eso que casi todos entendíamos como una tapadera de los terroristas. Afecta a quienes no lo vieron o hicieron que no lo veían: José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno; Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia; Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, y todos aquéllos que apoyaron o facilitaron su ceguera política. La sentencia del Supremo desvela la enorme responsabilidad de quienes, por acción o por omisión, permitieron que la presencia etarra en las instituciones democráticas se haya prolongado hasta ahora y haya causado otras secuelas ya inevitables.

El Supremo se basa en algo que es de razón, que una banda terrorista, cualquiera que sea la piel de cordero que se enfunde, no puede acceder al ámbito de la decisión pública, aprovechándose de todos los recursos al alcance de los políticos, especialmente subvenciones e información, que no hace falta cavilar mucho para entender que los usa para atacar a los demás. Esto ya lo había dicho antes mucha gente, pero el Gobierno y sus compañeros de viaje negaban la evidencia por una estratagema política, que era la negociación con los terroristas. De esa manera, el Gobierno supeditaba la razón de la legalidad a un fin político que era, además, un absurdo humano (lograr la rendición de los terroristas por la palabra), cuando no una infidelidad democrática (ceder a las pretensiones etarras por las que han asesinado, secuestrado y extorsionado).

Durante los meses previos a las elecciones municipales de 2007 tuvimos que aguantar negaciones de la evidencia articuladas en argumentos inconcebibles. Zapatero recurría a la historia de ANV, partido fundado en 1930, y ocultaba que había sido rehabilitado como instrumento por los terroristas. Bermejo cometía el exceso de calificar como «inconstitucional» la ilegalización que ahora ha decidido el Supremo. Y Pumpido aseguraba que se había «extirpado el cáncer» con la impugnación de algunas candidaturas de ANV, una impugnación selectiva que dejó a la formación filoterrorista ocupar 432 concejalías y gobernar 42 ayuntamientos en el País Vasco y Navarra.

Aquello fue una afrenta política, cuyas consecuencias se prolongarán aún durante tres años, pues los concejales proetarras, aunque no podrán actuar como partido, no serán despojados de sus puestos por la sentencia. Y que no se sustancia con las medidas contra ANV, pues queda ahora más en evidencia la responsabilidad de quienes pudieron impedir la entrada de los proetarras en las instituciones mediante una impugnación de todas las candidaturas que presentaron a las municipales, no sólo de una parte. ETA ganó esa batalla, pero necesitó una actuación disparatada del poder político. Lo mismo se puede decir de la operación etarra que llevó al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a estar presente en el Parlamento vasco y que ayer también fue ilegalizado por el Tribunal Supremo.

Todo esto sirve para impulsar la eficacia de la lucha del Estado contra ETA. Pero necesitamos que pague sus culpas el poder político que no actuó cuando debía. Debe pedir perdón. Luego los ciudadanos -si están convenientemente informados, si conocen la verdad sin tapujos, si no se les confunde- dictarán su veredicto. Es lo que resulta de la grave responsabilidad política contraída.