EL TC RECUERDA LO OBVIO

Artículo de Carlos Vidal-Prado en “La Razón” del 13 de septiembre de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

A algunos les cuesta entender que estamos en un Estado de Derecho, en el que las normas jurídicas garantizan la convivencia y dan seguridad a los ciudadanos. No siempre las resoluciones judiciales contribuyen a fortalecer esta idea, pero la sentencia del TC sobre la consulta de Ibarretxe es un ejemplo de buen funcionamiento del sistema de garantías constitucionales. Parece mentira que el TC haya tenido que llegar a esta situación, provocada por la huida hacia delante del Gobierno vasco, que pretendía (como ocurrió con el Plan Ibarretxe) saltarse conscientemente el marco constitucional. Aunque a algunos les resulte molesto, en España está vigente la Constitución de 1978, y para poder llevar a cabo iniciativas que contradigan lo dispuesto en la Carta Magna debe utilizarse el procedimiento adecuado: promover una reforma constitucional.

El TC admite los tres vicios de inconstitucionalidad en que se basaba la impugnación. En primer lugar, las instituciones vascas carecen de competencia para promover lo que, aunque se llame consulta, en realidad es un referéndum, puesto que el art. 149.1.32. CE reserva al Estado la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Además, la iniciativa es formalmente inconstitucional, al no haberse respetado el procedimiento de aprobación, limitando los derechos de los parlamentarios injustificadamente. Por último, es materialmente inconstitucional, al reconocer al pueblo vasco como nuevo sujeto soberano, lo cual no es posible sin previa reforma de la Constitución.

Es reconfortante leer las palabras unánimes del TC que, no por obvias, resultan menos necesarias en coyunturas como la actual. Por encima de las actuaciones de las comunidades y de cualquier órgano del Estado está siempre «la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político». Si se basa en estos mimbres, la decisión sobre el Estatuto catalán podría aportar de nuevo sentido común al debate político.