EL JUEZ INVESTIGA AL TESORERO DE CONVERGENCIA

Artículo de Antonio Fernández en la revista “Tiempo” del 25-3-2011

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

 

La imputación del hasta hace dos meses tesorero de Convergència Democrática de Ca­talunya (CDC), Daniel Osácar, en el escándalo del Palau de la Música de Barcelona ha sido un obús en plena línea de flotación del partido que gobierna la Generalitat de Cataluña. El fiscal le acusa de recibir de manos del corrupto Félix Millet más de 4 millones de euros entre 2003 y 2009, aunque uno de los informes en poder del juez eleva esta cifra en 1,8 millones de euros (o sea, seis millones en total), que podría haber cobrado por comisiones. Osácar siem­pre negó que él fuese el Daniel al que se le atribuyen los cobros, pero la agenda del exdirector administrativo del Palau y mano derecha de Millet, Jordi Montull, no deja lugar a dudas. Allí aparece con su nombre y apellido y se le relaciona con cobros de dinero. El escándalo roza la figura del propio presidente catalán, Artur Mas, porque Osácar era su hom­bre de máxima confianza y su secretario personal desde el 2000 al año 2005.

El asunto también amenaza con ero­sionar gravemente al joven Ejecutivo de Artur Mas, que a primeros de abril cumplirá los 100 días de vida. Y ello por dos motivos: primero, porque toda la oposición ya ha pedido explicaciones al presidente catalán, a quien echan en cara la "encarnizada defensa" (en pa­labras del portavoz adjunto del PP, Pere Calbó), que hace de Osácar. Y, por otro lado, porque el secretario del Gobierno, Germá Gordó, deberá comparecer en la Comisión de Justicia del Parlamento para informar sobre la decisión del Consorcio del Palau de echarse atrás en el apoyo a las peticiones del fiscal. "¿Por qué el Consorcio no pide responsabilidades sea a quien sea? ¿Es que no quiere recuperar su dinero?", dice a Tiempo un alto car­go del Palau. Curiosamente, lo primero que hizo Artur Mas cuando entró en la Generalitat fue lograr que el Consorcio del Palau, la entidad donde están repre­sentadas las administraciones públicas, retirase la petición de que se imputase a diversos empresarios y a dos altos car­gos de Convergència, ante la perplejidad tanto de la Fiscalía como del juez. Pero, ¿quién va a pedir la imputación de dos personas amigas y militantes del propio partido?

Obras más importantes.

Ahora el juez ha imputado, junto a Osàcar, a Millet, Montull y a la hija de éste, Gemma, ex directora financiera del Pa­lau, además de al ex director general de Ferrovial, Pedro Buenaventura, y a dos empresarios que podrían haber presta­do empresas pantalla para emitir fac­turas falsas y justificar la detracción de fondos de la institución musical: Enri­que Vidal Puig y Álvaro Palao Llopis. El mecanismo era sencillo: la Generalitat, en manos de CiU, adjudicaba obras pú­blicas a Ferrovial y esta compañía pagaba el 4% de las adjudicaciones a Félix Millet. Éste ingresaba el 0,5% o el 1,5% de esa mordida en las arcas del Palau y el resto lo desviaba a la fundación Trias Fargas, controlada por Convergència. El tesorero del partido siempre ha sido, a la vez, tesorero de la fundación. Por eso el juez ha requerido certificados del Go­bierno de la Generalitat para identificar los procesos de adjudicación de dos de las obras más importantes de las últimas décadas: la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia.

La comparecencia de Gordó fue recha­zada en la comisión de Asuntos Interde­partamentales, porque CiU contó con el apoyo inestimable de su exdirigente Alfons López Tena, exvocal del CGPJ y hoy diputado en las filas de Solidaritat Catalana per la Independència (SI). Ló­pez Tena se encuadra en el Grupo Mixto, pero el representante de este grupo en la Comisión de Justicia pertenece a Ciu­dadanos, formación que tiene previsto alinearse junto a la oposición para pedir explicaciones.

"Es un caso alucinante -explica a Tiempo el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas-. Que la Generalitat de Cataluña presionase al Consorcio para retirar la acusación no se había dado nunca. Es el descaro elevado a la enésima potencia. Y eso que deberíamos estar curados de espantos. Yo recuerdo con especial per­plejidad el día de la investidura de Mas como presidente: Lluís Prenafeta, impu­tado en el caso Pretoria, llegó al Parla­mento como invitado... ¡y fue recibido con aplausos!".